Nueva frontera agrícola nacional: ¿cuántas hectáreas son y qué cambió?
Este límite especifica el área de suelo rural donde se permiten y promueven actividades agropecuarias, como la agricultura y la ganadería.
La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) actualizó la Frontera Agrícola Nacional, la cual define el límite del suelo rural donde se permiten y promueven actividades agropecuarias, como la agricultura, la ganadería, la acuicultura, la pesca y la silvicultura. La Frontera Agrícola Nacional también identifica áreas restringidas por consideraciones legales, políticas y técnicas, según la Resolución 261 de 2018 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
La entidad estableció un total de 42.944.940 de hectáreas de terreno continental e insular donde se pueden decidir qué y dónde cultivar para acceder a los incentivos, proyectos y programas del Gobierno Nacional.
La actualización de la frontera agrícola implicó varias acciones clave, como la nueva representación de la frontera agrícola y se ajustaron las categorías que la componen. Además, se cambió la denominación de “exclusiones” a “restricciones” y se diferenciaron las restricciones de “bosques naturales y áreas no agropecuarias” en dos categorías:
- Acuerdo cero deforestación
- Restricciones técnicas: áreas no agropecuarias
Otros datos revelan que las áreas condicionadas para la actividad agropecuaria incluyen 10.857.799 hectáreas para el componente ambiental, 6.258.923 hectáreas étnico-culturales y 20.141.450 hectáreas en frontera no condicionada.
También se incluyeron nuevas áreas protegidas, como el Parque Nacional Natural Serranía de Manacacías y la ampliación del Parque Nacional Natural de la Sierra Nevada de Santa Marta.
La actualización incorpora cambios en la representación cromática y diferenciación de categorías, destacando un área condicionada de 22.803.490 hectáreas frente a las 20.141.450 hectáreas del área no condicionada.
¿Por qué es importante definir la frontera agrícola?
Definir la frontera agrícola es crucial por varias razones. Primero, contribuye a la formulación y focalización de la gestión de la política pública del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural.
Segundo, promueve el uso eficiente del suelo rural agropecuario, el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural, y fortalece la productividad y competitividad de las actividades agropecuarias.
Finalmente, ayuda a estabilizar y disminuir la pérdida de ecosistemas de importancia ambiental.
¿Cómo se logró la actualización?
Para la actualización de la Frontera Agrícola, se consideraron varios elementos clave. Se reiteró el Acuerdo Cero Deforestación sectorial, ratificando los compromisos del país en esta materia.
Además, se realizó un análisis detallado de la Frontera Agrícola condicionada, considerando las tipologías ambientales, étnico-culturales y de gestión de riesgo. Se priorizaron los territorios del Caribe insular, el litoral Pacífico y la Amazonía colombiana.
También se incorporó el análisis del ámbito marino costero y anfibio en el proceso de actualización. Se llevó a cabo un análisis integral de los determinantes ambientales y la información proporcionada por diversas entidades y sectores. Asimismo, se desarrollaron espacios de trabajo conjunto con autoridades ambientales, entidades, sectores económicos, institutos de investigación y otros actores estratégicos.
Por último, se cumplió con el punto 1.1.10 del Acuerdo de Paz, que adopta el Plan de Zonificación Ambiental.
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La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) actualizó la Frontera Agrícola Nacional, la cual define el límite del suelo rural donde se permiten y promueven actividades agropecuarias, como la agricultura, la ganadería, la acuicultura, la pesca y la silvicultura. La Frontera Agrícola Nacional también identifica áreas restringidas por consideraciones legales, políticas y técnicas, según la Resolución 261 de 2018 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
La entidad estableció un total de 42.944.940 de hectáreas de terreno continental e insular donde se pueden decidir qué y dónde cultivar para acceder a los incentivos, proyectos y programas del Gobierno Nacional.
La actualización de la frontera agrícola implicó varias acciones clave, como la nueva representación de la frontera agrícola y se ajustaron las categorías que la componen. Además, se cambió la denominación de “exclusiones” a “restricciones” y se diferenciaron las restricciones de “bosques naturales y áreas no agropecuarias” en dos categorías:
- Acuerdo cero deforestación
- Restricciones técnicas: áreas no agropecuarias
Otros datos revelan que las áreas condicionadas para la actividad agropecuaria incluyen 10.857.799 hectáreas para el componente ambiental, 6.258.923 hectáreas étnico-culturales y 20.141.450 hectáreas en frontera no condicionada.
También se incluyeron nuevas áreas protegidas, como el Parque Nacional Natural Serranía de Manacacías y la ampliación del Parque Nacional Natural de la Sierra Nevada de Santa Marta.
La actualización incorpora cambios en la representación cromática y diferenciación de categorías, destacando un área condicionada de 22.803.490 hectáreas frente a las 20.141.450 hectáreas del área no condicionada.
¿Por qué es importante definir la frontera agrícola?
Definir la frontera agrícola es crucial por varias razones. Primero, contribuye a la formulación y focalización de la gestión de la política pública del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural.
Segundo, promueve el uso eficiente del suelo rural agropecuario, el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural, y fortalece la productividad y competitividad de las actividades agropecuarias.
Finalmente, ayuda a estabilizar y disminuir la pérdida de ecosistemas de importancia ambiental.
¿Cómo se logró la actualización?
Para la actualización de la Frontera Agrícola, se consideraron varios elementos clave. Se reiteró el Acuerdo Cero Deforestación sectorial, ratificando los compromisos del país en esta materia.
Además, se realizó un análisis detallado de la Frontera Agrícola condicionada, considerando las tipologías ambientales, étnico-culturales y de gestión de riesgo. Se priorizaron los territorios del Caribe insular, el litoral Pacífico y la Amazonía colombiana.
También se incorporó el análisis del ámbito marino costero y anfibio en el proceso de actualización. Se llevó a cabo un análisis integral de los determinantes ambientales y la información proporcionada por diversas entidades y sectores. Asimismo, se desarrollaron espacios de trabajo conjunto con autoridades ambientales, entidades, sectores económicos, institutos de investigación y otros actores estratégicos.
Por último, se cumplió con el punto 1.1.10 del Acuerdo de Paz, que adopta el Plan de Zonificación Ambiental.
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