Odebrecht y su telaraña de corrupción

En junio de 2011, Luiz Antonio Bueno Júnior, el entonces presidente de Odebrecht Colombia, se vendía como “un buen parcero” del Gobierno. Decía que la compañía que lideraba esperaba participar en concesiones petroleras, mineras, hidroeléctricas y de infraestructura de transporte. La idea era tener relaciones de largo tiempo, advertía. “Llevamos 18 años en el país. Hemos construido la estación de bombeo de petróleo de British Petroleum, lideramos el proyecto del puerto carbonífero de Drummond, la Termoeléctrica de Emcali, la rehabilitación de 223 kilómetros de línea férrea entre La Loma y Santa Marta, la hidroeléctrica Miel I, el gasoducto de Transmetano y las plantas de tratamiento de aguas residuales de Cañaveralejo y Salitre”, contaba.  (Lea: Gobierno cancelará contratos en los que se compruebe corrupción de Odebrecht)

Cruzaba sus brazos como un buen patriarca y los recostaba sobre su pecho. Estaba en lo suyo y hablaba sobre Colombia con propiedad. Con tanta seguridad que parecía tener todo bajo control. “Las reglas del país dan seguridad, tiene marcos jurídicos muy claros. Colombia es muy transparente y legalista, y por ello nosotros tenemos confianza y estamos aquí”. Sí que sabía que las cartas estaban a su favor y no había forma de perder la mano. Ni el juego. Ni la mesa. No había de qué preocuparse. O así, por lo menos, se concluye tras leer el Inditcmen de la Corte del Distrito Este de Nueva York, en donde se detalla la forma en la que la multinacional pagaba sobornos para hacerse a millonarios contratos.

Lo hizo en Angola, en Argentina, en República Dominicana, en Ecuador, en Guatemala, en México, en Mozambique, en Panamá, en Perú, en Venezuela y en Colombia. Sí, la todopoderosa firma, respetada por bancos, aseguradoras, políticos, proveedores, abogados, por todos, ni más ni menos, tenía una unidad corruptora que funcionaba como el cerebro de toda una planeada artimaña. Se llamaba Division of Structured Operations, la unidad o esquema “en el que se pagaron millones de dólares en sobornos durante 15 años, cometidos por ejecutivos de alto nivel de la compañía”. Una práctica tan lesiva, que se calcula que “la ganancia pecuniaria que viene del delito es de US$3.336 millones”.

Y de Colombia, en detalle se lee: “entre 2009 y 2011 Odebrecth habría pagado más de US$11 millones en pagos corruptos con el fin de garantizar la obtención de contratos de obras públicas. Odebrcht había recibido beneficios de más de US$50 millones como resultado de esos pagos”. Explica que, por ejemplo, en 2009 pagó unos US$6,5 millones a un funcionario de gobierno por hacerse con un contrato.

Odebrecht construyó en Bogotá, a finales de los 90, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Salitre, cuyo trabajo tiene cobertura en el noroccidente de la ciudad. Desde 2015 integró un consorcio que pujó por el contrato para ampliarla, que asciende a US$480 millones, pero perdió contra la alianza entre una empresa griega, una española y una colombiana. En medio de ese proceso la firma brasileña, que ya estaba inmersa en escándalos de corrupción, denunció presuntas irregularidades que aparentemente beneficiaban a sus competidores.

En 2009 se ganó, junto con el grupo Solarte, el contrato para construir el túnel interceptor entre el río Tunjuelo y la futura Planta de Tratamiento Canoas (en Soacha), que permitiría evitar que las aguas residuales del sur vayan al río Bogotá. Esa obra está suspendida desde 2012 por un conflicto legal entre los contratistas y el de la Empresa de Acueducto, entidad que ponía la plata. Las tuneladoras siguen bajo tierra. Y todo esto justo durante la administración de Samuel Moreno en Bogotá, que gobernó entre 2008 y 2011.

Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI y director encargado de Cormagdalena, habló con El Espectador sobre los dos grandes contratos vigentes que tiene Odebrecht en Colombia. La recuperación de la navegabilidad del río Magdalena y la Ruta del Sol Tramo 2. Del primero, dice, “Tengo que ver este caso en detalle con los abogados para poder saber qué procede”. Se refiere a que si el banco Sumitomo le retira el apoyo financiero a Odebrecht, habría que caducar el contrato.

Y del segundo, Ruta del Sol Tramo 2, “ellos no están en el cronograma, entonces nosotros iniciamos proceso de multas por incumplimiento y ellos demandaron. Le pidieron a un tribunal de arbitramento que estableciera si realmente los atrasos eran por culpa de ellos o por culpa de externos. Si los atrasos eran por causas externas, pues reclaman $700.000 millones. El Tribunal, con una medida cautelar, nos dijo: tienen que parar los procesos de sanciones hasta que nosotros tomemos una decisión. Entonces hasta que se tome una decisión por parte de los árbitros, nosotros no podemos sancionar. Estamos a la espera de que decidan”. Y recalcó que en la obra van colgados. “Por ejemplo este año nos habían dicho que nos entregaban 80 kilómetros y no creo que lo hagan porque están muy apretados con el capital de trabajo”.

Y mientras se va descubriendo toda esta maraña de corrupción, y se hizo pública la sanción por más de US$2.600 millones que le impusieron a la multinacional, se supo que ya han despedido a 51 altos ejecutivos y sancionaron a otros 26. En Colombia, el CTI inspeccionó las oficinas de Cormagdalena buscando documentos y archivos para la investigación. Determinantes, claro, porque de encontrar quién recibió ese dinero y por qué contratos, Colombia podría inhabilitar a la multinacional y de esa forma despedirla del país. Sería el mensaje que el país espera si se tiene en cuenta que el mayor flagelo que vive el país es la corrupción. Y esta es de muy alto nivel.

* Con colaboración periodística de Diana Durán, editora judicial.

En junio de 2011, Luiz Antonio Bueno Júnior, el entonces presidente de Odebrecht Colombia, se vendía como “un buen parcero” del Gobierno. Decía que la compañía que lideraba esperaba participar en concesiones petroleras, mineras, hidroeléctricas y de infraestructura de transporte. La idea era tener relaciones de largo tiempo, advertía. “Llevamos 18 años en el país. Hemos construido la estación de bombeo de petróleo de British Petroleum, lideramos el proyecto del puerto carbonífero de Drummond, la Termoeléctrica de Emcali, la rehabilitación de 223 kilómetros de línea férrea entre La Loma y Santa Marta, la hidroeléctrica Miel I, el gasoducto de Transmetano y las plantas de tratamiento de aguas residuales de Cañaveralejo y Salitre”, contaba.  (Lea: Gobierno cancelará contratos en los que se compruebe corrupción de Odebrecht)

Cruzaba sus brazos como un buen patriarca y los recostaba sobre su pecho. Estaba en lo suyo y hablaba sobre Colombia con propiedad. Con tanta seguridad que parecía tener todo bajo control. “Las reglas del país dan seguridad, tiene marcos jurídicos muy claros. Colombia es muy transparente y legalista, y por ello nosotros tenemos confianza y estamos aquí”. Sí que sabía que las cartas estaban a su favor y no había forma de perder la mano. Ni el juego. Ni la mesa. No había de qué preocuparse. O así, por lo menos, se concluye tras leer el Inditcmen de la Corte del Distrito Este de Nueva York, en donde se detalla la forma en la que la multinacional pagaba sobornos para hacerse a millonarios contratos.

Lo hizo en Angola, en Argentina, en República Dominicana, en Ecuador, en Guatemala, en México, en Mozambique, en Panamá, en Perú, en Venezuela y en Colombia. Sí, la todopoderosa firma, respetada por bancos, aseguradoras, políticos, proveedores, abogados, por todos, ni más ni menos, tenía una unidad corruptora que funcionaba como el cerebro de toda una planeada artimaña. Se llamaba Division of Structured Operations, la unidad o esquema “en el que se pagaron millones de dólares en sobornos durante 15 años, cometidos por ejecutivos de alto nivel de la compañía”. Una práctica tan lesiva, que se calcula que “la ganancia pecuniaria que viene del delito es de US$3.336 millones”.

Y de Colombia, en detalle se lee: “entre 2009 y 2011 Odebrecth habría pagado más de US$11 millones en pagos corruptos con el fin de garantizar la obtención de contratos de obras públicas. Odebrcht había recibido beneficios de más de US$50 millones como resultado de esos pagos”. Explica que, por ejemplo, en 2009 pagó unos US$6,5 millones a un funcionario de gobierno por hacerse con un contrato.

Odebrecht construyó en Bogotá, a finales de los 90, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Salitre, cuyo trabajo tiene cobertura en el noroccidente de la ciudad. Desde 2015 integró un consorcio que pujó por el contrato para ampliarla, que asciende a US$480 millones, pero perdió contra la alianza entre una empresa griega, una española y una colombiana. En medio de ese proceso la firma brasileña, que ya estaba inmersa en escándalos de corrupción, denunció presuntas irregularidades que aparentemente beneficiaban a sus competidores.

En 2009 se ganó, junto con el grupo Solarte, el contrato para construir el túnel interceptor entre el río Tunjuelo y la futura Planta de Tratamiento Canoas (en Soacha), que permitiría evitar que las aguas residuales del sur vayan al río Bogotá. Esa obra está suspendida desde 2012 por un conflicto legal entre los contratistas y el de la Empresa de Acueducto, entidad que ponía la plata. Las tuneladoras siguen bajo tierra. Y todo esto justo durante la administración de Samuel Moreno en Bogotá, que gobernó entre 2008 y 2011.

Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI y director encargado de Cormagdalena, habló con El Espectador sobre los dos grandes contratos vigentes que tiene Odebrecht en Colombia. La recuperación de la navegabilidad del río Magdalena y la Ruta del Sol Tramo 2. Del primero, dice, “Tengo que ver este caso en detalle con los abogados para poder saber qué procede”. Se refiere a que si el banco Sumitomo le retira el apoyo financiero a Odebrecht, habría que caducar el contrato.

Y del segundo, Ruta del Sol Tramo 2, “ellos no están en el cronograma, entonces nosotros iniciamos proceso de multas por incumplimiento y ellos demandaron. Le pidieron a un tribunal de arbitramento que estableciera si realmente los atrasos eran por culpa de ellos o por culpa de externos. Si los atrasos eran por causas externas, pues reclaman $700.000 millones. El Tribunal, con una medida cautelar, nos dijo: tienen que parar los procesos de sanciones hasta que nosotros tomemos una decisión. Entonces hasta que se tome una decisión por parte de los árbitros, nosotros no podemos sancionar. Estamos a la espera de que decidan”. Y recalcó que en la obra van colgados. “Por ejemplo este año nos habían dicho que nos entregaban 80 kilómetros y no creo que lo hagan porque están muy apretados con el capital de trabajo”.

Y mientras se va descubriendo toda esta maraña de corrupción, y se hizo pública la sanción por más de US$2.600 millones que le impusieron a la multinacional, se supo que ya han despedido a 51 altos ejecutivos y sancionaron a otros 26. En Colombia, el CTI inspeccionó las oficinas de Cormagdalena buscando documentos y archivos para la investigación. Determinantes, claro, porque de encontrar quién recibió ese dinero y por qué contratos, Colombia podría inhabilitar a la multinacional y de esa forma despedirla del país. Sería el mensaje que el país espera si se tiene en cuenta que el mayor flagelo que vive el país es la corrupción. Y esta es de muy alto nivel.

* Con colaboración periodística de Diana Durán, editora judicial.