Opinión: Del caso de Elite y otros demonios

Sin duda alguna, la defraudación mediante captaciones ilegales a través de pirámides o la ausencia de contraprestación de bienes o servicios, o aun existiendo tal contraprestación, sin que cuente con explicación financiera razonable, atenta contra el patrimonio de los particulares y el orden público económico de manera grave. Son además conductas que se repiten en el tiempo, una y otra vez.

Juan Pablo Liévano*
16 de junio de 2019 - 02:00 p. m.
"Respecto al esquema denominado “mandala” o “telar de los sueños”, esta Entidad recibió el expediente de la Superintendencia Financiera y se aprestará a realizar los análisis correspondientes para adoptar las decisiones a que haya lugar", dice el superintendente de Sociedades.  / Archivo
"Respecto al esquema denominado “mandala” o “telar de los sueños”, esta Entidad recibió el expediente de la Superintendencia Financiera y se aprestará a realizar los análisis correspondientes para adoptar las decisiones a que haya lugar", dice el superintendente de Sociedades. / Archivo
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La naturaleza humana, que incluye valores como la solidaridad y la empatía, también incluye perversiones o antivalores, como el aprovechamiento ilícito y el engaño, que se magnifican por la buena fe y a veces ingenuidad de las personas. Frente a estas conductas, en primer lugar, como ciudadano, debo expresar mis más profundos sentimientos de rechazo por los ardides y burlas masivas realizadas por personas inescrupulosas y manifestar mi solidaridad por aquellos que pierden sus ahorros, muchos de ellos mujeres cabeza de familia y personas de la tercera edad.

En segundo lugar, como superintendente, debo indicar que daré estricta aplicación al Decreto Ley 4334 de 2008, que enmarca la intervención estatal en este tipo de artimañas, a efectos de recuperar y devolver los dineros invertidos en captación o recaudos no autorizados, en ejercicio de una actividad financiera no autorizada y en abuso del derecho y fraude a la ley. Actualmente, en la Superintendencia, se encuentra un proceso de especial interés para la comunidad y los afectados, que se inició hace un tiempo y aún no ha podido concluirse: Elite International.

El esquema funcionaba mediante los préstamos que hacían cooperativas o empresas originadoras de créditos a empleados de diferentes compañías e instituciones. La garantía y fuente de pago sobre dichos préstamos no era más que el compromiso con el empleador (pagaduría) y la autorización de descuento por parte de los empleados. Adicionalmente, las originadoras vendían los pagarés a Elite (caso que agrupa a Vesting Group, ABC for Winners y Optimal Libranzas, entre otros) y ésta a su vez supuestamente “vendía” los pagarés a terceros inversionistas. Hasta acá “todo bien, todo bien”, a lo Valderrama.

El asunto se complica y empieza a ser captación ilegal cuando el negocio, “al ser tan bueno”, resulta en la recepción de dineros que sobrepasaban el patrimonio de la sociedad, el pasivo estaba compuesto por más de 50 obligaciones en las que no existía como contraprestación el suministro de bienes o servicios, los créditos en virtud de los cuales se expidieron los pagarés vendidos no generaban flujos por cuanto los suscriptores de los mismos no se encontraban vinculados a la pagaduría, o no se les hacían los descuentos respectivos; además los flujos mensuales ofrecidos a los inversionistas no guardaban relación con los descuentos efectuados por las pagadurías, cuando las había. En conclusión, se trataba de operaciones que ofrecían rentabilidad sin contar con razonabilidad financiera que la justificara. Así, solamente si se dan los supuestos del Decreto Ley 4334 sobre hechos objetivos o notorios de recaudos no autorizados, se puede realizar la intervención por parte de la Superintendencia.

El resultado de estas estratagemas no pudo ser más fatídico. Los inversionistas afectados fueron un total de 6.048, por un valor aproximado de $440.000 millones, de los cuales a la fecha se han recuperado y devuelto $48.625 millones. Se tiene además un total de activos de valor aproximado de $10.812 millones pendientes por adjudicar o vender y algunos pendientes por aprobación del avaluó (que no incluye la cartera), más un total de aproximadamente $27.388 millones en efectivo, en proceso de entrega. Restaría valorar la cartera y determinar otros costos y gastos del proceso, aun cuando la liquidadora indica que esta podría ascender, sin ser esto seguro, hasta la suma de $100.000 millones. Así las cosas, el total de dineros con expectativa de recuperación y entrega podría llegar a ser de $186.825 millones. Esto equivaldría, a la fecha, al 42,4 %. Cabe aclarar que a hoy existe un total de 37 intervenidos y otras investigaciones por parte de la Delegatura para Inspección, Vigilancia y Control con el fin de intervenir otros tantos, decisiones de intervención o desintervención que, en últimas, serán del resorte exclusivo de la Delegatura de Insolvencia o juez para el caso, en el evento que se den los presupuestos de ley, lo cual permitiría realizar recaudos adicionales. 

También existen algunos bienes contingentes que podrán entrar a la masa, una vez se resuelvan procesos de desafectación de patrimonio de familia o se decidan las correspondientes acciones revocatorias. Cabe aclarar que, en procura de la trasparencia e información a los afectados, además del acceso al expediente, a la liquidadora y a la información brindada en la página oficial de la intervención, este despacho se ha reunido con abogados y representantes de los afectados con el propósito de oírlos, contarles los avances e informales lo importante que es para la Superintendencia la devolución de los recursos a los afectados, todo ello dentro del marco legal, las competencias asignadas a la Entidad y garantizando los derechos de los terceros de buena fe. La Superintendencia además hará reuniones periódicas de seguimiento.

Finalmente, en este momento, la Superintendencia se encuentra trabajando en otros procesos, lo que llamo “otros demonios”, como Plataforma Universal, Suma Activos, Estraval, entre otros. También es importante informar a la comunidad que no todos los fraudes o estafas pueden ser catalogados como captaciones ilegales a través de pirámides o la ausencia de contraprestación de bienes o servicios o, aun cuando exista tal contraprestación, no cuente con explicación financiera razonable, bajo los supuestos de ley, para ser sujetos de una medida de intervención. La Superintendencia no puede “estirar” la interpretación legal para intervenir operaciones mercantiles que no se enmarcan dentro de los supuestos legales. Igualmente, respecto al esquema denominado “mandala” o “telar de los sueños”, esta Entidad recibió el expediente de la Superintendencia Financiera y se aprestará a realizar los análisis correspondientes para adoptar las decisiones a que haya lugar.

No queda más que decir que la ambición siempre rompe el saco, al igual que la mala administración o la ejecución de actividades ilegales o que abusan del derecho o en fraude a la ley.

Tercio extra: La Superintendencia hará una gran campaña este año para sensibilizar a los ciudadanos sobre este tipo de actividades ilegales, bajo el entendido de que “no hay almuerzos gratis” y “si algo no te cuadra, ponte pilas, te van a tumbar”, a efectos de que los ciudadanos sean más conscientes, se informen y no se dejen atraer por cantos de sirena que anuncian ollas de oro al final del arcoíris.      

*Superintendente de Sociedades

Por Juan Pablo Liévano*

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