Oposición radicó ponencia de archivo para la reforma pensional
Los representantes Betsy Pérez y Juan Felipe Corzo presentaron una ponencia para archivar la iniciativa que llega a su cuarto y último debate. El discusión, se espera, empezaría la próxima semana.
Los congresistas Betsy Pérez, del partido Cambio Radical (CR), y Juan Felipe Corzo, del partido Centro Democrático (CD), presentaron una ponencia negativa para archivar la iniciativa que llega a su cuarto y último debate. El Gobierno, que ya radicó la ponencia para el último debate, tendrá hasta el próximo 20 de junio para aprobar la reforma.
La ponencia de los representantes de la oposición pretende archivar la reforma pensional debido a la falta de estudio en el impacto fiscal, específicamente con lo relacionado a las prestaciones contempladas en cada uno de los pilares del sistema.
Según los congresistas y ponentes, el objetivo sería evaluar si los costos de implementación se equilibran con los beneficios esperados, es decir, si se garantiza la equidad, superación de pobreza y desigualdad en los ingresos de la población.
Pérez y Corzo argumentan que el Gobierno no ha acogido la preocupación del impacto en los debates de la reforma, ni en el texto definitivo aprobado. Esto, aseguran, comprometería las finanzas públicas, la estabilidad macroeconómica y la carga impositiva a las futuras generaciones.
De acuerdo con las estimaciones presentadas, la reforma aumentaría el gasto en 95 % del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que sin reforma se mantendría en 32 %.
La representante del Partido Alianza Verde, Martha Alfonso, coordinadora ponente de la reforma en la Cámara, dijo que la ponencia en el cuarto debate trae pocos cambios. Sin embargo, respecto al aval fiscal, apuntó que llegaría la próxima semana por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Este sería un documento más sólido con cálculos ajustados con el último articulado.
La meta sería lograr la aprobación a más tardar el 14 de junio, dijo Alfonso.
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Según los congresistas y ponentes, el objetivo sería evaluar si los costos de implementación se equilibran con los beneficios esperados, es decir, si se garantiza la equidad, superación de pobreza y desigualdad en los ingresos de la población.
Pérez y Corzo argumentan que el Gobierno no ha acogido la preocupación del impacto en los debates de la reforma, ni en el texto definitivo aprobado. Esto, aseguran, comprometería las finanzas públicas, la estabilidad macroeconómica y la carga impositiva a las futuras generaciones.
De acuerdo con las estimaciones presentadas, la reforma aumentaría el gasto en 95 % del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que sin reforma se mantendría en 32 %.
La representante del Partido Alianza Verde, Martha Alfonso, coordinadora ponente de la reforma en la Cámara, dijo que la ponencia en el cuarto debate trae pocos cambios. Sin embargo, respecto al aval fiscal, apuntó que llegaría la próxima semana por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Este sería un documento más sólido con cálculos ajustados con el último articulado.
La meta sería lograr la aprobación a más tardar el 14 de junio, dijo Alfonso.
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