En medio de los señalamientos al Gobierno Nacional por bajo ritmo de ejecución presupuestal respecto al promedio de los últimos cuatro años, la Contraloría General de la Nación informó este jueves sobre los resultados de una auditoría a los estados financieros de Prosperidad Social.
El órgano de control fiscal analizó los estados financieros al 31 de diciembre de Prosperidad Social y encontró que, de los $9,8 billones asignados a esta entidad en 2023 para 18 proyectos de inversión, solo se ejecutó un 85 %.
“Se presentó una pérdida de apropiación en la vigencia auditada de $1.459.369.495.179, correspondiente a 15 proyectos de inversión”, indicó la Contraloría a través de un comunicado.
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Así mismo, la Contraloría encontró 21 hallazgos administrativos en los estados financieros de Prosperidad Social, de los cuales 17 “tienen presunta incidencia disciplinaria” y 10 con incidencia fiscal por un monto de $108.869.283.650.
Adicionalmente, se solicitaron 2 aperturas de Indagación Preliminar por $46.717.108.000.
Las razones de la Contraloría
Las indagaciones de órgano de control fiscal determinaron que, en la vigencia 2023, la baja ejecución en los programas de inversión de Prosperidad Social estuvo relacionada con “debilidades de aprobación de vigencias futuras”.
Otras razones, según la Contraloría, fueron la ampliación de cronogramas para la revisión y aprobación de las fichas técnicas, demoras en la investigación de mercados y análisis del sector, y de igual forma en los estudios previos y publicación de procesos contractuales, entre otras.
La baja ejecución del presupuesto de Prosperidad Social en 2023 afectó a la población vulnerable del país. La CGR halló posibles irregularidades por $108.869 millones.
— Contraloría General (@CGR_Colombia) August 8, 2024
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Los pagos a beneficiarios fallecidos
La Contraloría señaló que en Prosperidad Social los pagos a beneficiarios fallecidos continúan y que esto se debe a fallas en el Grupo Interno de Trabajo Antifraudes.
Puntualmente, el órgano de control fiscal halló problemas en la depuración de bases de datos, un proceso que, si bien se hace antes, durante y después de cada ciclo de pago de cada programa, “esta labor no está siendo efectiva”, manifestó.
En la misma línea, la Contraloría puso de manifiesto que en los programas sociales continúan beneficiarios que no cumplen con las condiciones establecidas y “cobran los incentivos sin tener derecho a ello”.
Por ejemplo, el ente de control halló beneficiarios de programas sociales que han declarado renta ante la DIAN, trámite que solo realizan individuos cuyos ingresos anuales superan los $50 millones (unos $4 millones mensuales aproximadamente), por lo que no son una población vulnerable, sin embargo, reciben incentivos que están dirigidos a los hogares más pobres del país.
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La baja ejecución del Gobierno
El rezago presupuestal a cierre de 2023 ascendió a $35,9 billones (2,1 % del PIB). De este monto, se han obligado $25,1 billones, según un reciente informe de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional.
“La contratación va a una velocidad importante, aunque la ejecución sigue rezagada con respecto al promedio de los últimos cuatro años”, aseguró Jairo Bautista, director de Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
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