Panorama de los “elefantes blancos” en Colombia
En el país hay 1.047 “elefantes blancos” y 680 proyectos críticos. Alexandra Rodríguez Vela, contralora delegada para la Participación Ciudadana, habla de las 10 obras inconclusas más costosas, la estrategia Compromiso Colombia, la falta de planeación y lo que preocupa del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Los “elefantes blancos” (obras de infraestructura inconclusas) son una especie común en todos los departamentos del país. Según cifras de la Contraloría, hay 1.047 proyectos por $6,8 billones que entran en esta categoría. Bibliotecas públicas, hospitales, vías, acueductos e incluso cárceles están en la lista. Además, el órgano de control ha identificado 680 proyectos por $7,9 billones en estado crítico; es decir, los que también se podrían convertir en “elefantes blancos”.
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Los “elefantes blancos” (obras de infraestructura inconclusas) son una especie común en todos los departamentos del país. Según cifras de la Contraloría, hay 1.047 proyectos por $6,8 billones que entran en esta categoría. Bibliotecas públicas, hospitales, vías, acueductos e incluso cárceles están en la lista. Además, el órgano de control ha identificado 680 proyectos por $7,9 billones en estado crítico; es decir, los que también se podrían convertir en “elefantes blancos”.
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En esta entrevista, Alexandra Rodríguez Vela, contralora delegada para la Participación Ciudadana, explica qué está haciendo el órgano de control para intentar destrabar estos proyectos y que no se pierdan los recursos públicos, y habla de los proyectos más costosos y el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
¿Cuál es el panorama nacional de “elefantes blancos” y proyectos críticos?
Desde 2018 empezamos un diagnóstico nacional de estos proyectos. De acuerdo con la Ley 2020 de 2020, las administraciones están en la obligación de reportar todos los proyectos catalogados de “elefantes blancos” u obras inconclusas. El registro lo lleva la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), pero desde la oficina de Participación Ciudadana nos alimentamos de esa información y tenemos otra base de datos, pues nosotros también salimos a buscar los proyectos.
Teníamos un diagnóstico de 2.178 proyectos, por una cuantía de $20,4 billones. De esta cifra, 451 proyectos ya fueron entregados, en algunos casos con el acompañamiento de la Contraloría en el marco de la estrategia Compromiso Colombia. Actualmente, tenemos 1.047 “elefantes blancos” u obras inconclusas por $6,8 billones y 680 proyectos críticos por $7,9 billones.
Los “elefantes blancos” son los proyectos que están muertos contractualmente, obras que están abandonadas, mientras que los proyectos críticos son los que han presentado problemas, suspensiones, prórrogas, que no cumplieron los tiempos establecidos y, por ende, tienen un alto riesgo de convertirse en “elefantes blancos”.
¿Cuáles son los proyectos de mayor cuantía?
Tenemos un top 10 de los proyectos más costosos: el primero está en Distracción (La Guajira). Se trata de la construcción de la represa del embalse multipropósito río Ranchería, a cargo de la Agencia de Desarrollo Rural. Desde la Contraloría hicimos una visita, el proyecto ya fue auditado, pero no arrojó hallazgos porque sí se ejecutó. La agencia tiene toda la intención de terminarlo y en este momento están en la actualización de estudios y diseños. En la primera fase el proyecto está operando, prestando servicio, pero sigue siendo un “elefante blanco” porque hacen falta dos fases.
En segundo lugar está el distrito de riego Triángulo del sur del Tolima, en Coyaima. El proyecto tiene procesos de responsabilidad fiscal y desde la oficina de Participación Ciudadana le estamos haciendo seguimiento para identificar si esta obra se puede entregar a la comunidad o no. En tercer lugar está la variante San Francisco-Mocoa, un proyecto en auditoría, que tiene dos contratos y un proceso de responsabilidad fiscal por el primer contrato.
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¿Cuáles de los 10 proyectos son insalvables?
El distrito de riego de Tesalia (Huila) se encuentra en proceso de responsabilidad fiscal y está en la lista de insalvables. Básicamente, es inviable porque se necesita una inversión incluso mayor de la que ya se ha hecho para poder terminar.
En Floridablanca, Santander, encontramos el portal de Metrolínea Papi Quiero Piña, un proyecto que ha dado mucho de qué hablar y ya tiene un proceso de responsabilidad fiscal. El portal hace parte del sistema de transporte, pero no se contrató, no avanzó ni hay voluntad de la administración de terminar este proyecto. En la visita del contralor, Carlos Hernán Rodríguez, pudimos identificar que el transporte en Santander es crítico, hay otros portales que están comprometidos y en un alto riesgo de convertirse en “elefantes blancos”, por ejemplo, el Portal del Norte y el Portal de Girón.
También está la cárcel de Yarumal, en Antioquia. Allí se compró un terreno, pero la edificación no cumplía con los requisitos para hacer el centro penitenciario. Lo tuvimos en Compromiso Colombia, pero lo retiramos porque definitivamente no hay viabilidad.
¿Por qué hay tantos “elefantes blancos” o proyectos críticos en Colombia?
La planeación es clave. Por ejemplo, el Centro Vida de Acción Integral para las personas mayores del municipio de Florencia es un “elefante blanco” que empezamos a intervenir con la ciudadanía, finalmente los actores lograron retomar la obra desde marzo de este año, pero ahora tenemos otro problema y es que en el proyecto no se presupuestó la electrificación.
En el caso del muelle fluvial de Leticia, que está en la lista de proyectos críticos, el avance físico es del 10 % y el avance financiero del 50 %, pero la obra se frenó por problemas de estudios y diseños; ahora tuvieron que volver a hacerlos porque como estaba planteado no se podía ejecutar. Es un problema de planeación.
¿Cómo se articula la delegada para la Participación Ciudadana con la delegada de Infraestructura?
Desde Participación Ciudadana acompañamos a la ciudadanía que, en su ejercicio de democracia participativa y control social, hace seguimiento a los proyectos y pide resultados al ente de control. Internamente, nos articulamos con la delegada de Infraestructura, Vivienda y Educación que tiene los conocimientos técnicos.
¿Cómo funciona la estrategia Compromiso Colombia?
En la estrategia Compromiso por Colombia hay 1.487 proyectos activos por $9,7 billones. En este proceso, con apoyo de la ciudadanía, sentamos en una mesa de trabajo a todos los actores (contratista, interventor, entidad ejecutora), evidenciamos los problemas y buscamos que estas personas lleguen a acuerdos.
En este acompañamiento medimos la intención de las administraciones; si no hay voluntad de avanzar, se genera un insumo para las delegadas sectoriales competentes y, si no se puede hacer nada, luego pasa a control fiscal. Vale recordar que, según la Ley 2020, solo hay dos alternativas para los proyectos que son “elefantes blancos” u obras inconclusas: se terminan o se demuelen. Pronto relanzaremos la estrategia Compromiso Colombia. El objetivo es crear mesas de alto nivel involucrando a las autoridades nacionales y a las veedurías para que las administraciones tomen decisiones con respecto a estas obras y no se conviertan en monumentos a la corrupción y focos de inseguridad.
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¿Cómo va el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el país?
Hemos hecho llamados a las 97 entidades territoriales certificadas para que tengan en cuenta los principios de planeación en la contratación del programa. En este momento hay cerca de 220.000 estudiantes de las poblaciones más vulnerables afectados por la falta de prestación del servicio.
¿Cuáles son las entidades territoriales que no están prestando el servicio?
En el último llamado de la Contraloría advertimos que tres entidades territoriales certificadas estaban en riesgo de quedarse sin contrato para el PAE y, efectivamente, ocurrió. Sincelejo, Vichada y Girón suspendieron la operación, afectando a 70.000 niños y adolescentes.
En Yopal no se ha prestado servicio ni un solo día después del inicio del calendario escolar, dejando sin alimentación a unos 15.000 estudiantes. Y está el caso de Magdalena que es crítico: el 21 de marzo suspendieron la prestación del servicio y están afectando 138.621 niños. Además, 3.648 estudiantes de las instituciones educativas ubicadas en el casco urbano de Mitú (Vaupés) están afectados porque no fueron priorizados en el programa y no están recibiendo el PAE.
Este es el panorama, volvemos a hacer un llamado a estas entidades para que subsanen sus problemas en materia de contratación y tengan en cuenta los principios de planeación para no afectar a niños, pues para muchos esta es la única alimentación que reciben al día.
¿Qué hace la Contraloría en estos casos?
Hacemos un llamado a las entidades territoriales certificadas, trabajamos con el Ministerio de Educación y esto se convierte en un insumo para el ejercicio auditor que realiza la delegada de Educación.
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