El encuentro entre transportadores y el Gobierno se mantuvo activo, con reclamos y quejas de los gremios y asociaciones por el alza del precio del diésel en $1.904, mientras que la posición del Ejecutivo fue más bien de escucha. La reunión, liderada por la ministra de Transporte, María Constanza García, contó con la participación de los jefes de las carteras de Hacienda y Energía, y la Defensoría del Pueblo.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, afirmó que escucharía las distintas posiciones. Por su parte, la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, señaló que, si bien la protesta ha sido pacífica, se ha afectado la movilidad de niños, niñas, adultos mayores y, en general, personas de especial protección constitucional. Así que solicitó la garantía de los transportadores para permitir el paso.
Darío Londoño, representante del servicio especial de transporte, afirmó que el paro continuará de manera indefinida si no se llega a una concertación. Explicó que antes se podía llenar el tanque con $160.000, pero ahora se gastan entre $220.000 y $240.000 semanales. Por lo tanto, solicitó que, en caso de que no se pueda derogar el decreto, se congele hasta que haya un estudio real de cuánto cuesta un galón refinado.
Los gremios y asociaciones señalaron que “hay miles de toneladas represadas en el Llano por cuenta del paro” que podrán perderse si continúa estancado el diálogo. Según los transportadores, la única manera de frenar el paro es con la derogación del decreto. Y agregaron que, al ser un país productor y ser “dueños” de Ecopetrol por mayoría accionista, no se debe tomar una “decisión arbitraria”.
Horacio Cubides, miembro de la Asociación Nacional de Transportadores, señaló que el alza del combustible debe ser evaluada mediante un estudio, ya que todo subirá en tres semestres. “El alza del combustible es perjudicial para todos”, aseguró.
Y señaló que las empresas transportadoras tendrán que asumir un flete más alto, mientras que “muchas empresas solamente nos van a subir lo que sube el ACPM”. Esto llevaría a un aumento en el salario mínimo, lo que impactaría en los estratos 1, 2 y 3.
El representante del grupo de volquetas en el Norte de Bogotá, Wilson Pulido, cuestionó que la subida fuera en septiembre, a cuatro meses de terminar el año. “¿Qué vamos a decir a la familia?”, preguntó. Según Pulido, sería subir el diésel en enero para que los transportadores tengan plazo para acomodarse al costo de manera gradual.
Por su parte, la ministra de Transporte hizo un llamado para garantizar la movilidad en el norte de la capital. “Es un tema de que entendamos que tienen los otros ciudadanos”, dijo García. “En ningún momento hemos limitado el derecho a la protesta, el derecho a la movilización, pero sí les pedimos, por favor, que eviten este tipo de prácticas que ponen en jaque la movilidad”.
El alcalde del municipio de Ipiales, Amílcar Pantoja, señaló que con el incremento del ACPM, el contrabando de combustible se dispara en la frontera del departamento de Nariño. “La problemática se agudiza teniendo en cuenta el costo del valor del diésel en el lado ecuatoriano”, dijo. “En Tulcán, el valor de diésel cuesta entre $6.700 y $6.900. Esto va a estimular el contrabando”.
Con el ajuste en el precio del ACPM, el costo por galón pasará de $9.456 a $11.360.
Problemáticas del sector transporte, según los gremios
- Inseguridad en las vías y aumento del contrabando.
- Claridad en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
- SICE-TAC.
- Revisión de la reforma de tránsito de 2002.
- Monopolios de las empresas transportadoras.
- Tarifas y fletes acorde a los parámetros de la economía.
- Costos de los peajes.
- Garantías laborales mínimas.
Crítica al ministro de Hacienda
Alejandro Quiroga, representante de la Asamblea Nacional de Transporte, criticó al jefe de la cartera de Hacienda, Ricardo Bonilla. “Cuando usted decía ayer en la alocución que había tenido 13 meses de diálogo, nunca la tuvieron con las bases, con estos líderes”, dijo. “Y cuando uno desconoce la base popular del transporte, representado en los pequeños propietarios y operadores de vehículos, pues tiene este resultado”.
El líder gremial solicitó derogar el decreto y retomar los diálogos con el presidente Gustavo Petro para que las garantías se cumplan. Así se permitiría el cese de actividades, aseguró, lo que llevaría a un acuerdo con el sector transporte.
Erick Suárez, un pequeño transportador independiente, dijo que el afán de sanear las finanzas del Estado ha traído “consecuencias nefastas”. En el caso del sector transporte, apuntó que todo se mueve con los transportadores, ya que Colombia no cuenta con una infraestructura adecuada.
“Entendemos el afán de sanear las finanzas del Estado quitando el subsidio del diésel, pero yo creo que es más conveniente que recalculen la fórmula de cómo nos cobran el diésel a los transportadores”, dijo Suárez.
¿Qué responde el Gobierno?
El presidente Petro mencionó en X que los precios del diésel se mantuvieron estancados desde 2019, “sin tener en cuenta que estos suben y que Ecopetrol, por ley, usa el precio internacional del petróleo para producir el diésel y la gasolina”.
Además, subrayó que en caso de continuar con el subsidio, se congelará también la inversión pública e impactará a Ecopetrol.
“Los grandes empresarios de camiones, dueños de miles de tractomulas, creyeron que el subsidio era un derecho que el pueblo colombiano debe pagarles. Estas empresas desplazan los costos del diésel a los fletes de carga, cosa que no puede hacer el pequeño camionero al que tienen explotado”, comentó Petro.
Por ahora, el Ministerio de Transporte señaló que el Gobierno presentará su contrapropuesta a las 5:00 p.m., ya que se ha limitado a escuchar a los gremios y las asociaciones.
"En aras de mantener un diálogo abierto y propositivo, pedimos a los transportadores permitir paso de ambulancias, carro tanques con oxígeno y buses escolares, a través de corredores humanitarios. Solicitamos esto como un acto de compromiso y trabajo conjunto” @Maria_Constanz_ pic.twitter.com/XtjveaKG7h
— MinTransporte (@MinTransporteCo) September 3, 2024
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