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En los últimos 20 años se ha repetido con orgullo en las facultades de economía del país que las principales conquistas macroeconómicas de Colombia son una inflación muy controlada y el pago cumplido de la deuda, dos cosas que nos han hecho ganar una gran reputación en los mercados financieros.
Este relato, adoptado y replicado en diferentes escenarios, olvida muchas veces las deudas que en materia macroeconómica ha dejado el enfoque tradicional. Hoy, los círculos más beneficiados de este relato suelen estar asociados al 0,1 % de la población que en la peor crisis de la historia desde que existen datos quieren mantener un statu quo con medidas tradicionales.
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Por otro lado, los damnificados de las políticas convencionales son cada vez más difíciles de invisibilizar y se suman de maneras complejas a los reclamos de sectores sociales organizados tradicionales, como sindicatos y movimientos estudiantiles. No es extraño ver en las marchas que comenzaron el 28 de abril jóvenes modelos webcam, trabajadores precarizados de plataformas de transporte y domicilios, jóvenes de barras bravas y, en general, colectivos diversos que acumulan descontentos frente a los escenarios de flexibilidad laboral del siglo XXI.
Mientras la inflación y el pago de la deuda son orgullo, el empleo y la distribución del ingreso y de la riqueza son deudas macroeconómicas, y están estrechamente relacionadas con el profundo descontento social que ha despertado nuevamente, y que ya se vivía desde las movilizaciones de 2019.
Desde este panorama, la semana pasada un grupo diverso de académicos en economía y otras disciplinas hemos circulado una carta abierta que se titula “Por una nueva política macroeconómica en Colombia”. Este texto puede encontrarse fácilmente en las redes, pues su difusión ha creado controversias y espacios de debate en esas mismas redes e incluso clases abiertas con diálogo entre economistas colombianos de distintas corrientes.
Algunos elementos de esta carta recogen las deudas de la política macro y a la vez sugieren propuestas alternativas para pensar en el marco de la crisis social y económica, que no solo es fruto de la pandemia, sino de un acumulado de inconformidades, en el que las nuevas generaciones se llevan la peor parte.
En este sentido, en el terreno distributivo está una de las principales deudas, pues la creciente concentración de la propiedad y la riqueza se ha visto favorecida por una política monetaria obsesionada con la inflación y una política fiscal austera, enceguecida por el mito del déficit y que descuida el tema distributivo. Aunque la variación de precios ha sido muy bien controlada en las últimas dos décadas, el desempleo oficial pocas veces ha estado por debajo de dos dígitos, y eso sin mencionar la calidad del mismo, pues somos un país tremendamente informal, entre otras particularidades. Aún hoy muchos bancos centrales calculan con devoción la tasa de desempleo óptima que no acelera la inflación, conocida como NAIRU, por su sigla en inglés, y surge la pregunta: ¿es ético pensar en una tasa de desempleo óptima? Con una economía deprimida, hoy más que nunca el indicador principal debe ser el pleno empleo.
Al respecto, en la carta mencionada se plantea el trabajo público garantizado como una alternativa de ingresos en medio de esta crisis y que, ante la caída de la demanda efectiva, el único agente con poder estabilizador es, justamente, el Estado con programas de empleo público.
Utilizando datos del DANE se plantea que en una ventana de cuatro años es posible reducir el desempleo a cifras cercanas de alrededor del 5 % con un programa de empleo público garantizado, enfocado en el cuidado de “jefes y jefas de hogar”. Comenzando con aproximadamente 547.997 personas en el programa en el primer año hasta llegar a 2’191.989 en el cuarto año se busca atacar el desempleo con este mecanismo de buffer transitorio. Con un salario inferior al mínimo, de $800.000 mensuales, el costo pasaría del 0,49 % del PIB en el primer año a un gasto del 1,5 % del PIB en el cuarto año, pero con efectos positivos, pues el multiplicador del buffer (efecto de retroalimentación positiva en la economía de los trabajos creados) haría que se tenga un crecimiento del 1,5 % del PIB e ingresos tributarios por cerca del 0,24 % del PIB. Así, los impuestos no se pagan en un primer momento, sino que, más bien, se crean primero los trabajos con gasto público y después se recaudan los tributos. Se trata de entender de otra manera el circuito monetario del flujo ingreso-gasto de los libros de texto.
Volviendo a las deudas macroeconómicas, en el ámbito de las finanzas públicas el discurso de las finanzas sanas, junto con la regla fiscal, han olvidado el rol distributivo de los impuestos y parece que su prioridad es el pago de las obligaciones a los acreedores, por encima de las deudas en derechos sociales y temas ambientales.
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Muchas veces cuando se plantean elementos tributarios progresivos el lobby de los actores financieros en el Legislativo tumba cualquier intento de progresividad en el sistema local. En el fondo, el fallido proyecto de reforma tributaria tocaba levemente el punto distributivo y temas como el impuesto al patrimonio fueron repudiados inmediatamente por los tributaristas que asesoran a los grandes grupos financieros locales.
Si hay un punto en el que la política macroeconómica debe ser más activa, es en el control de las rentas financieras, en las que los márgenes de intermediación bancaria colombianos están entre los más altos del mundo, con actores concentrados oligopólicamente y con gran poder de mercado. Es menester gravar grandes utilidades y dividendos de accionistas y fondos institucionales si se quiere mejorar la distribución del ingreso después de impuestos.
La macroeconomía y sus teorías tradicionales tienen una deuda social con miles de ciudadanos no solo en Colombia, sino en muchos países emergentes, en los que se le ha dado prioridad al pago de la deuda y al control de la inflación por encima del desempleo y del crecimiento con distribución. Aquí es donde se conecta el paro y las demandas de sus promotores con el mundo de la macroeconomía, que aunque parece abstracto y matemático termina teniendo repercusiones en las vidas de millones de personas.
* Profesor de la Escuela de Economía de la U. Nacional de Colombia.