Pensiones millonarias, a revisión
El ente de control adelanta auditorías en Cajanal y el Seguro Social para detectarlas. Informe del Ministerio de Hacienda advierte de sobrecostos al fisco de entre $11,7 billones y $20,1 billones.
Redacción Negocios
Los desbordados privilegios pensionales de los que gozan algunos exservidores públicos que devengan mesadas pensionales superiores a los 25 salarios mínimos ($14’166.000), sin estar cobijados por un régimen especial de transición, llegarán a su fin.
La razón: la Contraloría General de la República adelanta auditorías en Cajanal y el Seguro Social para detectar cuáles son las pensiones millonarias que aún existen pese a que el acto legislativo 1º de 2005 determinó la desaparición, desde julio de 2010, de cerca de 100 regímenes especiales y exceptuados (sin contar el de la fuerza pública y el del presidente de la República, que siguen vigentes).
La contralora delegada para la Gestión Pública, Ligia Borrero, explicó que en máximo tres meses la entidad espera revelar —con el trabajo de un grupo de choque— dónde están localizadas esas pensiones millonarias.
En Colombia, 1,1 millones de personas perciben en conjunto $25 billones al año. “Se ha advertido un abuso de los regímenes especiales que compromete la ampliación de la cobertura y la sostenibilidad fiscal”, dijo la funcionaria.
El tema no es de poca monta. Hace dos meses, el propio presidente Juan Manuel Santos había pedido “ponerles coto” a ese tipo de pensiones al considerarlas “escandalosas”.
Mauricio Olivera, viceministro de Empleo y Pensiones, dijo que a la mayoría de regímenes especiales que fueron eliminados en el gobierno pasado todavía se les cubren sus derechos pensionales. “Hay unos razonables, como los militares y el magisterio”. Aun así, agregó, “las pensiones de la Rama Judicial son las que más se han estudiado”.
Un documento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público advierte que las decisiones judiciales sobre el régimen de transición pensional —creado para los trabajadores que venían vinculados a los antiguos regímenes y tenían algunas condiciones de edad o tiempo de servicio tras la unificación de los regímenes pensionales por la ley 100 de 1993— siguen causando inconvenientes al fisco.
“Las decisiones judiciales que han venido expidiéndose desde los comienzos del nuevo sistema han prolongado la duración del régimen de transición y han extendido sus beneficios, más allá de lo originalmente previsto en la ley 100”, dice el documento, y agrega que estas determinaciones afectan la sostenibilidad en las finanzas del sistema, lo que tiene un costo actuarial que oscila entre $11,7 billones y $20,1 billones (a pesos de 2010) “para la Rama Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República”.
El informe advierte también que si estos beneficios se extienden a todos los servidores públicos del país, “el impacto adicional estimado sería de entre $31,3 billones y $37,1 billones (a pesos de 2010)”.
En opinión del presidente del Grupo Sura, David Bojanini García, no se puede continuar permitiendo que el sistema pensional dé millonarias pensiones a algunos ciudadanos mientras que existen otros que no tienen derecho a una pensión. “Todos sabemos que en Colombia hay ciertos sectores que se privilegian con las pensiones a costa del resto de la población”.
Los desbordados privilegios pensionales de los que gozan algunos exservidores públicos que devengan mesadas pensionales superiores a los 25 salarios mínimos ($14’166.000), sin estar cobijados por un régimen especial de transición, llegarán a su fin.
La razón: la Contraloría General de la República adelanta auditorías en Cajanal y el Seguro Social para detectar cuáles son las pensiones millonarias que aún existen pese a que el acto legislativo 1º de 2005 determinó la desaparición, desde julio de 2010, de cerca de 100 regímenes especiales y exceptuados (sin contar el de la fuerza pública y el del presidente de la República, que siguen vigentes).
La contralora delegada para la Gestión Pública, Ligia Borrero, explicó que en máximo tres meses la entidad espera revelar —con el trabajo de un grupo de choque— dónde están localizadas esas pensiones millonarias.
En Colombia, 1,1 millones de personas perciben en conjunto $25 billones al año. “Se ha advertido un abuso de los regímenes especiales que compromete la ampliación de la cobertura y la sostenibilidad fiscal”, dijo la funcionaria.
El tema no es de poca monta. Hace dos meses, el propio presidente Juan Manuel Santos había pedido “ponerles coto” a ese tipo de pensiones al considerarlas “escandalosas”.
Mauricio Olivera, viceministro de Empleo y Pensiones, dijo que a la mayoría de regímenes especiales que fueron eliminados en el gobierno pasado todavía se les cubren sus derechos pensionales. “Hay unos razonables, como los militares y el magisterio”. Aun así, agregó, “las pensiones de la Rama Judicial son las que más se han estudiado”.
Un documento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público advierte que las decisiones judiciales sobre el régimen de transición pensional —creado para los trabajadores que venían vinculados a los antiguos regímenes y tenían algunas condiciones de edad o tiempo de servicio tras la unificación de los regímenes pensionales por la ley 100 de 1993— siguen causando inconvenientes al fisco.
“Las decisiones judiciales que han venido expidiéndose desde los comienzos del nuevo sistema han prolongado la duración del régimen de transición y han extendido sus beneficios, más allá de lo originalmente previsto en la ley 100”, dice el documento, y agrega que estas determinaciones afectan la sostenibilidad en las finanzas del sistema, lo que tiene un costo actuarial que oscila entre $11,7 billones y $20,1 billones (a pesos de 2010) “para la Rama Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República”.
El informe advierte también que si estos beneficios se extienden a todos los servidores públicos del país, “el impacto adicional estimado sería de entre $31,3 billones y $37,1 billones (a pesos de 2010)”.
En opinión del presidente del Grupo Sura, David Bojanini García, no se puede continuar permitiendo que el sistema pensional dé millonarias pensiones a algunos ciudadanos mientras que existen otros que no tienen derecho a una pensión. “Todos sabemos que en Colombia hay ciertos sectores que se privilegian con las pensiones a costa del resto de la población”.