Pensiones: ¿negocio o derecho?

En 1993 el Estado colombiano, entonces gobernado por César Gaviria, creó una nueva unidad de negocios: las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Estas empresas se quedaron con los cotizantes, pero sin los pensionados.

Ahora que ya les ha tocado comenzar a pagar, se muestran preocupados y promueven eliminar a la competencia. En efecto, en los últimos cinco años el número de pensionados se duplicó, pasando de 111.080, en 2016, a 247.236 personas, en 2021, mientras que los cotizantes lo hacen a menos de la mitad que el crecimiento de los pensionados para el mismo período. El experimento fracasó y ahora toca reformarlo. Encontramos al menos tres aspectos claves a abordar.

1. El ingreso laboral promedio de la población es tan bajo ($1’640.808 mensuales) y la informalidad tan alta (59,1 % por no cotización al Sistema de Seguridad Social en Pensiones), que la mayor parte de quienes cotizan para pensiones, en ambos sistemas, no logran pensionarse. En ambos sistemas porque no alcanzan las semanas. Pero si logra ahorrar 1.150 semanas se pensiona generalmente con un salario mínimo.

En el público se hace gracias al Presupuesto General de la Nación (PGN) y en el privado gracias a un Fondo de Garantía de Pensión Mínima (acumula recursos a 2021 por $33,4 billones), financiado por los mismos cotizantes y, si se acaba, tendría que sustituirse con cargo al PGN. La lógica de que ahorrar individualmente permite tener una pensión falla, porque el rendimiento financiero tendría que ser muy alto para lograrlo o tener mayores ingresos en trabajos más estables, y ninguna de las dos condiciones se ha dado.

Tan solo en términos de rentabilidad desde el inicio de los multifondos (marzo de 2011) a diciembre de 2021, según la Superfinanciera, el acumulado de rentabilidad real es de 3,43 % en el fondo conservador, 4,53 % en el fondo moderado, 4,44 % en el fondo de mayor riesgo y 4,13 % en el fondo de retiro programado. En los últimos doce meses (a 31 de diciembre de 2021) la rentabilidad acumulada de los fondos conservador y de retiro programado fueron de -5,33 % y -2,05 %, respectivamente.

2. El Estado permitió que las personas escogieran “libremente” en qué régimen estar. El público no puede hacer publicidad y el privado utiliza todas las estrategias posibles, incluso ir a universidades a vincular a incautos.

El negocio privado no tiene nada que ver con la necesidad social de garantizar un ingreso digno en la vejez, es un simple negocio montado sobre una operación financiera: te devuelvo lo que ahorraste más los rendimientos financieros, punto.

Pero, por otra parte, se permitió que esos ahorros fueran una importante fuente de apalancamiento de inversión: infraestructura, construcción, otras empresas de seguros y el Estado. Esto es paradójico porque el 33 %, la tercera parte del negocio pensional, consiste en prestarle esos recursos al propio Estado que creó el negocio. Es como una especie de carrusel: yo te entrego el ahorro y tú me lo prestas pagando intereses. Al final, el éxito del negocio de los fondos de pensiones consiste en que al Estado le vaya bien. Resultó que el mejor negocio es invertir en el Estado.

3. El gobierno de Santos y el ministro Cárdenas, el 22 de junio de 2015, a través del Decreto 1385, permitieron que los ahorros de las pensiones pudieran ser invertidos en empresas que hacen parte del mismo grupo empresarial que administra las pensiones. Es decir, que Porvenir invierta en el Grupo Aval y que Protección invierta en el GEA. Esto fue denunciado por el economista José Roberto Acosta como una práctica de autopréstamos. Así, negocios turbios como Odebrecht, Interbolsa y Pacific Rubiales, entre otros, fueron financiados con ahorros pensionales.

Es evidente que el hecho de que solo una cuarta parte de los adultos mayores esté pensionado y que más de la mitad sean pobres obliga a una reforma del sistema. Por el momento, la decisión más sensata es un sistema escalonado en que: i) el Estado garantice un subsidio a la vejez de unos $500.000 mensuales; b) se otorgue una pensión de un salario mínimo o más (se debe estudiar), a quienes cotizaron durante su vida laboral, administrado por Colpensiones, y c) también permitir un sistema privado de ahorro individual voluntario para ingresos mayores. Las AFP no pueden ser la única opción de ahorro para la vejez.

De igual forma, implica un cambio de óptica: para Asofondos, el problema es meramente financiero y se soluciona acabando a la competencia. Para quienes pensamos en el bienestar, tiene que haber una visión de derechos y uno de ellos es el de tener una vida digna en la vejez. Lo que debe estar claro para el próximo Gobierno es que sería una locura dejar el sistema pensional solo en manos de los banqueros.

En 1993 el Estado colombiano, entonces gobernado por César Gaviria, creó una nueva unidad de negocios: las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Estas empresas se quedaron con los cotizantes, pero sin los pensionados.

Ahora que ya les ha tocado comenzar a pagar, se muestran preocupados y promueven eliminar a la competencia. En efecto, en los últimos cinco años el número de pensionados se duplicó, pasando de 111.080, en 2016, a 247.236 personas, en 2021, mientras que los cotizantes lo hacen a menos de la mitad que el crecimiento de los pensionados para el mismo período. El experimento fracasó y ahora toca reformarlo. Encontramos al menos tres aspectos claves a abordar.

1. El ingreso laboral promedio de la población es tan bajo ($1’640.808 mensuales) y la informalidad tan alta (59,1 % por no cotización al Sistema de Seguridad Social en Pensiones), que la mayor parte de quienes cotizan para pensiones, en ambos sistemas, no logran pensionarse. En ambos sistemas porque no alcanzan las semanas. Pero si logra ahorrar 1.150 semanas se pensiona generalmente con un salario mínimo.

En el público se hace gracias al Presupuesto General de la Nación (PGN) y en el privado gracias a un Fondo de Garantía de Pensión Mínima (acumula recursos a 2021 por $33,4 billones), financiado por los mismos cotizantes y, si se acaba, tendría que sustituirse con cargo al PGN. La lógica de que ahorrar individualmente permite tener una pensión falla, porque el rendimiento financiero tendría que ser muy alto para lograrlo o tener mayores ingresos en trabajos más estables, y ninguna de las dos condiciones se ha dado.

Tan solo en términos de rentabilidad desde el inicio de los multifondos (marzo de 2011) a diciembre de 2021, según la Superfinanciera, el acumulado de rentabilidad real es de 3,43 % en el fondo conservador, 4,53 % en el fondo moderado, 4,44 % en el fondo de mayor riesgo y 4,13 % en el fondo de retiro programado. En los últimos doce meses (a 31 de diciembre de 2021) la rentabilidad acumulada de los fondos conservador y de retiro programado fueron de -5,33 % y -2,05 %, respectivamente.

2. El Estado permitió que las personas escogieran “libremente” en qué régimen estar. El público no puede hacer publicidad y el privado utiliza todas las estrategias posibles, incluso ir a universidades a vincular a incautos.

El negocio privado no tiene nada que ver con la necesidad social de garantizar un ingreso digno en la vejez, es un simple negocio montado sobre una operación financiera: te devuelvo lo que ahorraste más los rendimientos financieros, punto.

Pero, por otra parte, se permitió que esos ahorros fueran una importante fuente de apalancamiento de inversión: infraestructura, construcción, otras empresas de seguros y el Estado. Esto es paradójico porque el 33 %, la tercera parte del negocio pensional, consiste en prestarle esos recursos al propio Estado que creó el negocio. Es como una especie de carrusel: yo te entrego el ahorro y tú me lo prestas pagando intereses. Al final, el éxito del negocio de los fondos de pensiones consiste en que al Estado le vaya bien. Resultó que el mejor negocio es invertir en el Estado.

3. El gobierno de Santos y el ministro Cárdenas, el 22 de junio de 2015, a través del Decreto 1385, permitieron que los ahorros de las pensiones pudieran ser invertidos en empresas que hacen parte del mismo grupo empresarial que administra las pensiones. Es decir, que Porvenir invierta en el Grupo Aval y que Protección invierta en el GEA. Esto fue denunciado por el economista José Roberto Acosta como una práctica de autopréstamos. Así, negocios turbios como Odebrecht, Interbolsa y Pacific Rubiales, entre otros, fueron financiados con ahorros pensionales.

Es evidente que el hecho de que solo una cuarta parte de los adultos mayores esté pensionado y que más de la mitad sean pobres obliga a una reforma del sistema. Por el momento, la decisión más sensata es un sistema escalonado en que: i) el Estado garantice un subsidio a la vejez de unos $500.000 mensuales; b) se otorgue una pensión de un salario mínimo o más (se debe estudiar), a quienes cotizaron durante su vida laboral, administrado por Colpensiones, y c) también permitir un sistema privado de ahorro individual voluntario para ingresos mayores. Las AFP no pueden ser la única opción de ahorro para la vejez.

De igual forma, implica un cambio de óptica: para Asofondos, el problema es meramente financiero y se soluciona acabando a la competencia. Para quienes pensamos en el bienestar, tiene que haber una visión de derechos y uno de ellos es el de tener una vida digna en la vejez. Lo que debe estar claro para el próximo Gobierno es que sería una locura dejar el sistema pensional solo en manos de los banqueros.