Pese a regulación, competencia de Uber crece

La reglamentación que el Ministerio de Transporte creó para los taxis de lujo no tiene una semana de expedida y ya son varios los sectores que dan a entender que esas nuevas reglas de juego poco o nada cambian el panorama en el sector. El más reciente mensaje lo dio la multinacional Cabify, de origen español y con presencia en seis países, que anuncia hoy su salida al mercado de usuarios particulares.

Eso, en pocas palabras, es entrar a operar de la misma forma como en parte lo ha venido haciendo la plataforma tecnológica más reconocida y que más polémica ha generado: Uber. Desde este 1º de junio Cabify se lanza con carros de placa blanca, conocidos como de servicio especial, a atender a cualquier usuario que necesite un medio de transporte en un nivel de servicio mayor al de los taxis tradicionales.

La multinacional llegó al país hace cerca de ocho meses y hasta ahora había estado enfocada en el segmento corporativo. Es decir, ha venido prestando sus servicios a empresas que necesitaran movilizar a sus empleados, cumpliendo con las normas que rigen para el servicio especial de pasajeros, es decir, los de placa blanca. Requisitos como, por ejemplo, un extracto de contrato.

Su cofundador, Juan de Antonio, dijo en entrevista con este diario hace un par de semanas que su compañía respeta las normas de cada mercado adonde llega. No obstante, aseguró que la propuesta de taxis de lujo no solucionaba el problema y que considerarían seriamente, al igual que en Chile, salir al mercado particular ante la insuficiente respuesta de los reguladores. Y así fue.

Una de las principales razones para la movida, según Ómar Calvo, director de Cabify para Colombia, es que en el país hay “una gran cantidad de vehículos del servicio público especial que entraron al parque automotor impulsados por la plataforma Uber y que están operando de forma irregular. ¿Por qué no permitirles entrar al servicio de lujo haciendo simplemente una transición que, proponíamos, fuera entre ocho y 12 meses?”.

En otras palabras, para Cabify hay una flota disponible que se puede utilizar para satisfacer al usuario particular, sin aumentar la capacidad transportadora, algo que la resolución del Gobierno permite y deja en manos de las alcaldías. En el segmento corporativo, que ya opera en Bogotá, Cali y Barranquilla, y próximamente Medellín y Cartagena, cuenta con 700 vehículos. El servicio a particulares empezará, estima Calvo, con alrededor de 500 carros dedicados exclusivamente a ese mercado.

Por su parte, Lupoani Sánchez, presidente del gremio del transporte público especial, Acoltés, aseguró que la medida del Gobierno fue “unilateral” y que el Ministerio perdió “una oportunidad histórica” para regular la materia. La resolución, según él, “deja por fuera el servicio de transporte especial en vehículos ejecutivos. Nosotros nacimos como servicio ejecutivo y nos dejan por fuera”.

Más aun, prevé una sobreoferta debido a que, además de los vehículos de placa blanca que ya prestan servicios ejecutivos y turísticos, “vamos a ver taxis negros (de lujo) en hoteles, restaurantes y parques, porque la resolución no establece control sobre cómo se matricularán ni cuántos vehículos se darán por ciudad”. También opina que “conductores que de manera individual prestan su servicio a plataformas como Uber o Cabify siguen siendo ilegales porque se los dejó por fuera”.

Tanto expertos como empresarios han asegurado durante todo el proceso de reglamentación que la medida se hizo para favorecer al gremio de taxistas, pues obtener un taxi de lujo es posible si se aumenta la capacidad transportadora de una ciudad o si se chatarriza un taxi amarillo. Sin embargo, representantes de los amarillos incluso aseguran que la medida se quedó corta en varios aspectos.

Para Ernesto Sandoval, representante de los taxistas ante Fenalco y gerente de Teleclub, la medida es “buena”, pero le faltó abordar el servicio de taxi tradicional para que también mejore sus estándares de calidad. Además, entre otras cosas, mantiene la fijación de tarifas con normas que fueron creadas hace 18 años y por tanto resultan anacrónicas. Agregó que a su sector no le da miedo tener nuevos competidores siempre y cuando se habiliten y corran con las mismas responsabilidades extracontractuales que los taxis.

Lupoani Sánchez asegura que los taxis negros de lujo que reglamentó el Gobierno sólo aumentarán los conflictos entre los conductores de diferentes modalidades. Cree que, por el contrario, todo el sector debería unirse para combatir el servicio de transporte que plataformas como Uber prestan en carros particulares y que, si se implementa una categoría de lujo en los taxis, también debe hacerse en el transporte especial, para que incluso pueda llegar a pensarse en transporte de carretera de más alta calidad.

Por lo pronto, lo cierto es que a Uber, que no quiso comentar para este artículo, le salió más competencia o, por el contrario, un aliado. En Ciudad de México, por ejemplo, ambas plataformas dieron juntas la discusión con las autoridades hasta que lograron ser reguladas y operar tributando una fracción de sus ingresos al gobierno local. Con un proyecto de ley en el Congreso, respaldado por cerca de un millón de firmas y que busca replicar el modelo mexicano, el debate está lejos de terminar.

La reglamentación que el Ministerio de Transporte creó para los taxis de lujo no tiene una semana de expedida y ya son varios los sectores que dan a entender que esas nuevas reglas de juego poco o nada cambian el panorama en el sector. El más reciente mensaje lo dio la multinacional Cabify, de origen español y con presencia en seis países, que anuncia hoy su salida al mercado de usuarios particulares.

Eso, en pocas palabras, es entrar a operar de la misma forma como en parte lo ha venido haciendo la plataforma tecnológica más reconocida y que más polémica ha generado: Uber. Desde este 1º de junio Cabify se lanza con carros de placa blanca, conocidos como de servicio especial, a atender a cualquier usuario que necesite un medio de transporte en un nivel de servicio mayor al de los taxis tradicionales.

La multinacional llegó al país hace cerca de ocho meses y hasta ahora había estado enfocada en el segmento corporativo. Es decir, ha venido prestando sus servicios a empresas que necesitaran movilizar a sus empleados, cumpliendo con las normas que rigen para el servicio especial de pasajeros, es decir, los de placa blanca. Requisitos como, por ejemplo, un extracto de contrato.

Su cofundador, Juan de Antonio, dijo en entrevista con este diario hace un par de semanas que su compañía respeta las normas de cada mercado adonde llega. No obstante, aseguró que la propuesta de taxis de lujo no solucionaba el problema y que considerarían seriamente, al igual que en Chile, salir al mercado particular ante la insuficiente respuesta de los reguladores. Y así fue.

Una de las principales razones para la movida, según Ómar Calvo, director de Cabify para Colombia, es que en el país hay “una gran cantidad de vehículos del servicio público especial que entraron al parque automotor impulsados por la plataforma Uber y que están operando de forma irregular. ¿Por qué no permitirles entrar al servicio de lujo haciendo simplemente una transición que, proponíamos, fuera entre ocho y 12 meses?”.

En otras palabras, para Cabify hay una flota disponible que se puede utilizar para satisfacer al usuario particular, sin aumentar la capacidad transportadora, algo que la resolución del Gobierno permite y deja en manos de las alcaldías. En el segmento corporativo, que ya opera en Bogotá, Cali y Barranquilla, y próximamente Medellín y Cartagena, cuenta con 700 vehículos. El servicio a particulares empezará, estima Calvo, con alrededor de 500 carros dedicados exclusivamente a ese mercado.

Por su parte, Lupoani Sánchez, presidente del gremio del transporte público especial, Acoltés, aseguró que la medida del Gobierno fue “unilateral” y que el Ministerio perdió “una oportunidad histórica” para regular la materia. La resolución, según él, “deja por fuera el servicio de transporte especial en vehículos ejecutivos. Nosotros nacimos como servicio ejecutivo y nos dejan por fuera”.

Más aun, prevé una sobreoferta debido a que, además de los vehículos de placa blanca que ya prestan servicios ejecutivos y turísticos, “vamos a ver taxis negros (de lujo) en hoteles, restaurantes y parques, porque la resolución no establece control sobre cómo se matricularán ni cuántos vehículos se darán por ciudad”. También opina que “conductores que de manera individual prestan su servicio a plataformas como Uber o Cabify siguen siendo ilegales porque se los dejó por fuera”.

Tanto expertos como empresarios han asegurado durante todo el proceso de reglamentación que la medida se hizo para favorecer al gremio de taxistas, pues obtener un taxi de lujo es posible si se aumenta la capacidad transportadora de una ciudad o si se chatarriza un taxi amarillo. Sin embargo, representantes de los amarillos incluso aseguran que la medida se quedó corta en varios aspectos.

Para Ernesto Sandoval, representante de los taxistas ante Fenalco y gerente de Teleclub, la medida es “buena”, pero le faltó abordar el servicio de taxi tradicional para que también mejore sus estándares de calidad. Además, entre otras cosas, mantiene la fijación de tarifas con normas que fueron creadas hace 18 años y por tanto resultan anacrónicas. Agregó que a su sector no le da miedo tener nuevos competidores siempre y cuando se habiliten y corran con las mismas responsabilidades extracontractuales que los taxis.

Lupoani Sánchez asegura que los taxis negros de lujo que reglamentó el Gobierno sólo aumentarán los conflictos entre los conductores de diferentes modalidades. Cree que, por el contrario, todo el sector debería unirse para combatir el servicio de transporte que plataformas como Uber prestan en carros particulares y que, si se implementa una categoría de lujo en los taxis, también debe hacerse en el transporte especial, para que incluso pueda llegar a pensarse en transporte de carretera de más alta calidad.

Por lo pronto, lo cierto es que a Uber, que no quiso comentar para este artículo, le salió más competencia o, por el contrario, un aliado. En Ciudad de México, por ejemplo, ambas plataformas dieron juntas la discusión con las autoridades hasta que lograron ser reguladas y operar tributando una fracción de sus ingresos al gobierno local. Con un proyecto de ley en el Congreso, respaldado por cerca de un millón de firmas y que busca replicar el modelo mexicano, el debate está lejos de terminar.