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Una polémica en el sector textil y de confecciones han desatado dos artículos introducidos en la ponencia del Plan Nacional de Desarrollo conocida este miércoles. El texto propone un arancel de 37,9 % a las importaciones de prendas de vestir cuando su precio sea inferior o igual a US$20 por kilo. Para las que superen ese precio, establece un arancel de 10 % ad valorem, más US$3 por kilo.
La Asociación Nacional de Empresarios, Andi, no tardó en manifestar su preocupación por la propuesta. En su concepto, la medida sería contraria al ordenamiento colombiano, pues la política en esta materia es competencia del poder ejecutivo y no del legislativo. La “política arancelaria en Colombia es formulada por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la DIAN”, explica la Andi,
Asimismo, afirma que la propuesta “no responde a ninguno de los casos definidos por la Organización Mundial de Comercio como herramientas de defensa comercial ante prácticas desleales de comercio”. Por ir en contra de los principios de esa organización, “se estaría constituyendo una situación irregular con inmensos riesgos de sanciones al país”.
La Cámara Colombiana de la Confección, por el contarario, defiende la propuesta y afirma que “los artículos propuestos en el PND no violan los topes máximos de la OMC, al contrario, lo estamos bajando de un 40 % a un 37,9 %, y es únicamente para los países que no tenemos tratado de libre comercio”.
El gremio afirmó que la medida busca proteger al sector de confecciones que "se ha visto amenazado por el bajo arancel del 15 % para las prendas que cuestan más de 10 dólares el kilo". Según Guillermo Criado, presidente de esa Cámara, “hoy tenemos más de un millón y medio de empleos, pero hemos perdido 600.000. Desde 2016 cuando se instauró el decreto 1744 se le puso un arancel de 40 % a las prendas que tuvieran un valor inferior a 10 dólares el kilo, y un arancel del 15 % a la prendas que costaran más de 10 dólares el kilo, y eso ha sido devastador, porque más del 80 % de las importaciones quedaron pagando el 15 %, entonces lo que hicieron fue legalizar la subfacturación, y quedó peor que como estaba antes.”
La Andi, en cambio, sostiene que los aranceles incentivarían el contrabando, al hacer más rentable la actividad “de todos aquellos que cuentan con mecanismos ilegales de contrabando y subfacturación ya que mejoran sustancialmente el margen de estas actividades”. Finalmente, el gremio de empresarios señala que los consumidores saldrían afectados, al tener que asumir los sobrecostos de “medidas artificiales que crearían una distorsión de precios sin precedentes en los últimos años en Colombia, con efectos inflacionarios que llegarían a toda la economía”.
Javier Díaz, presidente de las Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), también expresó su rechazo. “El Plan Nacional de Desarrollo no se puede prestar para adoptar este tipo de absurdos en materia de política comercial”, manifestó a través de su cuenta de Twitter.
El representante a la Cámara Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático, presidente de la Comisión Tercera y uno de los ponentes del Plan de Desarrollo, explicó a este diario que la intención de la medida sería proteger a los pequeños confeccionistas que están siendo “duramente golpeados por las importaciones de contrabando técnico o abierto de países en donde la mano de obra es muy barata”, como algunos asiáticos. “La industria colombiana está perdiendo empleos todos los días”.
Criado, de la Cámara de la Confeccion, añadió: "del año 2016 al 2017 entraron al país 138 millones de kilos de prendas de los países asiáticos importados legalmente, solamente en 2018 se importaron 52 millones. Esos son cientos de miles de trabajos que se han ido, mientras las exportaciones de Colombia hacia estos países, con los que no tenemos acuerdos comerciales, no llegan al 1% de lo que el país exporta”.
La Confederación General de Trabajadores (CGT) manifestó su apoyo a la propuesta. "Aquí no hay ningún mico, lo que hay una posición categórica, clara en defensa de la industria nacional. No vamos a salir a defender la importación de servicios y de bienes que podemos perfectamente producir en el país y generar cerca de 650.000 empleos. Ahí es donde el Congreso de la República tiene que ponerse de lado de quienes están defendiendo la industria textil", dijo Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT.
Pérez, por su parte, afirmó que la propuesta se podría corregir “sin proteger a unos en perjuicio de otros”, y habló de la posibilidad de una mesa de trabajo en la que todos los interesados se puedan poner de acuerdo y que “la decisión final sea la que más favorezca al empleo colombiano, sin violentar los TLC y los principios de la OMC”.