Polémica por deuda de Concesionaria Ruta del Sol con bancos que asumirá el Gobierno

Tras el anuncio del Gobierno de iniciar el proceso para declarar la disolución de la sociedad Concesionaria Ruta del Sol tramo 2  a cargo de los Solarte, Corficolombiana y Odebrecht, la firma brasileña que se ha visto envuelta en casos de repartición de coimas por hacerse a contratos de construcción en varios países del mundo, aclaró que las obligaciones financieras con los bancos, que supera los $1,2 billones, no es solo de ella sino compartida con los socios de la Concesionaria.

"La deuda bancaria relacionada con el Proyecto Ruta del Sol Sector 2, es de la Concesionaria, no es una deuda de Odebrecht", dicen los representantes de la firma brasileña en Colombia, en un comunicado.

Explica que la deuda "corresponde al financiamiento con el cual la Concesionaria ejecutó el contrato de concesión, contratado con la banca comercial, incluyendo bancos pertenecientes al grupo empresarial de Corficolombiana, los cuales otorgaron el 50% de dichos créditos. El resto del contrato de concesión se ejecutó con el capital propio aportado por los accionistas de la Concesionaria".

Para Odebrecht, el "financiamiento referido fue invertido en la construcción de más de 300 kilómetros de vías nuevas y se rehabilitaron más de 200 kilómetros de vías existentes, que se encuentran en operación al servicio de la sociedad colombiana, sin retrasos o incumplimientos contractuales".

Insiste en que "el pago de este financiamiento corresponde a obra construida en beneficio de la infraestructura vial de Colombia".

La decisión de la disolución fue tomada, según las autoridades, con el propósito de proteger a terceros de buena fe, brindar seguridad jurídica y aprovechar el patrimonio de la sociedad para el cumplimiento de sus obligaciones y evitar el detrimento de los acreedores. Los bancos involucrados en la deuda, que en su mayoría son del Grupo Aval, son: Itaú, Bancolombia, Davivienda, Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco Popular y Banco AV Villas.

"Ni la Concesionaria ni Odebrecht han participado en ninguna agenda de conciliación con la participación de los bancos financiadores ni con el Estado", reitera la firma constructora en el comunicado de prensa. (Contexto: Gobierno liquida Concesionaria de Ruta del Sol y asume deuda por $1,2 billones).

El Ministerio de Transporte explicó que, de presentarse un acuerdo ante el Tribunal de Abritramento, deberá contar con previo concepto favorable de la Procuraduría General de la Nación y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que finalmente sea aprobado por los árbitros del mencionado tribunal, quienes deberán evaluar, entre otras condiciones, si la conciliación garantiza la protección al patrimonio público.

"La empresa considera que el pago del financiamiento de las obras efectivamente ejecutadas, debe realizarse con el valor de liquidación del contrato que debería ser determinado a partir de los peritajes practicados en el ámbito del Tribunal de Arbitramento que se encuentra en curso y con fecha de fallo previsto para el día 6 de agosto, a fin de evitar que se genere un enriquecimiento sin causa por parte del Estado colombiano", señala la constructora en el comunicado de prensa.

Tras el anuncio del Gobierno de iniciar el proceso para declarar la disolución de la sociedad Concesionaria Ruta del Sol tramo 2  a cargo de los Solarte, Corficolombiana y Odebrecht, la firma brasileña que se ha visto envuelta en casos de repartición de coimas por hacerse a contratos de construcción en varios países del mundo, aclaró que las obligaciones financieras con los bancos, que supera los $1,2 billones, no es solo de ella sino compartida con los socios de la Concesionaria.

"La deuda bancaria relacionada con el Proyecto Ruta del Sol Sector 2, es de la Concesionaria, no es una deuda de Odebrecht", dicen los representantes de la firma brasileña en Colombia, en un comunicado.

Explica que la deuda "corresponde al financiamiento con el cual la Concesionaria ejecutó el contrato de concesión, contratado con la banca comercial, incluyendo bancos pertenecientes al grupo empresarial de Corficolombiana, los cuales otorgaron el 50% de dichos créditos. El resto del contrato de concesión se ejecutó con el capital propio aportado por los accionistas de la Concesionaria".

Para Odebrecht, el "financiamiento referido fue invertido en la construcción de más de 300 kilómetros de vías nuevas y se rehabilitaron más de 200 kilómetros de vías existentes, que se encuentran en operación al servicio de la sociedad colombiana, sin retrasos o incumplimientos contractuales".

Insiste en que "el pago de este financiamiento corresponde a obra construida en beneficio de la infraestructura vial de Colombia".

La decisión de la disolución fue tomada, según las autoridades, con el propósito de proteger a terceros de buena fe, brindar seguridad jurídica y aprovechar el patrimonio de la sociedad para el cumplimiento de sus obligaciones y evitar el detrimento de los acreedores. Los bancos involucrados en la deuda, que en su mayoría son del Grupo Aval, son: Itaú, Bancolombia, Davivienda, Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco Popular y Banco AV Villas.

"Ni la Concesionaria ni Odebrecht han participado en ninguna agenda de conciliación con la participación de los bancos financiadores ni con el Estado", reitera la firma constructora en el comunicado de prensa. (Contexto: Gobierno liquida Concesionaria de Ruta del Sol y asume deuda por $1,2 billones).

El Ministerio de Transporte explicó que, de presentarse un acuerdo ante el Tribunal de Abritramento, deberá contar con previo concepto favorable de la Procuraduría General de la Nación y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que finalmente sea aprobado por los árbitros del mencionado tribunal, quienes deberán evaluar, entre otras condiciones, si la conciliación garantiza la protección al patrimonio público.

"La empresa considera que el pago del financiamiento de las obras efectivamente ejecutadas, debe realizarse con el valor de liquidación del contrato que debería ser determinado a partir de los peritajes practicados en el ámbito del Tribunal de Arbitramento que se encuentra en curso y con fecha de fallo previsto para el día 6 de agosto, a fin de evitar que se genere un enriquecimiento sin causa por parte del Estado colombiano", señala la constructora en el comunicado de prensa.