Ponencia de ley de financiamiento da primeros pasos

Por fin la ley de financiamiento comenzó a ver la luz al final del túnel con la presentación de la ponencia que contempla los lineamientos básicos para la reforma fiscal con la que el Gobierno busca reducir el hueco presupuestal de $14 billones. Durante cerca de tres semanas, el Gobierno y los congresistas ponentes de la iniciativa hicieron sumas y restas para conseguir recursos por entre $6,5 billones y $7,5 billones. (Lea Así es como debería quedar la ley de financiamiento según la oposición)

El senador de Cambio Radical Richard Aguilar, que se ha convertido en uno de los voceros, indicó que hasta este momento se han garantizado esos recursos que provendrán de normalización de activos ($1 billón), renta a personas naturales ($1,9 billones), impuesto al patrimonio mayor a los $5.000 millones ($1,2 billones), tributo plurifásico a las bebidas azucaradas y cervezas ($960.000 millones), dividendos y remesas ($821.000 millones) e impoconsumo de 2 % por venta de vivienda que supere $918 millones ($1,1 billones).

Se incluyen $500.000 millones en gestión del principio de favorabilidad y de auditoría que va a desarrollar la DIAN, explicó Aguilar, al advertir que su partido firmará la ponencia hasta la próxima semana, luego de una reunión de bancada en la que analizarán cada uno de los puntos para definir “si vamos a apoyar la ley de financiamiento”.

Lo cierto es que hasta el momento se sabe de la existencia de tres ponencias: la del Gobierno, la de Alianza Verde y la de la bancada Decentes. Entre las propuesta de estos últimos está restablecer el impuesto a la remesa de utilidades (de las empresas) al exterior y eliminar exenciones tributarias. Prohibir “que las compañías mineras y petroleras privadas deduzcan las regalías del impuesto de renta” propone esa bancada.

Pese a que la sobretasa para los bancos del 5 % no se ha descartado, el Gobierno no ve con buenos ojos esa propuesta. “El Gobierno ha dicho que no va a acompañar esa sobretasa y con esa negativa no se podría aprobar”, aclaró Aguilar. “Muchos estamos de acuerdo en que el sector financiero podría aportarle más a Colombia. Consideramos que así como Colombia los apoyó, ahora se necesita que el sector financiero le extienda una mano a la agenda social del país”, señaló John Milton Rodríguez, del movimiento Colombia Justa y Libre.

Hay que priorizar los programas sociales y dentro de ellos los subsidios de energía y gas, los programas de paz y la salud, consideran varios congresistas, ante la necesidad del Gobierno de congelar gasto público. “Vamos a pedir que esta iniciativa se archive”, indicó Katherine Miranda, de Alianza Verde, quien además recordó que desde la oposición se votó negativo el proyecto de ley de presupuesto que finalmente fue aprobado con el hueco de $14 billones.

El representante por el Centro Democrático Christian Garcés destacó que “sería un error garrafal asumir la posición fácil de hundir todo el proyecto de ley para después entrar en una discusión de que nos hacen falta $14 billones y que en enero el presidente tenga que hacer un congelamiento de la inversión”.

Una vez radicada la ponencia de la ley de financiamiento, la próxima semana se podría estar aprobando entre miércoles y jueves. José Darío Pérez, del Centro Democrático, no descartó que se tenga que echar mano de la regla fiscal para conseguir más recursos y evitar ahondar los recortes en los programas sociales.

Por fin la ley de financiamiento comenzó a ver la luz al final del túnel con la presentación de la ponencia que contempla los lineamientos básicos para la reforma fiscal con la que el Gobierno busca reducir el hueco presupuestal de $14 billones. Durante cerca de tres semanas, el Gobierno y los congresistas ponentes de la iniciativa hicieron sumas y restas para conseguir recursos por entre $6,5 billones y $7,5 billones. (Lea Así es como debería quedar la ley de financiamiento según la oposición)

El senador de Cambio Radical Richard Aguilar, que se ha convertido en uno de los voceros, indicó que hasta este momento se han garantizado esos recursos que provendrán de normalización de activos ($1 billón), renta a personas naturales ($1,9 billones), impuesto al patrimonio mayor a los $5.000 millones ($1,2 billones), tributo plurifásico a las bebidas azucaradas y cervezas ($960.000 millones), dividendos y remesas ($821.000 millones) e impoconsumo de 2 % por venta de vivienda que supere $918 millones ($1,1 billones).

Se incluyen $500.000 millones en gestión del principio de favorabilidad y de auditoría que va a desarrollar la DIAN, explicó Aguilar, al advertir que su partido firmará la ponencia hasta la próxima semana, luego de una reunión de bancada en la que analizarán cada uno de los puntos para definir “si vamos a apoyar la ley de financiamiento”.

Lo cierto es que hasta el momento se sabe de la existencia de tres ponencias: la del Gobierno, la de Alianza Verde y la de la bancada Decentes. Entre las propuesta de estos últimos está restablecer el impuesto a la remesa de utilidades (de las empresas) al exterior y eliminar exenciones tributarias. Prohibir “que las compañías mineras y petroleras privadas deduzcan las regalías del impuesto de renta” propone esa bancada.

Pese a que la sobretasa para los bancos del 5 % no se ha descartado, el Gobierno no ve con buenos ojos esa propuesta. “El Gobierno ha dicho que no va a acompañar esa sobretasa y con esa negativa no se podría aprobar”, aclaró Aguilar. “Muchos estamos de acuerdo en que el sector financiero podría aportarle más a Colombia. Consideramos que así como Colombia los apoyó, ahora se necesita que el sector financiero le extienda una mano a la agenda social del país”, señaló John Milton Rodríguez, del movimiento Colombia Justa y Libre.

Hay que priorizar los programas sociales y dentro de ellos los subsidios de energía y gas, los programas de paz y la salud, consideran varios congresistas, ante la necesidad del Gobierno de congelar gasto público. “Vamos a pedir que esta iniciativa se archive”, indicó Katherine Miranda, de Alianza Verde, quien además recordó que desde la oposición se votó negativo el proyecto de ley de presupuesto que finalmente fue aprobado con el hueco de $14 billones.

El representante por el Centro Democrático Christian Garcés destacó que “sería un error garrafal asumir la posición fácil de hundir todo el proyecto de ley para después entrar en una discusión de que nos hacen falta $14 billones y que en enero el presidente tenga que hacer un congelamiento de la inversión”.

Una vez radicada la ponencia de la ley de financiamiento, la próxima semana se podría estar aprobando entre miércoles y jueves. José Darío Pérez, del Centro Democrático, no descartó que se tenga que echar mano de la regla fiscal para conseguir más recursos y evitar ahondar los recortes en los programas sociales.