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Este martes terminó la audiencia en contra de la unión temporal Centros Poblados que se había iniciado el 25 de junio pasado y en la que se reveló el escándalo de las garantías tachadas de falsas por parte del Mintic y el banco Itaú (supuesto emisor de la garantía, según el contratista).
En su momento, la diligencia surgió con el objetivo de pedirle cuentas a Centros Poblados sobre los retrasos que venía presentando en la ejecución del contrato para conectar a internet a más de 7.000 escuelas rurales.
Sin embargo, el curso de la audiencia empezó a cambiar y a complicarse una vez se reveló el asunto de las garantías —cuando el banco Itaú comunicó que no había emitido ninguna garantía bancaria a favor de Centros Poblados— y otras denuncias y quejas que pesan sobre la unión temporal, la interventoría, el comité fiduciario y el propio Ministerio TIC.
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Mientras la audiencia de incumplimiento estuvo suspendida, quedó en firme la caducidad del contrato, la sanción considerada como la más drástica en materia contractual en el país. Ese fue el argumento para que la delegada de la ministra Karen Abudinen, Adriana Vivas, archivara hoy el proceso de incumplimiento en contra de Centros Poblados.
La razón es que las eventuales multas y el seguimiento al cumplimiento del contrato aplican cuando este está vigente. Sin embargo, caducado el contrato, este se considera terminado y por lo tanto ya no se puede exigir cumplimiento de las obligaciones contractuales ni multar para apremiar la ejecución de estas.
En la audiencia, el apoderado de la unión temporal, Jorge Pino Ricci, interpuso recurso de reposición señalando que la resolución de la delegada sufría de “falsa motivación”. Según el abogado, el archivo de la actuación no puede basarse en eso, sino en la “inexistencia de incumplimiento por parte del contratista o en la justificación de los retrasos”. Esto se debe a que la tesis que ha defendido Centros Poblados es que situaciones de fuerza mayor, como los bloqueos en el paro nacional y el bloqueo en el canal del Suez, entre otros, afectaron su cronograma para la instalación de los centros digitales.
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Vivas rechazó este argumento, pues considera indiscutible que la caducidad del contrato quedó en firme y que, por lo tanto, el Mintic ya no puede exigir cumplimiento o multar en el marco de este.
Entre otros puntos, Pino Ricci también cuestionó que la ministra delegue este tipo de actuaciones y pidió que sea ella quien se haga presente y tome las decisiones. “Que luego no se excuse en que quien tomó las decisiones fue un funcionario delegatario”, dijo el apoderado. A esto, Vivas respondió que fue delegada para la diligencia en el marco de la ley.
Finalmente, se confirmó el archivo del proceso, lo que da la última puntada de la relación contractual entre el Mintic y Centros Poblados. No obstante, vale la pena recordar, aún está pendiente por resolver la tutela que el contratista presentó en contra de la caducidad, así como las investigaciones de entidades como la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía.
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Por el lado político, el próximo 3 de septiembre la ministra Karen Abudinen se enfrentará al debate de moción de censura en el Congreso de la República. Ese mismo día, por cierto, está previsto que se reanude también la audiencia en contra de la interventoría. En esta se conocerá si el Ministerio acepta la prueba de visitar los más de 800 centros digitales sobre los cuales, según la interventoría, Centros Poblados aportó evidencia de instalación y que serían los puntos en donde estaría invertida parte del cuestionado anticipo de $70.000 millones (6 % del valor total del contrato, superior a $1 billón).