Por pérdidas durante paro camionero fijarían nuevo incremento de tasas de interés

Al Gobierno y los representantes de los camioneros les cogió la madrugada del viernes para poner fin a una inmovilización de 45 días que dejó millonarias pérdidas en la economía colombiana. El último día, tras cerca de 16 horas de intensas discusiones, las partes llegaron a un acuerdo para levantar el paro camionero más largo de la historia desde que se inició este tipo de protesta. Los protagonistas no quisieron perderse el show mediático y, sin avisar a los reporteros, que por horas se apostaron en las afueras de la sede del Ministerio de Transporte, se marcharon y acordaron dar los resultados de las conversaciones sobre las siete de la mañana.

“Hemos llegado a un acuerdo” para levantar la inmovilidad camionera “a partir de este momento”, dijo el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, acompañado de los líderes camioneros y demás miembros del Gobierno. “Se levanta la inmovilización del transporte de carga promovida por las cuatro organizaciones que conforman la Cruzada Nacional por la Dignidad Camionera, desde este momento, en esta mañana”, anunció.

“Hoy, después de 45 días en los que el Gobierno siempre estuvo dispuesto al diálogo, pero firme en no permitir la violencia y en no firmar un acuerdo que perjudicara a los conductores, a los transportadores, a los gremios, a los campesinos y a todos los colombianos, se ha llegado a un acuerdo”, dijo el presidente Juan Manuel Santos.

Orlando Ramírez, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ATC), destacó que “hemos logrado un acuerdo que satisface las necesidades” de los transportadores de carga por carretera.

El secretario de la Presidencia, Luis Guillermo Vélez, dijo que el acuerdo “es muy importante para el país porque permite hacer una reforma estructural de la política de transporte de carga pesada en Colombia”. El funcionario explicó que el acuerdo no revive la tabla de fletes y confirma el esquema de libertad vigilada para pactar tabla de fletes entre los generadores de carga y los transportadores. “Si se dan distorsiones en algunas rutas, el Gobierno podrá intervenirlas mientras perdura el desequilibrio del mercado”, indicó Vélez. Reconoció que algunas rutas se encuentran desbalanceadas, como las del interior del país a los puertos de exportación, por el menor dinamismo de la economía. En cuanto a la chatarrización, se mantiene el esquema del uno a uno, es decir, sale un camión viejo y entra uno nuevo, pero se limita al agotamiento de los recursos destinados al programa de reposición, que asciende a unos $800.000 millones. Se estima que se pueden modernizar entre 14.000 y 15.000 vehículos con esos recursos, lo que significa chatarrizar por lo menos el 60 % de la sobreoferta en un período corto. El tema de peajes y combustibles queda incorporado a la tabla de costos. Jorge García, vocero de la Cruzada por la Dignidad Camionera, destacó que se mantiene la vida útil de los vehículos y se dignifica la actividad del transportador.

El Gobierno estima que con el acuerdo se logra una paz laboral permanente en el sector de transporte de carga por carretera porque ya se tiene un nuevo esquema “que ellos (los camioneros) aceptaron”, dijo el secretario de la Presidencia. En el país, alrededor de 355.000 camiones mueven las mercancías de importación y exportación por las carreteras de Colombia desde y hacia los puertos nacionales.

Las afectaciones del paro camionero a la economía son cuantiosas, indicaron voceros de los gremios de la producción. En principio, el Banco de la República desestimó las consecuencias en la inflación y es posible que esta situación obligue al Emisor a fijar un nuevo incremento de las tasas de interés. Los expertos estiman que puede ser de 0,25 puntos, para tratar de encauzar la inflación desbordada a la meta prevista para finales de este año, de 6 %. El Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide la inflación, se encontraba en 8,6 % hasta junio. En muchos centros de abasto hay disminución de precios de hasta el 41%, dijo el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, al indicar que esa “mula atravesada fue la que generó este incremento duro en la inflación en estos 45 días”.

En unos $2,4 billones estiman especialistas la afectación del paro camionero a la economía. Sectores como el agro consideran que dejaron de producir al menos $1 billón, que afecta el bolsillo de los productores y campesinos. El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, dijo que el daño causado por el paro camionero a la economía fue inmenso. “El daño a la producción fue muy grande, probablemente va a ser un daño irreparable, lo que dejamos de producir durante estos dos meses no lo vamos a recuperar nunca. No nos podemos dar el lujo de que esto vuelva a suceder”.

“Este paro, que duró 45 días, ha sido muy costoso para todo el mundo. Ha afectado la economía, afectó al sector productivo, a los campesinos, a los hogares, y también al propio sector transportador, que en su gran mayoría quería trabajar”, dijo el presidente de la República. Recordó que la Fiscalía ha venido judicializando a los responsables de los actos ilegales y violentos, que en algunas oportunidades fueron protagonizados por personas que nada tenían que ver con las protestas. “Las investigaciones y judicializaciones continuarán para que los responsables sean debidamente sancionados”.

Al Gobierno y los representantes de los camioneros les cogió la madrugada del viernes para poner fin a una inmovilización de 45 días que dejó millonarias pérdidas en la economía colombiana. El último día, tras cerca de 16 horas de intensas discusiones, las partes llegaron a un acuerdo para levantar el paro camionero más largo de la historia desde que se inició este tipo de protesta. Los protagonistas no quisieron perderse el show mediático y, sin avisar a los reporteros, que por horas se apostaron en las afueras de la sede del Ministerio de Transporte, se marcharon y acordaron dar los resultados de las conversaciones sobre las siete de la mañana.

“Hemos llegado a un acuerdo” para levantar la inmovilidad camionera “a partir de este momento”, dijo el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, acompañado de los líderes camioneros y demás miembros del Gobierno. “Se levanta la inmovilización del transporte de carga promovida por las cuatro organizaciones que conforman la Cruzada Nacional por la Dignidad Camionera, desde este momento, en esta mañana”, anunció.

“Hoy, después de 45 días en los que el Gobierno siempre estuvo dispuesto al diálogo, pero firme en no permitir la violencia y en no firmar un acuerdo que perjudicara a los conductores, a los transportadores, a los gremios, a los campesinos y a todos los colombianos, se ha llegado a un acuerdo”, dijo el presidente Juan Manuel Santos.

Orlando Ramírez, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ATC), destacó que “hemos logrado un acuerdo que satisface las necesidades” de los transportadores de carga por carretera.

El secretario de la Presidencia, Luis Guillermo Vélez, dijo que el acuerdo “es muy importante para el país porque permite hacer una reforma estructural de la política de transporte de carga pesada en Colombia”. El funcionario explicó que el acuerdo no revive la tabla de fletes y confirma el esquema de libertad vigilada para pactar tabla de fletes entre los generadores de carga y los transportadores. “Si se dan distorsiones en algunas rutas, el Gobierno podrá intervenirlas mientras perdura el desequilibrio del mercado”, indicó Vélez. Reconoció que algunas rutas se encuentran desbalanceadas, como las del interior del país a los puertos de exportación, por el menor dinamismo de la economía. En cuanto a la chatarrización, se mantiene el esquema del uno a uno, es decir, sale un camión viejo y entra uno nuevo, pero se limita al agotamiento de los recursos destinados al programa de reposición, que asciende a unos $800.000 millones. Se estima que se pueden modernizar entre 14.000 y 15.000 vehículos con esos recursos, lo que significa chatarrizar por lo menos el 60 % de la sobreoferta en un período corto. El tema de peajes y combustibles queda incorporado a la tabla de costos. Jorge García, vocero de la Cruzada por la Dignidad Camionera, destacó que se mantiene la vida útil de los vehículos y se dignifica la actividad del transportador.

El Gobierno estima que con el acuerdo se logra una paz laboral permanente en el sector de transporte de carga por carretera porque ya se tiene un nuevo esquema “que ellos (los camioneros) aceptaron”, dijo el secretario de la Presidencia. En el país, alrededor de 355.000 camiones mueven las mercancías de importación y exportación por las carreteras de Colombia desde y hacia los puertos nacionales.

Las afectaciones del paro camionero a la economía son cuantiosas, indicaron voceros de los gremios de la producción. En principio, el Banco de la República desestimó las consecuencias en la inflación y es posible que esta situación obligue al Emisor a fijar un nuevo incremento de las tasas de interés. Los expertos estiman que puede ser de 0,25 puntos, para tratar de encauzar la inflación desbordada a la meta prevista para finales de este año, de 6 %. El Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide la inflación, se encontraba en 8,6 % hasta junio. En muchos centros de abasto hay disminución de precios de hasta el 41%, dijo el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, al indicar que esa “mula atravesada fue la que generó este incremento duro en la inflación en estos 45 días”.

En unos $2,4 billones estiman especialistas la afectación del paro camionero a la economía. Sectores como el agro consideran que dejaron de producir al menos $1 billón, que afecta el bolsillo de los productores y campesinos. El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, dijo que el daño causado por el paro camionero a la economía fue inmenso. “El daño a la producción fue muy grande, probablemente va a ser un daño irreparable, lo que dejamos de producir durante estos dos meses no lo vamos a recuperar nunca. No nos podemos dar el lujo de que esto vuelva a suceder”.

“Este paro, que duró 45 días, ha sido muy costoso para todo el mundo. Ha afectado la economía, afectó al sector productivo, a los campesinos, a los hogares, y también al propio sector transportador, que en su gran mayoría quería trabajar”, dijo el presidente de la República. Recordó que la Fiscalía ha venido judicializando a los responsables de los actos ilegales y violentos, que en algunas oportunidades fueron protagonizados por personas que nada tenían que ver con las protestas. “Las investigaciones y judicializaciones continuarán para que los responsables sean debidamente sancionados”.