¿Por qué es tan alta la desigualdad en Latinoamérica?

¿Por qué es tan alta la desigualdad en América Latina? ¿Por qué las transiciones democráticas en la región no cumplen la promesa de mejorar las oportunidades para todos? Sin duda se trata de preguntas complejas y no hay una única respuesta para todos los países. Sin embargo, algunos patrones regionales se manifiestan en todos ellos, aunque con diferentes grados de intensidad.

Los niños nacidos en familias con un nivel socioeconómico bajo generalmente carecen de oportunidades. Cuando son adultos, estos niños tienen acceso al mercado laboral con brechas de habilidades considerables, que a su vez se traducen en importantes diferencias de ingresos a lo largo de la vida. Los gobiernos hacen poca cosa para invertir estas tendencias. Allí donde los programas sociales sí existen, el gasto suele ser bajo y los programas a menudo tienen problemas de focalización considerables. La recaudación de impuestos sufre de un fuerte sesgo hacia los impuestos indirectos (por ejemplo, los impuestos al valor agregado), que son más regresivos que los impuestos sobre los ingresos o los beneficios. En este sentido, América Latina ha adoptado escasas medidas a favor de la redistribución. Además, la calidad de los servicios públicos (como la educación, la seguridad, la salud y el transporte público) es baja, lo que genera un círculo vicioso que alimenta la transmisión intergeneracional de la desigualdad.

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Las desigualdades comienzan temprano en la vida, incluso antes del nacimiento. Se exacerban durante la infancia y la adolescencia, y, como consecuencia, los niños de diferentes contextos tienen oportunidades desiguales para crecer y desarrollarse. La falta de oportunidades para los niños de hogares con ingresos bajos y medios durante estos años cruciales se traduce en brechas del ingreso cuando esos niños se convierten en adultos y en una elevada persistencia de la desigualdad del ingreso entre generaciones.

La desigualdad de oportunidades debido a los antecedentes familiares existe en todos los países del mundo, pero en América Latina la brecha de oportunidades entre los niños ricos y pobres es mayor que en otras regiones. Además, los latinoamericanos son conscientes del problema, pues una tercera parte de las familias de América Latina creen que sus hijos no tienen oportunidades para crecer y aprender todos los días, en comparación con solo el 14 % de los hogares en los países de la OCDE.

Un comienzo saludable en la vida tiene efectos positivos a largo plazo en términos de nivel educativo y de salarios. El Capítulo 6 muestra que la región ha logrado enormes progresos en cuidados prenatales mediante la ampliación de los servicios de atención primaria en las zonas rurales y periurbanas. A comienzos de los años noventa, la brecha entre las familias de ingresos bajos y altos en prácticas prenatales rutinarias, como las visitas al médico y los análisis de orina y sangre durante el embarazo, era considerable. Con la ampliación de la cobertura sanitaria a los hogares informales mediante sistemas no contributivos, esta brecha ha disminuido rápidamente en las últimas décadas. Paralelamente, en términos generales la mortalidad por debajo de los cinco años ha disminuido drásticamente, al igual que la brecha de la mortalidad infantil entre ricos y pobres. Sin embargo, los niños nacidos antes de 1990, que tuvieron menos acceso a los servicios sanitarios al igual que sus madres, actualmente se encuentran en el mercado laboral y sufren las consecuencias del acceso desigual a la atención sanitaria que tuvieron durante su infancia. Además, las brechas socioeconómicas en el acceso a la atención sanitaria todavía son grandes: entre 2010 y 2015, las tasas de mortalidad por debajo de los cinco años de los hijos de madres con un nivel educativo alto eran la mitad de las tasas de los hijos de madres con un nivel educativo bajo.

El Capítulo 6 también ilustra cómo están surgiendo nuevos retos para los sistemas de salud de la región. Dado que la esperanza de vida al nacer ha aumentado desde los 60 años en los años setenta a los 75 años en 2019, un conjunto nuevo de enfermedades ha adquirido mayor importancia. Las enfermedades infecciosas, maternas y neonatales eran las principales causas de la baja esperanza de vida antes de los años noventa. Hoy en día, son más prevalentes las enfermedades no transmisibles como la obesidad, la diabetes, la hipertensión y el colesterol alto, sobre todo entre los más pobres y con menor nivel educativo. Esto también tiene consecuencias para la desigualdad del ingreso, dado que en la región prácticamente no existen redes de protección contra los shocks de salud.

Los niños de familias más ricas tienden a estar mejor preparados para la escuela que los niños de familias pobres. Al comenzar la escuela, los niños de contextos socioeconómicos altos tienen resultados considerablemente mejores que sus pares de contextos socioeconómicos bajos en desarrollo socioemocional, cognitivo y del lenguaje. Estas brechas no se cierran durante los años escolares. Hacia el tercer grado, un niño del 20 % inferior de la distribución del ingreso acusa un rezago equivalente a 1,5 años escolares en comparación con un niño del 20 % superior. Cuando los niños tienen 15 años la brecha es aún mayor y representa más de dos años del progreso natural de un alumno normal. Y estas brechas ni siquiera tienen en cuenta a los niños más pobres, muchos de los cuales ya no van a la escuela hacia los 15 años. La brecha en la matriculación en la escuela secundaria entre los quintiles superior e inferior de la distribución del ingreso es de 17 puntos porcentuales.

Estas brechas de habilidades acumuladas son exacerbadas por un mercado laboral caracterizado por una alta informalidad del empleo y una alta variabilidad en la calidad de los empleadores potenciales. El capital humano es un determinante crucial del éxito en el mercado laboral, ya sea medido mediante mayores salarios o a través del acceso a empleos mejores con beneficios añadidos como pensiones, seguro de salud y (en algunos países) redes de protección contra el riesgo de desempleo. Los trabajadores con habilidades diferentes acaban trabajando para empresas distintas y las diferencias de productividad entre las empresas son altas según los estándares internacionales, incluso en sectores estrechamente definidos.

Dado que las empresas comparten las rentas con sus trabajadores, el emparejamiento de trabajadores altamente cualificados con empresas de calidad elevada exacerba las diferencias salariales entre los trabajadores con niveles distintos de habilidades. Además, las medidas correctivas que intentan comprimir la estructura salarial, como los requisitos de salario mínimo, tienen un impacto limitado debido a la prevalencia del empleo informal y al no cumplimiento de dichos requisitos.

Asimismo, hay una diferencia crucial entre América Latina y un grupo de países de la OCDE-UE, a saber, la intensidad de la redistribución del ingreso. A través de los impuestos y el gasto público, América Latina reduce la desigualdad en menos del 5 %, y la OCDE-UE la reduce en un 38 %. Por lo tanto, los gobiernos de América Latina son ocho veces menos efectivos que sus contrapartes de la OCDE y la UE en materia de reducción de la desigualdad.

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Esta incapacidad para redistribuir depende de tres factores.

El primer factor son las pensiones, uno de los principales instrumentos de redistribución de los países ricos. Dominados por los sistemas de reparto, la reducción promedio de la desigualdad atribuible a las pensiones es del 24% en la OCDE-UE. En América Latina y el Caribe, en cambio, los sistemas formales de pensiones son sumamente regresivos porque una parte importante de los trabajadores que entran y salen de empleos formales contribuyen mientras están empleados formalmente, pero no lo suficiente para obtener una pensión formal al jubilarse. El resultado es que millones de latinoamericanos carecen de una pensión. Para proteger a los más vulnerables, a lo largo de las dos últimas décadas se ha ampliado un sistema de pensiones no contributivas en la región, lo que compensa parcialmente el carácter regresivo del sistema contributivo en el contexto del empleo formal.

El segundo factor que explica la redistribución ineficiente es el gasto social, que es insuficiente y a menudo inefectivo. Los países de la OCDE-UE dedican cerca del 28% del PIB al gasto social, mientras que América Latina gasta la mitad. Y esto ocurre a pesar de los aumentos considerables de dicho gasto durante la década del 2000, pues este pasó de representar aproximadamente el 10% del PIB a mediados de los años noventa al 15% a mediados de la década del 2010. Muchos de los gastos situados bajo el paraguas del gasto social no llegan a los pobres y vulnerables. Por ejemplo, cerca de tres cuartas partes de los subsidios energéticos llegan al 60% más rico de la población. Se observan otras «filtraciones» similares en las normas fiscales que tienen un objetivo social, como las exenciones por los gastos de alimentación, medicación y vivienda. El cambio de los subsidios de los precios a los subsidios directos del ingreso focalizados en los pobres y las clases medias bajas proporcionaría una redistribución mucho más efectiva por dólar gastado.

El tercer factor es la evasión fiscal. La redistribución mediante los impuestos ha sido escasa en la región debido a los elevados niveles de evasión y fraude fiscal o, dicho de otro modo, a la limitada capacidad de los gobiernos de reducir el fraude y detectar y castigar la evasión.

* Este libro se publicó bajo una licencia Creative Commons de atribución-no comercial-sin obra derivada

¿Por qué es tan alta la desigualdad en América Latina? ¿Por qué las transiciones democráticas en la región no cumplen la promesa de mejorar las oportunidades para todos? Sin duda se trata de preguntas complejas y no hay una única respuesta para todos los países. Sin embargo, algunos patrones regionales se manifiestan en todos ellos, aunque con diferentes grados de intensidad.

Los niños nacidos en familias con un nivel socioeconómico bajo generalmente carecen de oportunidades. Cuando son adultos, estos niños tienen acceso al mercado laboral con brechas de habilidades considerables, que a su vez se traducen en importantes diferencias de ingresos a lo largo de la vida. Los gobiernos hacen poca cosa para invertir estas tendencias. Allí donde los programas sociales sí existen, el gasto suele ser bajo y los programas a menudo tienen problemas de focalización considerables. La recaudación de impuestos sufre de un fuerte sesgo hacia los impuestos indirectos (por ejemplo, los impuestos al valor agregado), que son más regresivos que los impuestos sobre los ingresos o los beneficios. En este sentido, América Latina ha adoptado escasas medidas a favor de la redistribución. Además, la calidad de los servicios públicos (como la educación, la seguridad, la salud y el transporte público) es baja, lo que genera un círculo vicioso que alimenta la transmisión intergeneracional de la desigualdad.

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Las desigualdades comienzan temprano en la vida, incluso antes del nacimiento. Se exacerban durante la infancia y la adolescencia, y, como consecuencia, los niños de diferentes contextos tienen oportunidades desiguales para crecer y desarrollarse. La falta de oportunidades para los niños de hogares con ingresos bajos y medios durante estos años cruciales se traduce en brechas del ingreso cuando esos niños se convierten en adultos y en una elevada persistencia de la desigualdad del ingreso entre generaciones.

La desigualdad de oportunidades debido a los antecedentes familiares existe en todos los países del mundo, pero en América Latina la brecha de oportunidades entre los niños ricos y pobres es mayor que en otras regiones. Además, los latinoamericanos son conscientes del problema, pues una tercera parte de las familias de América Latina creen que sus hijos no tienen oportunidades para crecer y aprender todos los días, en comparación con solo el 14 % de los hogares en los países de la OCDE.

Un comienzo saludable en la vida tiene efectos positivos a largo plazo en términos de nivel educativo y de salarios. El Capítulo 6 muestra que la región ha logrado enormes progresos en cuidados prenatales mediante la ampliación de los servicios de atención primaria en las zonas rurales y periurbanas. A comienzos de los años noventa, la brecha entre las familias de ingresos bajos y altos en prácticas prenatales rutinarias, como las visitas al médico y los análisis de orina y sangre durante el embarazo, era considerable. Con la ampliación de la cobertura sanitaria a los hogares informales mediante sistemas no contributivos, esta brecha ha disminuido rápidamente en las últimas décadas. Paralelamente, en términos generales la mortalidad por debajo de los cinco años ha disminuido drásticamente, al igual que la brecha de la mortalidad infantil entre ricos y pobres. Sin embargo, los niños nacidos antes de 1990, que tuvieron menos acceso a los servicios sanitarios al igual que sus madres, actualmente se encuentran en el mercado laboral y sufren las consecuencias del acceso desigual a la atención sanitaria que tuvieron durante su infancia. Además, las brechas socioeconómicas en el acceso a la atención sanitaria todavía son grandes: entre 2010 y 2015, las tasas de mortalidad por debajo de los cinco años de los hijos de madres con un nivel educativo alto eran la mitad de las tasas de los hijos de madres con un nivel educativo bajo.

El Capítulo 6 también ilustra cómo están surgiendo nuevos retos para los sistemas de salud de la región. Dado que la esperanza de vida al nacer ha aumentado desde los 60 años en los años setenta a los 75 años en 2019, un conjunto nuevo de enfermedades ha adquirido mayor importancia. Las enfermedades infecciosas, maternas y neonatales eran las principales causas de la baja esperanza de vida antes de los años noventa. Hoy en día, son más prevalentes las enfermedades no transmisibles como la obesidad, la diabetes, la hipertensión y el colesterol alto, sobre todo entre los más pobres y con menor nivel educativo. Esto también tiene consecuencias para la desigualdad del ingreso, dado que en la región prácticamente no existen redes de protección contra los shocks de salud.

Los niños de familias más ricas tienden a estar mejor preparados para la escuela que los niños de familias pobres. Al comenzar la escuela, los niños de contextos socioeconómicos altos tienen resultados considerablemente mejores que sus pares de contextos socioeconómicos bajos en desarrollo socioemocional, cognitivo y del lenguaje. Estas brechas no se cierran durante los años escolares. Hacia el tercer grado, un niño del 20 % inferior de la distribución del ingreso acusa un rezago equivalente a 1,5 años escolares en comparación con un niño del 20 % superior. Cuando los niños tienen 15 años la brecha es aún mayor y representa más de dos años del progreso natural de un alumno normal. Y estas brechas ni siquiera tienen en cuenta a los niños más pobres, muchos de los cuales ya no van a la escuela hacia los 15 años. La brecha en la matriculación en la escuela secundaria entre los quintiles superior e inferior de la distribución del ingreso es de 17 puntos porcentuales.

Estas brechas de habilidades acumuladas son exacerbadas por un mercado laboral caracterizado por una alta informalidad del empleo y una alta variabilidad en la calidad de los empleadores potenciales. El capital humano es un determinante crucial del éxito en el mercado laboral, ya sea medido mediante mayores salarios o a través del acceso a empleos mejores con beneficios añadidos como pensiones, seguro de salud y (en algunos países) redes de protección contra el riesgo de desempleo. Los trabajadores con habilidades diferentes acaban trabajando para empresas distintas y las diferencias de productividad entre las empresas son altas según los estándares internacionales, incluso en sectores estrechamente definidos.

Dado que las empresas comparten las rentas con sus trabajadores, el emparejamiento de trabajadores altamente cualificados con empresas de calidad elevada exacerba las diferencias salariales entre los trabajadores con niveles distintos de habilidades. Además, las medidas correctivas que intentan comprimir la estructura salarial, como los requisitos de salario mínimo, tienen un impacto limitado debido a la prevalencia del empleo informal y al no cumplimiento de dichos requisitos.

Asimismo, hay una diferencia crucial entre América Latina y un grupo de países de la OCDE-UE, a saber, la intensidad de la redistribución del ingreso. A través de los impuestos y el gasto público, América Latina reduce la desigualdad en menos del 5 %, y la OCDE-UE la reduce en un 38 %. Por lo tanto, los gobiernos de América Latina son ocho veces menos efectivos que sus contrapartes de la OCDE y la UE en materia de reducción de la desigualdad.

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Esta incapacidad para redistribuir depende de tres factores.

El primer factor son las pensiones, uno de los principales instrumentos de redistribución de los países ricos. Dominados por los sistemas de reparto, la reducción promedio de la desigualdad atribuible a las pensiones es del 24% en la OCDE-UE. En América Latina y el Caribe, en cambio, los sistemas formales de pensiones son sumamente regresivos porque una parte importante de los trabajadores que entran y salen de empleos formales contribuyen mientras están empleados formalmente, pero no lo suficiente para obtener una pensión formal al jubilarse. El resultado es que millones de latinoamericanos carecen de una pensión. Para proteger a los más vulnerables, a lo largo de las dos últimas décadas se ha ampliado un sistema de pensiones no contributivas en la región, lo que compensa parcialmente el carácter regresivo del sistema contributivo en el contexto del empleo formal.

El segundo factor que explica la redistribución ineficiente es el gasto social, que es insuficiente y a menudo inefectivo. Los países de la OCDE-UE dedican cerca del 28% del PIB al gasto social, mientras que América Latina gasta la mitad. Y esto ocurre a pesar de los aumentos considerables de dicho gasto durante la década del 2000, pues este pasó de representar aproximadamente el 10% del PIB a mediados de los años noventa al 15% a mediados de la década del 2010. Muchos de los gastos situados bajo el paraguas del gasto social no llegan a los pobres y vulnerables. Por ejemplo, cerca de tres cuartas partes de los subsidios energéticos llegan al 60% más rico de la población. Se observan otras «filtraciones» similares en las normas fiscales que tienen un objetivo social, como las exenciones por los gastos de alimentación, medicación y vivienda. El cambio de los subsidios de los precios a los subsidios directos del ingreso focalizados en los pobres y las clases medias bajas proporcionaría una redistribución mucho más efectiva por dólar gastado.

El tercer factor es la evasión fiscal. La redistribución mediante los impuestos ha sido escasa en la región debido a los elevados niveles de evasión y fraude fiscal o, dicho de otro modo, a la limitada capacidad de los gobiernos de reducir el fraude y detectar y castigar la evasión.

* Este libro se publicó bajo una licencia Creative Commons de atribución-no comercial-sin obra derivada