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En enero de 2016 se inició un proceso sin precedentes en el sector agropecuario del país. La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) perdió la administración de los recursos parafiscales que aportan los productores para financiar actividades tan importantes como la vacunación contra la fiebre aftosa. Era una responsabilidad que había tenido desde 1993 y que, luego de tres años de espinosas diferencias entre esa organización y el gobierno anterior, recuperó el pasado 4 de enero, cuando el Ministerio de Agricultura informó que contrató con ese gremio, por diez años, la administración de cerca de $90.000 millones anuales.
La representatividad de la Federación y el manejo que se dio a los recursos públicos en la cuenta parafiscal fueron algunos de los aspectos que pusieron en cuestión la Contraloría General de la República y el Ministerio de Agricultura y que llevaron al entonces titular de la cartera, Aurelio Iragorri, a finales de 2015, a no renovar el contrato con Fedegán. El Gobierno, acto seguido, asumió temporalmente la administración del dinero, por medio de Fiduagraria. Al tiempo, el Fondo Nacional del Ganado (FNG), como se denominaba, atravesaba por un proceso de insolvencia en la Supersociedades, que terminó en la liquidación, sui géneris, de una cuenta parafiscal.
La Contraloría advirtió, por ejemplo, que los recursos públicos se habían puesto en riesgo al servir de garantía de las deudas de los frigoríficos Friogán, propiedad en un 78,67 % del FNG. En defensa de la administración, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, no solo explicó las razones que llevaron a la crisis de los frigoríficos —entre las que se cuentan el incumplimiento del Gobierno de poner en marcha las nuevas normas sanitarias y la crisis con Venezuela—, sino que insistía en que Friogán era mayoritariamente de los ganaderos y que todas las decisiones del Fondo eran avaladas en la junta directiva, presidida por el Ministerio de Agricultura.
Por meses se extendió una disputa entre gobierno y gremio, en la que para el primero era impresentable que el fondo hubiera terminado en insolvencia. Del otro lado, Lafaurie señaló una y otra vez que todo era una represalia por su posición en contra del proceso de paz con las Farc.
“Hace tres años, un gobierno que se decía democrático, en complicidad con un contralor que se decía adalid de la transparencia, le asestó a Fedegán un golpe de mano, envileciendo la ley y las instituciones para utilizarlas como instrumento de retaliación contra un gremio cuyo único pecado fue no callar”, escribió Lafaurie Rivera el viernes. “Cesó la horrible noche de Fedegán”, añadió.
“Solo existe una agremiación en el sector ganadero bovino y bufalino de carne y leche que cumple con los criterios de representatividad nacional y organización y estructura democrática, la cual es Fedegán, gremio que fungió como administrador de la cuota parafiscal ganadera durante 22 años”, dijo el ministro de Agricultura, Andrés Valencia. En rueda de prensa, explicó que, “mediante un trabajo de campo”, el Ministerio evaluó el grado de representatividad de los gremios que podrían administrar la cuota parafiscal. Afirmó que la conclusión condujo a Fedegán, por estar presente en 25 departamentos, 17 de los cuales concentran el 92 % del hato ganadero del país.
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El resultado es, entonces, muy diferente del que en su momento calculó el Ministerio de Juan Camilo Restrepo, según el cual Fedegán no representaba a más del 15 % de los ganaderos y lecheros que aportan la cuota. El mismo Restrepo manifestó su crítica a la decisión del actual ministro Valencia: “(en) jurisprudencias del Consejo de Estado y de los tribunales administrativos se había dicho que si el gobierno readjudicaba manejo del fondo de la carne y de la leche debería hacerlo de acuerdo con la ley del plan (de desarrollo) y mediando licitación pública. No se hizo así. Faltó transparencia”, expresó en su cuenta de Twitter.
“Las colectividades beneficiarias de contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras también podrán administrar estos recursos a través de sociedades fiduciarias, previo contrato especial con el Gobierno nacional”, estableció el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 en su artículo 106. El gobierno anterior dio inicio a procesos licitatorios para escoger al nuevo administrador, que finalmente no prosperaron. Las demoras se debieron, entre otros factores, a la espera de un concepto del Consejo de Estado sobre si Fedegán podía o no participar en un proceso de ese tipo.
El alto tribunal en 2018 respondió que no había nada que impidiera que ese gremio pujara para quedarse con la administración de los recursos. Ahora, el ministro Andrés Valencia explica que su cartera encontró que el proceso de selección estaba en “etapa de prepliegos”, para los que “nunca se hizo otra gestión”, y generó inquietudes que el Ministerio anterior no pudo contestar. Afirmó que después de revisar las leyes y la jurisprudencia, de evaluar la representatividad de Fedegán y de tener en cuenta que la administración temporal que tenía el gobierno terminó el 3 de enero, la mejor opción fue contratar con ese gremio nuevamente.
Fedegán recibe la administración de los parafiscales mientras el país busca recuperar el estatus de libre de fiebre aftosa con vacunación, el cual perdió el año pasado luego de que la enfermedad reapareció en territorio colombiano. El ministro calificó de “coincidencia” que los nuevos brotes del virus se hubieran presentado al tiempo que el Gobierno detentaba el manejo de los recursos públicos de los ganaderos. “Hubo una concentración del gasto para todo lo que tiene que ver con sanidad animal”, dijo, “y eso no se tradujo o se reflejó en el mejoramiento del estatus”.
Javier Ardila, gerente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (Analac), afirmó que durante la administración en Fiduagraria hubo mejoría en el programa de vacunación, pero que el aumento del contrabando es lo que ha impedido derrotar la fiebre aftosa. En todo caso, opinó que es preferible que el manejo de los recursos esté en Fedegán y no en el Gobierno, que durante tres años manejó “a discreción” esa cuenta parafiscal. Manifestó su inconformidad con el evidente manejo político que se le ha dado a un asunto cuyo único interés debería ser el del bienestar ganadero.
Según Ardila, de ahora en adelante debería haber políticas de unión, sobre todo teniendo en cuenta que se vienen tiempos difíciles: una temporada de heladas, un fenómeno de El Niño, el aumento de costos por cuenta del incremento en el salario mínimo y un dólar caro que incide en los insumos del productor. Si bien la firma del nuevo contrato de administración marca un hito en el transcurso de esta historia, lo cierto es que los retos en el sector no terminan y las decisiones y acciones que se tomen en la próxima década tendrán un impacto en la vida de 500.000 familias que en Colombia viven de la ganadería.