¿Por qué la orden de suspender obras en Hidroituango se conoce 28 días después?

Este viernes se supo que a través de una resolución firmada el 1° de junio la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ordenó la suspensión de las actividades regulares en el proyecto hidroeléctrico Ituango. La orden, sin embargo, no cobija los trabajos que tiendan a garantizar la integralidad de la obra ni a prevenir o mitigar riesgos del proyecto o ambientales. Hidroituango, además, deberá contratar uno o varios expertos que den un dictamen confiable de la situación, sobre lo que la ANLA posteriormente tomará decisiones de fondo.

Ahora bien, ¿por qué la resolución se conoce más de tres semanas después de firmada? Alrededor gravitan, además, factores como que Iván Duque, siendo ya presidente electo, hubiera visitado las obras, ubicadas en el norte de Antioquia, sin que se dijera nada al respecto.

Según fuentes cercanas al proceso, que prefirieron el anonimato, la idea de ordenar suspender los trabajos estuvo en la mesa de discusión en varias ocasiones, hasta que el consejo de ministros y la Presidencia decidieron que la resolución debía escribirse.

La orden llegó a la ANLA, donde se redactó el documento de 31 páginas. Después de varias revisiones en diferentes despachos de la entidad, el archivo llegó a la oficina de la directora, Claudia Victoria González, quien la firmó, un paso clave para notificar y publicar la decisión.

El documento quedó listo para comunicar a diferentes entidades, como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, la Gobernación de Antioquia y, por supuesto, Hidroituango, el 1° de junio. Las fuentes cercanas al proceso le explicaron a El Espectador que, literalmente, quedó engavetada. “Sin el permiso de la presidencia, no podíamos notificar a EPM”, señaló una funcionaria de la Autoridad, quien añadió que esa revisión tardó varias semanas por razones que la ANLA nunca conoció.

“La respuesta que nos daban los ministerios es que teníamos que esperar o que todavía no era el momento de publicar la resolución”, insistió la funcionaria.

Lea también: Autoridades bajan los niveles de alerta por Hidroituango

Por su parte, Empresas Públicas de Medellín (EPM), responsable del desarrollo del proyecto, emitió un comunicado en el que afirma que fue notificada de la decisión de la ANLA el jueves 28 de junio en la tarde. Hace énfasis en que la resolución no tumba la vigencia de la licencia ambiental.

“De acuerdo con esta medida, EPM debe continuar realizando las acciones que ha venido ejecutando”, añadió la empresa.

Este viernes se supo que a través de una resolución firmada el 1° de junio la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ordenó la suspensión de las actividades regulares en el proyecto hidroeléctrico Ituango. La orden, sin embargo, no cobija los trabajos que tiendan a garantizar la integralidad de la obra ni a prevenir o mitigar riesgos del proyecto o ambientales. Hidroituango, además, deberá contratar uno o varios expertos que den un dictamen confiable de la situación, sobre lo que la ANLA posteriormente tomará decisiones de fondo.

Ahora bien, ¿por qué la resolución se conoce más de tres semanas después de firmada? Alrededor gravitan, además, factores como que Iván Duque, siendo ya presidente electo, hubiera visitado las obras, ubicadas en el norte de Antioquia, sin que se dijera nada al respecto.

Según fuentes cercanas al proceso, que prefirieron el anonimato, la idea de ordenar suspender los trabajos estuvo en la mesa de discusión en varias ocasiones, hasta que el consejo de ministros y la Presidencia decidieron que la resolución debía escribirse.

La orden llegó a la ANLA, donde se redactó el documento de 31 páginas. Después de varias revisiones en diferentes despachos de la entidad, el archivo llegó a la oficina de la directora, Claudia Victoria González, quien la firmó, un paso clave para notificar y publicar la decisión.

El documento quedó listo para comunicar a diferentes entidades, como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, la Gobernación de Antioquia y, por supuesto, Hidroituango, el 1° de junio. Las fuentes cercanas al proceso le explicaron a El Espectador que, literalmente, quedó engavetada. “Sin el permiso de la presidencia, no podíamos notificar a EPM”, señaló una funcionaria de la Autoridad, quien añadió que esa revisión tardó varias semanas por razones que la ANLA nunca conoció.

“La respuesta que nos daban los ministerios es que teníamos que esperar o que todavía no era el momento de publicar la resolución”, insistió la funcionaria.

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Por su parte, Empresas Públicas de Medellín (EPM), responsable del desarrollo del proyecto, emitió un comunicado en el que afirma que fue notificada de la decisión de la ANLA el jueves 28 de junio en la tarde. Hace énfasis en que la resolución no tumba la vigencia de la licencia ambiental.

“De acuerdo con esta medida, EPM debe continuar realizando las acciones que ha venido ejecutando”, añadió la empresa.