"POT deben dejar de privilegiar lo urbano": Julio Berdegué

Julio Berdegué es investigador principal del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Rimisp. Ha sido invitado por el Departamento Nacion al de Planeación como ponente del seminario “Colombi a, hacia la planeación de territorios modernos”, que se realiza hoy en Bogotá. En entrevista con El Espectador, Berdegué explica por qué la complejidad del entorno rural va más allá del sector de la agricultura y su planteamiento de poner en marcha un ordenamiento territorial integral y participati vo.

¿Qué cambios urgentes sugiere a la política de ordenamiento territorial en nuestro país, particularmente en el sector rural?

Hay que incorporar con mucha fuerza los vínculos rurales-urbanos en el municipio: cómo se facilitarán esas relaciones, los flujos de productos, servicios, servicios ambientales, trabajadores, entre el campo y la ciudad en cada municipio. Además, los municipios no son planetas aislados, sino que se relacionan fuertemente entre sí, dependen unos de otros. Los POT tienen que tener eso en cu enta, pensar cómo cada municipio se vincula mejor con sus vecinos y con los territorios y regiones que integra. También es relevante dar tanta o más importancia al proceso que al producto final, a cómo se hacen los POT, quién los hace, quién participa, qué se discute o cómo. Finalmente, aprovechar este ejercicio para impulsar un debate más amplio sobre cómo nos aseguramos que lo que se decida y se plasme en los POT se fiscalice, se cumpla, y lo que no se cumpla, se sancione.

¿Cuáles son las principales problemáticas que enfrenta Colombia en materia de ordenamiento territorial en el área rural y qué debe hacer para superarlas?

El fuerte sesgo urbano en el diseño y la implementación de los instrumentos de ordenamiento territorial para la planificación del territorio. Las decisiones de los responsables territoriales han privilegiado el ordenamiento urbano, lo que ha dejado por fuera los suelos rurales, como si estos no hicieran parte de un mismo territorio. Desconocen así la unidad urbano-rural, que complementa la gestión del territorio y que facilita el desarrollo integral de las comunidades. Para superarlo, se debe cambiar la perspectiva predominantemente urbana del territorio. También, incorporar la participación ciudadana para que el ordenamiento territorial responda a las necesidades de sus habitantes y que sean actores activos de su propio desarrollo. Se deben crear los mecanismos normativos, institucionales y operativos que incentiven y faciliten el ordenamiento del suelo rural, desde las órbitas municipal, departamental y regional.

¿Qué debe hacer Colombia para promover un desarrollo equitativo entre la ciudad y el campo?

Las políticas deben contemplar el desarrollo rural como un proceso integral, que supere la visión asistencialista y que considere a los habitantes del campo como agentes de desarrollo y sujetos de derecho. Para ello, es importante aplicar mecanismos que aseguren que los habitantes rurales y sus actividades cuentan con la provisión y dotación de bienes y servicios que potencian y favorecen el desarrollo rural con enfoque territorial. Se deben desarrollar instrumentos adaptables y flexibles a la ruralidad, que busquen la convergencia campo-ciudad. Considero que, en este sentido, los acuerdos de La Habana ayudarán a Colombia a construir el camino para hacer el campo más equitativo.

¿Cómo hacer del campo un espacio planificado y atractivo para las inversiones?

Es necesario fortalecer la gobernanza desde un enfoque territorial, para que haya capacidad de identificar y proveer las herramientas que permitan usar y ocupar los territorios rurales de manera coherente con el desarrollo económico y social, con la provisión sostenible de bienes y servicios ambientales, con seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra y, en general, de las decisiones que se toman sobre el territorio. También se requiere que existan mecanismos formales e informales que ayuden a resolver los conflictos territoriales y armonizar las decisiones de los órdenes nacional, regional y territorial. Ordenar el territorio rural implica ordenar la propiedad y el uso de los suelos rurales, no sólo los agropecuarios. Por supuesto, hay que facilitar que quienes tienen poca tierra puedan acceder a una mayor dotación, y sobre esto hay propuestas muy interesantes en el informe de la Misión Rural. Si no se ordena la propiedad de la tierra y su función social, es muy difícil que alguien invierta en serio.

Mucho se ha insistido en el cierre de brechas y en el ordenamiento como parte del desarrollo rural. ¿Qué países en Latinoamérica son hoy ejemplos de esta realidad?

Que hayan resuelto globalmente el problema, ninguno. Hay partes o componentes en los que algún país tiene camino avanzado, quizá con éxito. México, por ejemplo, desde mediados de 1990 hizo un enorme esfuerzo de regularizar, catastrar, registrar y formalizar la totalidad de lo que en ese país se llama la “propiedad social”, es decir, los tejidos que habían resultado de la reforma agraria de la Revolución mexicana y las comunidades indígenas. Hoy, la propiedad social, que es como el 60 % del territorio mexicano, está perfectamente ordenada y sin mayores conflictos, gracias a un programa que se llamó Procede. En Chile, cada región y cada municipio tienen al día sus planes de ordenamiento, y estos abarcan más o menos en forma razonable las zonas urbanas y las rurales. En lo formal, la institucionalidad opera muy bien. Otra cosa es si nos preguntamos qué tanto efecto tienen esos planes en regular efectivamente las inversiones públicas y privadas.

¿Cómo puede el ordenamiento territorial dar fin al debate sobre los derechos de propiedad de la tierra en Colombia?

Por sí solos, los POT no pueden poner fin al debate sobre los derechos de propiedad de la tierra. Pero como una pieza de un sistema institucional mayor, harán un aporte. Otras piezas son el catastro, el registro y la formalización masiva de la propiedad; el establecimiento de mecanismos ágiles y eficaces de resolución de conflictos; los usos legítimos y legales de uso del suelo, y contar con formas institucionalizadas para coordinar los distintos instrumentos de planeación que dictan resoluciones sobre un mismo territorio, por ejemplo, la legislación minera, ambiental y agraria, entre otras.

Con o sin proceso de paz, ¿por qué debe ser prioridad impulsar la política de desarrollo rural?

Allí vive un tercio de la población de Colombia, incluyendo a los más pobres; se producen el agua y la comida; reside la biodiversidad; parte de la cultura nacional tiene raíces rurales, incluyendo buena parte de su música, su cocina o García Márquez; se da empleo y genera divisas. Allí nació el conflicto armado y allí se tiene que terminar; se produce la coca, la tala de bosques y la minería ilegales que financian el crimen y la delincuencia. Colombia no puede ser un país moderno y desarrollado si su parte rural permanece en el subdesarrollo.

La vocación agrícola en Colombia cambió en varias regiones. Departamentos que por tradición eran cafeteros hoy ya no lo son. Esto significa que el mapa territorial está cambiando. ¿Cómo puede un plan de ordenamiento potencializar las nuevas dinámicas productivas?

Si los POT son para hacer la contabilidad de lo que ya pasó, mejor ahorrarse el dinero; eso no sirve para nada. Los POT deben ser un proceso, más que un producto, en el que la sociedad local piensa su futuro, discute las distintas opciones y finalmente resuelve. El documento y los mapas finales deben ser ante todo una especie de “acta de acuerdos” sobre ese futuro o, con más precisión, sobre la asignación y el uso del espacio del territorio para apoyar ciertas tendencias, frenar otras y mitigar los impactos de aquellas que fueron importantes, pero que están dejando de serlo. Los POT no pueden ser un ejercicio tecnocrático, en el que los expertos deciden lo que conviene o no. Por supuesto, la técnica tiene un papel, pero ese papel es informar, analizar opciones, medir costos y beneficios, para aportar insumos a las decisiones de quienes tienen que decidir, las autoridades departamentales y municipales y los actores sociales. Un POT que no haya dialogado con el sector privado, con las comunidades indígenas, con los campesinos o inversionistas en vivienda es una fantasía y no vale el papel en que está escrito.

Julio Berdegué es investigador principal del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Rimisp. Ha sido invitado por el Departamento Nacion al de Planeación como ponente del seminario “Colombi a, hacia la planeación de territorios modernos”, que se realiza hoy en Bogotá. En entrevista con El Espectador, Berdegué explica por qué la complejidad del entorno rural va más allá del sector de la agricultura y su planteamiento de poner en marcha un ordenamiento territorial integral y participati vo.

¿Qué cambios urgentes sugiere a la política de ordenamiento territorial en nuestro país, particularmente en el sector rural?

Hay que incorporar con mucha fuerza los vínculos rurales-urbanos en el municipio: cómo se facilitarán esas relaciones, los flujos de productos, servicios, servicios ambientales, trabajadores, entre el campo y la ciudad en cada municipio. Además, los municipios no son planetas aislados, sino que se relacionan fuertemente entre sí, dependen unos de otros. Los POT tienen que tener eso en cu enta, pensar cómo cada municipio se vincula mejor con sus vecinos y con los territorios y regiones que integra. También es relevante dar tanta o más importancia al proceso que al producto final, a cómo se hacen los POT, quién los hace, quién participa, qué se discute o cómo. Finalmente, aprovechar este ejercicio para impulsar un debate más amplio sobre cómo nos aseguramos que lo que se decida y se plasme en los POT se fiscalice, se cumpla, y lo que no se cumpla, se sancione.

¿Cuáles son las principales problemáticas que enfrenta Colombia en materia de ordenamiento territorial en el área rural y qué debe hacer para superarlas?

El fuerte sesgo urbano en el diseño y la implementación de los instrumentos de ordenamiento territorial para la planificación del territorio. Las decisiones de los responsables territoriales han privilegiado el ordenamiento urbano, lo que ha dejado por fuera los suelos rurales, como si estos no hicieran parte de un mismo territorio. Desconocen así la unidad urbano-rural, que complementa la gestión del territorio y que facilita el desarrollo integral de las comunidades. Para superarlo, se debe cambiar la perspectiva predominantemente urbana del territorio. También, incorporar la participación ciudadana para que el ordenamiento territorial responda a las necesidades de sus habitantes y que sean actores activos de su propio desarrollo. Se deben crear los mecanismos normativos, institucionales y operativos que incentiven y faciliten el ordenamiento del suelo rural, desde las órbitas municipal, departamental y regional.

¿Qué debe hacer Colombia para promover un desarrollo equitativo entre la ciudad y el campo?

Las políticas deben contemplar el desarrollo rural como un proceso integral, que supere la visión asistencialista y que considere a los habitantes del campo como agentes de desarrollo y sujetos de derecho. Para ello, es importante aplicar mecanismos que aseguren que los habitantes rurales y sus actividades cuentan con la provisión y dotación de bienes y servicios que potencian y favorecen el desarrollo rural con enfoque territorial. Se deben desarrollar instrumentos adaptables y flexibles a la ruralidad, que busquen la convergencia campo-ciudad. Considero que, en este sentido, los acuerdos de La Habana ayudarán a Colombia a construir el camino para hacer el campo más equitativo.

¿Cómo hacer del campo un espacio planificado y atractivo para las inversiones?

Es necesario fortalecer la gobernanza desde un enfoque territorial, para que haya capacidad de identificar y proveer las herramientas que permitan usar y ocupar los territorios rurales de manera coherente con el desarrollo económico y social, con la provisión sostenible de bienes y servicios ambientales, con seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra y, en general, de las decisiones que se toman sobre el territorio. También se requiere que existan mecanismos formales e informales que ayuden a resolver los conflictos territoriales y armonizar las decisiones de los órdenes nacional, regional y territorial. Ordenar el territorio rural implica ordenar la propiedad y el uso de los suelos rurales, no sólo los agropecuarios. Por supuesto, hay que facilitar que quienes tienen poca tierra puedan acceder a una mayor dotación, y sobre esto hay propuestas muy interesantes en el informe de la Misión Rural. Si no se ordena la propiedad de la tierra y su función social, es muy difícil que alguien invierta en serio.

Mucho se ha insistido en el cierre de brechas y en el ordenamiento como parte del desarrollo rural. ¿Qué países en Latinoamérica son hoy ejemplos de esta realidad?

Que hayan resuelto globalmente el problema, ninguno. Hay partes o componentes en los que algún país tiene camino avanzado, quizá con éxito. México, por ejemplo, desde mediados de 1990 hizo un enorme esfuerzo de regularizar, catastrar, registrar y formalizar la totalidad de lo que en ese país se llama la “propiedad social”, es decir, los tejidos que habían resultado de la reforma agraria de la Revolución mexicana y las comunidades indígenas. Hoy, la propiedad social, que es como el 60 % del territorio mexicano, está perfectamente ordenada y sin mayores conflictos, gracias a un programa que se llamó Procede. En Chile, cada región y cada municipio tienen al día sus planes de ordenamiento, y estos abarcan más o menos en forma razonable las zonas urbanas y las rurales. En lo formal, la institucionalidad opera muy bien. Otra cosa es si nos preguntamos qué tanto efecto tienen esos planes en regular efectivamente las inversiones públicas y privadas.

¿Cómo puede el ordenamiento territorial dar fin al debate sobre los derechos de propiedad de la tierra en Colombia?

Por sí solos, los POT no pueden poner fin al debate sobre los derechos de propiedad de la tierra. Pero como una pieza de un sistema institucional mayor, harán un aporte. Otras piezas son el catastro, el registro y la formalización masiva de la propiedad; el establecimiento de mecanismos ágiles y eficaces de resolución de conflictos; los usos legítimos y legales de uso del suelo, y contar con formas institucionalizadas para coordinar los distintos instrumentos de planeación que dictan resoluciones sobre un mismo territorio, por ejemplo, la legislación minera, ambiental y agraria, entre otras.

Con o sin proceso de paz, ¿por qué debe ser prioridad impulsar la política de desarrollo rural?

Allí vive un tercio de la población de Colombia, incluyendo a los más pobres; se producen el agua y la comida; reside la biodiversidad; parte de la cultura nacional tiene raíces rurales, incluyendo buena parte de su música, su cocina o García Márquez; se da empleo y genera divisas. Allí nació el conflicto armado y allí se tiene que terminar; se produce la coca, la tala de bosques y la minería ilegales que financian el crimen y la delincuencia. Colombia no puede ser un país moderno y desarrollado si su parte rural permanece en el subdesarrollo.

La vocación agrícola en Colombia cambió en varias regiones. Departamentos que por tradición eran cafeteros hoy ya no lo son. Esto significa que el mapa territorial está cambiando. ¿Cómo puede un plan de ordenamiento potencializar las nuevas dinámicas productivas?

Si los POT son para hacer la contabilidad de lo que ya pasó, mejor ahorrarse el dinero; eso no sirve para nada. Los POT deben ser un proceso, más que un producto, en el que la sociedad local piensa su futuro, discute las distintas opciones y finalmente resuelve. El documento y los mapas finales deben ser ante todo una especie de “acta de acuerdos” sobre ese futuro o, con más precisión, sobre la asignación y el uso del espacio del territorio para apoyar ciertas tendencias, frenar otras y mitigar los impactos de aquellas que fueron importantes, pero que están dejando de serlo. Los POT no pueden ser un ejercicio tecnocrático, en el que los expertos deciden lo que conviene o no. Por supuesto, la técnica tiene un papel, pero ese papel es informar, analizar opciones, medir costos y beneficios, para aportar insumos a las decisiones de quienes tienen que decidir, las autoridades departamentales y municipales y los actores sociales. Un POT que no haya dialogado con el sector privado, con las comunidades indígenas, con los campesinos o inversionistas en vivienda es una fantasía y no vale el papel en que está escrito.