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A pesar de que en América Latina el desarrollo industrial ha sido escaso —exceptuando los casos de Argentina, Brasil y México—, los sindicatos fueron instituciones útiles para introducir avances significativos en la calidad de vida de los y las trabajadoras. Especialmente antes de la década de 1990, los sindicatos de tipo corporativo fueron bastante influyentes en la arena estatal y asumieron la defensa del lugar y el puesto de trabajo.
Sin embargo, después de 1990, un nuevo tipo de relacionamiento entre las empresas y el Estado les restó importancia a los sindicatos. El Congreso empezó a aprobar leyes para flexibilizar y desregular las relaciones laborales, y la seguridad social entró en declive. Este proceso se dio, al menos, en tres momentos, que corresponden a la promulgación de tres leyes: 1) Ley 50 de 1990, 2) Ley 100 de 1993, y 3) Ley 789 de 2002.
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Esta última norma sentó las bases para la precariedad laboral que existe en la Colombia actual. Por precariedad laboral entendemos “las prácticas y condiciones en que se desarrolla un vínculo salarial dependiente de un mercado laboral específico”. En ese vínculo convergen la pérdida de identidad con el mundo del trabajo, la alta rotación de personal, la disminución del salario real, y de la calidad de vida de las capas medias, altamente calificadas.
Más allá de lo laboral
La precariedad laboral es un fenómeno social que trasciende la esfera laboral. Para dar cuenta de este fenómeno no basta con aludir a la clásica relación trabajo-salario-instituciones. En este fenómeno también intervienen nuevos actores como la familia, las redes personales, las redes académicas, entre otras.
Hoy nos enfrentamos a la ruptura intergeneracional del modelo productivo que trajo consigo la generación que vio su madurez laboral entre las décadas de 1970 y 1980. Nuestra generación, que tiene entre 25 y 35 años, es una de las mejor formadas de la historia. Y, sin embargo, su calidad de vida no es sustancialmente mejor que la de generaciones anteriores. Eso quiere decir que la promesa del aumento de la calidad de vida a través de la educación está rota.
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Pruebas de lo anterior se encuentran a lo largo y ancho del país. Hombres y mujeres profesionales, incluso especialistas y maestros, deben buscar dos o tres trabajos simultáneos para pagar una deuda. Una ingente masa de jóvenes, empleados por el aparato estatal, deben esperar seis meses, en promedio, para que sus salarios lleguen a sus cuentas bancarias, a pesar de culminar con los productos establecidos en el contrato. Y muchos profesores universitarios no pueden vivir con comodidad de la academia.
La movilización social
Todo lo anterior ha intensificado el malestar social durante años. Pero este tocó fondo a finales de 2019, cuando fue inminente que el gobierno de Iván Duque presentaría reformas económicas, supuestamente, para acelerar el crecimiento económico, asegurar la sostenibilidad fiscal y reducir el desempleo.
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Las movilizaciones sociales que resultaron de ese malestar muestran la complejidad de las disputas alrededor del mundo del trabajo. Las reformas laboral y pensional que se avecinan son un punto neurálgico en la tensión entre el Estado, el sector privado y la sociedad movilizada. En esas reformas se definirá la manera como se desarrollará la vinculación al mercado laboral, las condiciones en que esta se dará y su futuro generacional.
Las recientes movilizaciones sociales tuvieron tres características principales:
1. La diversidad de actores
Anteriormente, la movilización social se había entendido como una herramienta de los sectores populares y los sindicatos, pero en las movilizaciones del 21 de noviembre y las siguientes, un gran número de personas –de todas las clases sociales– manifestaron sus reclamos. El mejor ejemplo de lo anterior fue el cacerolazo que se dio, espontáneamente, la noche del 21 de noviembre en diferentes ciudades del país.
2. La causa económica
La movilización se originó en el rechazo que causaron las orientaciones económicas del Gobierno, en especial las contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en la Ley de Crecimiento Económico. Tanto el Plan Nacional de Desarrollo como la reforma tributaria redujeron el gasto público y la inversión social. Además, con el propósito de promover la formalización laboral, se ajustaron los ingresos salariales, los criterios para la vinculación a los sistemas de seguridad social y las cargas tributarias de las empresas.
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3. La causa laboral
Pero las movilizaciones también fueron una respuesta a las reformas pensional y laboral que alista el gobierno Duque. Aunque el Gobierno negó que haría esas reformas, recientemente ha dicho que son necesarias para hacer frente a los altos niveles de desempleo. En todo caso, la efectividad de las movilizaciones dependerá de cómo logren posicionarse en la agenda pública y superar los conflictos propios de un movimiento tan heterogéneo.
Un nuevo actor
Aunque la precariedad laboral no es nueva, la respuesta de la sociedad sí lo es. Las movilizaciones del año pasado, que siguen latentes, han ubicado a un nuevo actor en la agenda pública. La precarización laboral ha mostrado la crisis de los sectores medios, en particular de los y las jóvenes, que quieren vivir mejor que la generación de sus padres. Con el paso del tiempo será más difícil evadir los reclamos de este nuevo actor, en especial en asuntos relacionados con el mundo del trabajo.
* Docente-investigador de la Universidad de Ibagué y analista de Razón Pública.
** Investigador del grupo de investigación Política y Territorio de la Universidad Nacional y analista de Razón Pública.