Esta semana las declaraciones del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, generaron polémica, específicamente una frase en la que conectaba el incremento en los precios de los combustibles con las elecciones regionales del 29 de octubre.
Bonilla dijo que la administración del presidente Gustavo Petro seguirá nivelando los precios de la gasolina y que después de lograr un punto de equilibrio se contemplará la opción de incrementar el costo del diésel, combustible clave para el transporte de carga y de pasajeros.
“El precio del diésel va a empezar a incrementar después de nivelar el precio de la gasolina; nos quedan cuatro meses. (...) En noviembre empezamos a mirar si comenzamos a hacer algo con el diésel. Por lo pronto, no vamos a tocar el diésel en plena campaña electoral”, dijo el ministro de Hacienda.
Más allá de las críticas a nivel político, aumentar o no el precio de los combustibles es una decisión con importantes implicaciones económicas y que puede complicar el panorama inflacionario del país.
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¿Por qué sube el precio de la gasolina?
La política de ajuste de los precios de la gasolina corriente, en la que se embarcó el Gobierno Nacional desde septiembre del año pasado, busca cerrar progresivamente la brecha que existe entre el precio nacional e internacional y así reducir el déficit acumulado del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC).
El FEPC es, básicamente, un mecanismo mediante el cual, con el dinero público, se abarata artificialmente la gasolina y el diésel en el país, por debajo de los precios que se registran en el mercado internacional.
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Para finales del año pasado, el FEPC acumulaba un saldo de $32 billones, según las cuentas del Ministerio de Hacienda. De acuerdo con Marc Hofstetter, profesor de la Universidad de los Andes y columnista de este diario, “con los recursos que en los últimos tres años hemos destinado a ese subsidio habríamos podido construir dos líneas de metro subterráneas como la segunda que planea Bogotá”.
Los aumentos que planea el Gobierno le permitirían cerrar 2023 con un déficit de $26 billones y, de acuerdo con las cifras del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el déficit se debería extinguir en 2024.
En mayo, el ministro explicó que la gasolina va a seguir subiendo todos los meses hasta llegar a máximo $16.000. Con el alza de $600 de julio, el precio promedio para las 13 principales ciudades se ubica en $12.964 por galón.
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¿Por qué no ha subido el diésel?
El ministro Bonilla ha explicado en varios escenarios que las tarifas del diésel no se han ajustado para evitar costos adicionales en transporte de carga y de pasajeros. “Lo que tratamos de hacer es que el incremento pese lo menos posible en los colombianos de a pie y que solo llegue a los que tienen carro”, dijo en mayo.
Las cifras de inflación para junio, publicadas por el DANE el pasado lunes, mostraron una tendencia a la baja. En la variación anual, el Índice de Precios del Consumidor (IPC) llegó al 12,13 %. Si bien el descenso es más gradual de lo que se quisiera, hay razones para el optimismo, especialmente en el precio de los alimentos, una categoría fundamental y que, además, suele pegarles con más fuerza a los hogares más pobres y vulnerables, que son los que destinan una mayor porción de sus ingresos para comprar comida. Junio marcó el segundo mes consecutivo en el que los alimentos bajaron en su variación mensual.
Ahora bien, otros rubros han ido ganando protagonismo, especialmente el renglón de transporte y, en particular, la gasolina, por los ajustes del Gobierno.
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Un punto importante en esta conversación es que un posible aumento del diésel, como dijo Bonilla, le pegaría, en especial, a las familias de menores recursos, teniendo en cuenta que los alimentos podrían subir de precio por cuenta de mayores costos en el transporte de carga, eso sin contar los efectos en el transporte público.
Las cifras del DANE muestran que, en términos de clases sociales, se ha revertido el efecto que se venía presentando después de la pandemia, ya que los mayores crecimientos en las variaciones mensuales y año corrido en el IPC ahora se localizan en las familias de ingresos altos y de clase media. Un cambio en la ecuación (en este caso con el aumento del diésel) podría golpear a los más vulnerables.
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