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Un Presupuesto General para 2022 aforado en $350,4 billones pero recargado de nuevas propuestas que no deben exceder el monto aprobado por las Comisiones Económicas del Congreso comenzará a ser debatido en un primer debate.
Entre las bondades que se le pegan al arbolito de Navidad del Presupuesto se encuentran una que ya había sido anunciado en la ley de inversión social que es el relacionado con la ley de garantías. Esta propuesta está incluida en los 31 artículos nuevos que se sumaron a los inicialmente propuestos por el gobierno del presidente Duque.
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“A partir de la publicación de la presente ley, suspéndase el inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 y, en consecuencia, las entidades del orden nacional y las entidades territoriales podrán celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos”, dice la propuesta.
En la ponencia que será debatida este miércoles, se propone eliminar uno y modificar, mientras que 90 artículos se mantienen con la redacción inicial y se proponen 33 nuevas disposiciones. Es decir, que el proyecto del Presupuesto General de la Nación pasaría de tener 92 a 124 artículos.
Para 2022 se propone el monto de inversión más alto de los últimos años de $62,2 billones presionado por los gastos de la pandemia del Covid-19. Este crecimiento de los recursos para inversión en 2022 significa un aumento de 6,2% frente al monto de un año atrás.
Según la propuesta el monto de inversión permitirá atender a los sectores más vulnerables de la población priorizando las inversiones en salud, educación, inclusión social, minas y energía, trabajo y vivienda con recursos que alcanzan los $35 billones.
Para el sector transporte se destinan $10 billones para avanzar en las obras concesionadas que se están ejecutando en el país.
Otras “bolitas en el arbolito de Navidad”
Otras “propuestas” de los parlamentarios tienen que ver con subsidios para diferentes actividades.
Dice la propuesta que la Nación asignará un monto de recursos a cubrir el valor correspondiente a un 50% del costo de la energía eléctrica y gas natural que consuman los distritos de riego administrados por el Estado o por las Asociaciones de Usuarios debidamente reconocidos por el Ministerio de Agricultura.
Se podrá ampliar la cobertura del plan piloto de subsidios al GLP en cilindros para el beneficio de usuarios de comunidades indígenas y de usuarios de estratos 1 y 2, con el fin de hacer la sustitución del uso de la leña para cocinar.
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Se autoriza apoyar a los pequeños mineros en líneas de crédito con tasa compensada. Podrá apoyar la estructuración e implementación de proyectos productivos para la reconversión laboral de los pequeños mineros o de subsistencia, o para el fortalecimiento de la cadena productiva.
Se pide destinar $100 mil millones en el presupuesto de Inversión de la Aeronáutica Civil, con el propósito de que se adelanten los estudios, diseños, compra de lotes y obras necesarias para garantizar la ampliación de la pista del aeropuerto de Pereira. Igualmente, se propone destinar $50 mil millones para que se adelanten la compra de lotes y obras necesarias para mejorar el aeropuerto de Cartago (Valle del Cauca).
Otras proposiciones tienen que ver con la posibilidad de que, durante 2022, los afiliados al Régimen de Ahorro Individual o al de Prima Media, se puedan trasladar entre los dos sistemas. La autorización beneficiaría a los hombres mayores de 52 o mujeres mayores de 47 años, y que hayan cotizado como mínimo 750 semanas al Régimen de Prima Media.
Asimismo, una proposición incluida en la ponencia contempla que la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias – Covid 19, creada en el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres mediante el Decreto Legislativo 559 de 2020, tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.
También que se incorpore al Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2022 los saldos no comprometidos en la vigencia de 2021 financiados con los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) creado con el objeto de atender necesidades de recursos para la atención en salud.
Otras de las propuestas indican que se deben destinar recursos para la financiación o cofinanciación de los procesos catastrales con enfoque multipropósito a cargo de los municipios o distritos. Y que el ministerio de Agricultura sea la entidad competente para culminar los subsidios de vivienda rural otorgados antes de la entrada en vigor del artículo 255 de la Ley 1955 de 2019.