Esta semana se prevé que el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2025 entre a debate en el Congreso de la República. Lo propio hará la ley de financiamiento, a través de la cual el Gobierno espera recaudar $12 billones.
De fondo, la administración nacional buscará que el Congreso le apruebe un Presupuesto General por $511 billones. Cifra que, de ser aprobada la ley de financiamiento, ascendería a un gran total de $523 billones. El monto del proyecto del Presupuesto (sin la ley de financiamiento) implica un crecimiento de 1,5 % frente al monto presentado para 2024, de $503,2 billones.
A grandes rasgos, el Presupuesto contempla una baja en los recursos destinados a inversión, que pasarían de rozar los $100 billones en 2024 a $82,4 billones para el próximo año, una baja de 17,4 %, según las cifras del Ministerio de Hacienda; crece el servicio de la deuda, con un incremento de casi 20 % respecto al plan de gastos del 2023, y el funcionamiento se expande 6,2 % (llegando así a $327,9 billones).
La ley de financiamiento pondría $12 billones ayudarían a cuadrar las cuentas del Gobierno en el renglón del gasto, a través de una mayor carga tributaria a personas y empresas. A la fecha, no se conoce el articulado de esta suerte de reforma tributaria, pero el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha esbozado algunas de bases: se bajará la renta corporativa de las empresas (a excepción de las industrias extractivas) de manera paulatina y se pondrá bajo la lupa las rentas no laborales de las personas naturales.
¿Existen alternativas para evitar una mayor carga tributaria? Una investigación de Corficolombiana halló que hay entidades públicas con un notable incremento en financiación dentro del Presupuesto General para 2025 y que, con un plan de austeridad en materia de funcionamiento, podría evitarse el recaudo por $12 billones de la ley de financiamiento.
“Consideramos que existe margen para implementar un plan de austeridad que cubriría al menos los recursos de dicho proyecto (la ley de financiamiento), lo cual sería más conveniente, especialmente en un contexto de estancamiento económico. El ajuste fiscal debe realizarse a través de un recorte el gasto, y no por medio de más carga tributaria”, indica el documento.
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Los mayores incrementos en financiación
El estudio de Corficolombiana relaciona las entidades con mayor crecimiento en gastos de funcionamiento en el presupuesto de 2025. Se trata de un grupo de 18 entidades que presentaron, según Corficolombiana, un “crecimiento atípicamente alto”, con incrementos de más del 20 % en funcionamiento.
Estas 18 entidades suman un gasto de funcionamiento total de $5,9 billones, representando un incremento del 119,3 % respecto a 2024. Corficolombiana recomienda revisar estos incrementos de cara a un ahorro de unos $3 billones.
En detalle, las entidades con los mayores incrementos en el Presupuesto General de 2025 son: la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, que pasaría de tener $3.700 millones en funcionamiento en 2024 a $99.100 millones en 2025 (crecimiento del 2.604 %); la Agencia Nacional de Minería (ANM), que pasaría de $103.300 millones en 2024 a $372.500 millones en 2025 (260,7 %); la Registraduría Nacional del Estado Civil, que pasaría de $1.027 millones en 2024 a $3.088 millones en 2025; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (198,9 %); el Fondo Rotatorio del DANE (158,6 %); la Dirección Nacional de Bomberos (117,6 %), y la Junta Central de Contadores (93,8 %).
“Resaltamos que aún existen ciertas preguntas por los crecimientos tan altos en ciertas entidades y que podrían ser objeto de análisis luego de conocer un nivel de detalle más importante del PGN. En este grupo se encuentran: la Agencia Nacional de Minería, el Fondo Rotatorio del DANE, la Dirección Nacional de Bomberos, la Unidad Administrativa Especial (UAE) Junta Central de Contadores y la UAE Migración Colombia, donde sería razonable esperar ajustes más austeros, al menos alineados con la inflación proyectada”, indicó Corficolombiana.
La compañía recomienda implementar un plan de austeridad con una regla estándar, la cual limite el aumento del gasto de funcionamiento a la tasa de inflación proyectada para el cierre del año, con un máximo de dos puntos adicionales, resultando en un incremento cercano al 7,6 %.
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