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La Procuraduría General de la Nación calificó como una situación “sin precedentes” para el sector de minas y energía la falta de nombramientos de los expertos en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y el viceministro de Energía.
A través de una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, el Ministerio Público expuso que no se han realizado las investiduras de los seis expertos que, junto al ministro de Minas y Energía, el ministro de Hacienda y el DNP, tienen voz y voto en las decisiones de regulación que adelanta la CREG.
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“El tener los seis empleos comisionados encargados, cuyo término legal máximo vence en estos días, sin proveerlos definitivamente, afecta la garantía institucional objetiva y la toma de decisiones de manera oportuna”, se lee en la misiva firmada por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Mineroenergéticos y Agrarios y la Procuraduría Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial.
Así mismo, la entidad manifestó su preocupación respecto al Viceministerio de Energía, donde todavía no hay un titular en propiedad.
La Procuraduría señaló que la “falta de claridad y celeridad” del Gobierno en los nombramientos ha llevado a que la situación de las electrificadoras del país siga agravándose, con lo cual se ha evitado que estas empresas puedan anticiparse a los efectos del fenómeno de El Niño en el sistema eléctrico.
“Esos nombramientos asegurarían la autonomía y el rigor técnico en la toma de decisiones del sector energético “, indicó el Ministerio Público en su misiva al presidente.
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La crisis de las electrificadoras
Por otro lado, la Procuraduría dijo estar plenamente informada sobre el grave problema de liquidez de las comercializadoras de energía del país.
A la fecha, el Gobierno adeuda a las electrificadoras cerca de $7,2 billones, lo que equivale a algo más de 2,4 años del ingreso regulado de comercialización que la ‘Opción Tarifaria’ pausó. Para gremios como la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), esta deuda hace inviable el servicio que prestan las empresas.
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Frente a este tema, el Ministerio Público señaló que la situación de las comercializadoras puede derivar en un “riesgo sistémico para el sector eléctrico que podría afectar el suministro de energía en el país”.
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