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El próximo viernes 26 de agosto, el Ministerio de Transporte instalará en el municipio de Santa Lucía, Atlántico, la Comisión Accidental para dialogar con las comunidades sobre la ejecución e impacto que tendrán las obras del megaproyecto “Restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique”. Este se realizará con el objetivo de reducir la entrada no controlada de sedimentos a la bahía de Cartagena y controlar los riesgos de inundación en la zona de influencia del canal a través de un sistema de esclusas y compuertas, en Calamar y Puerto Badel.
“Como lo hemos dicho desde el inicio de este Gobierno, nuestra prioridad es la gente, por esa razón, instalaremos esta Comisión que nos permitirá escucharlos, entender sus preocupaciones y propuestas, para sacar adelante un proyecto que es de toda la importancia para el presidente Gustavo Petro y para el futuro del país”, dijo el ministro de Transporte Guillermo Reyes González. (También puede leer: Las guerras del contenido: el streaming supera a la televisión en EE.UU.)
La jornada de diálogo contará con la presencia de Reyes y otros funcionarios de la cartera, quienes esperan conocer las opiniones y preocupaciones de poblaciones aledañas al proyecto, así como recorrer los puntos más importantes del mismo.
El pasado 4 de agosto, la Agencia Nacional de Infraestructura aplazó la adjudicación de este megaproyecto, que estaba planeada para ese mismo día. Actualmente, este proceso está suspendido, hasta el próximo 12 de septiembre.(Le puede interesar: Grecia sale de la vigilancia fiscal reforzada de la UE después de 12 años)
El día en que se aplazó la adjudicación, líderes y voceros de comunidades que viven en las inmediaciones del Canal del Dique, llegaron a Bogotá para protestar frente a las instalaciones de la ANI por las “irregularidades del proyecto del Canal del Dique”. Manifestaron que: “el aplazamiento era lo más oportuno. Es el resultado de unas denuncias que vienen haciendo las comunidades desde hace dos años y que nos trajeron hoy hasta Bogotá con el único interés de proteger la naturaleza, el patrimonio del Estado, los derechos de las comunidades y los derechos a la verdad y la memoria del conflicto armado”, afirma Adil Márquez.
Varios líderes e incluso la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, han manifestado sus dudas sobre los posibles impactos ambientales que podría tener el proyecto en ecosistemas cercanos. El Ministerio de Transporte estima que serán 1.5 millones de colombianos quienes resultarán beneficiados por este proyecto en municipios de los departamentos del Atlántico, Bolívar y Sucre.
Estos son los municipios de: Campo de La Cruz, Candelaria, Luruaco, Manatí, Repelón, Sabanalarga, Santa Lucia y Suan, en Atlántico; Arjona, Arroyohondo, Calamar, Cartagena de Indias, Mahates, María La Baja, San Cristóbal, San Estanislao, Soplaviento y Turbana, en Bolívar; y San Onofre, en Sucre.
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