Proyecto de hidrocarburos propone revolcón en los contratos petroleros
La iniciativa contempla la recompra de las acciones de Ecopetrol, que están en manos de privados, y que se cambie su naturaleza jurídica, su estructura orgánica y administrativa. La recompra a precios de mercado de hoy podría costar algo más de $14 billones.
Jorge Sáenz
Un revolcón en la industria petrolera podría presentarse en el país de prosperar el proyecto de ley que radicó el representante a la Cámara, por el partido Verde, Cesar Augusto Ortiz Zorro, a consideración del Congreso.
La iniciativa busca desprivatizar la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), prohibir el fracking en el país y establecer una nueva relación contractual petrolera que incluye otros porcentajes de producción a favor del Estado y más participación de las regalías para las regiones.
El proyecto de Ley de Hidrocarburos, presentado por el congresista del departamento de Casanare establece un nuevo modelo de contrato de producción compartida de hidrocarburos, “donde el Estado conserva la titularidad constitucional de los recursos naturales no renovables hidrocarburíferos, y el contratista tiene el beneficio económico a una contraprestación pactada, que le permita recuperar los costos de exploración y explotación y obtener una utilidad razonada…”.
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Explica el congresista que en los 513 contratos que ha firmado la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) desde 2003 hasta el momento “la participación en la producción que antes era del 50% no supera el 3%” porque ese es el modelo de concesión de los contratos petroleros actuales. Lo que pretende el proyecto es que se vuelva a una participación efectiva en la producción de hidrocarburos del Estado mínimo del 20%.
“La explotación de hidrocarburos causará en favor del Estado una contraprestación económica a título de regalía, mínimo del 20% de la producción total del contrato, en cabeza de pozo, en los contratos firmados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), a partir de la entrada en vigor de la presente ley, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte”, señala el proyecto.
Igualmente, desde la firma de los contratos de concesión, se estableció que en la relación contractual para los Yacimientos No Convencionales (YNC) las regalías ya no serán del 20%, ni del 8% sino del 4,8%. Igual sucede con los impuestos pagados de la industria petrolera que apenas paga el 8,8% descontando los beneficios tributarios de que gozan los petroleros. “La utilidad para el país certificada por el mismo ministerio (de Minas y Energía) es del 23% de participación en la renta petrolera”, explicó el ponente de la iniciativa legislativa.
Explica Ortiz Zorro que con los contratos de asociación el país tenía una participación en la renta petrolera del 73,6%. Hoy ya no es así, con los nuevos contratos que se firmaron con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, contratos de concesión moderna (E&P, E&E) al Estado solo tiene una participación en la renta petrolera del 27, 6%. Eso se da porque a partir de 2003 el país renunció al hidrocarburo y recibe regalías e impuestos.
Dice el proyecto que, “…los contratos de exploración y explotación vigentes, en todas sus modalidades, firmados hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se mantendrán en todos sus términos y condiciones, excepto en la disponibilidad de la producción; pues para garantizar el principio básico del abastecimiento de la demanda interna de hidrocarburos, la empresa contratista deberá vender toda su producción a Ecopetrol S.A. a un precio preferencial”.
Los miembros de la junta directiva de la estatal petrolera serían autorizados para la “fijación del precio preferencial de compra de la producción propiedad de los contratistas, caso por caso, teniendo en cuenta la calidad del hidrocarburo”, contempla el proyecto.
Consultados representantes de la industria petrolera que prefirieron el anonimato advirtieron que lo más grave es que es un golpe a las petroleras que están en Colombia. “Les suben regalías y les obligan a vender el petróleo a un precio inferior al internacional”, sostienen. Eso las alejaría del país. Nadie firmará un nuevo contrato en esas condiciones, resaltan los analistas del sector.
Los contratos tendrán una vigencia de 30 años. “Los contratos de Asignación Directa, E&E, E&P y TEA celebrados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), y con anterioridad a la expedición de la presente ley, que se hayan celebrado transgrediendo la Constitucional Política o la ley, quedan incursos en nulidad absoluta, la cual podrá ser alegada por las partes o por el Agente del Ministerio Público en cualquier momento de su vigencia”. Ningún contrato podrá tener una duración superior a 30 años, incluidos o sumados los periodos de exploración y explotación.
Insiste Ortiz Zorro que “muy pocos países tienen contratos concesionarios, digamos tan leoninos como nosotros”. Explicó que todo puede pasar casi desapercibido debido a que, de una producción cercana a los 800.000 barriles de producción, el 80% es de los contratos de asociación de Ecopetrol y que hacen las transferencias bajo esa modalidad. “El día que se agoten los campos maduros, ese día el petróleo ya no es negocio para el país. Puede que descubran un nuevo Cusiana con fracking ya no vamos a ser dueño ni de la producción, y las regalías son del 8% y los impuestos que van a pagar son del 8,8% de tasa real”, explicó Ortiz Zorro.
Sobre el fracking, la propuesta dice que “se prohíbe en el territorio colombiano la utilización de la Técnica de Fracturamiento Hidráulico Multietapa con Perforación Horizontal – FH-PH, desde Plataforma Multipozo, para la Exploración y Explotación de recursos naturales no renovables de hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales tipo Roca Generadora, más conocido como Franking”.
Desprivatización de Ecopetrol
El proyecto de ley radicado en el Congreso procura que Ecopetrol vuelva a ser estatal. Para ello la iniciativa ordena la recompra de acciones en manos de particulares.
“Ordénese al gobierno nacional, para qué en conjunto con la Junta Directiva de Ecopetrol S.A., se realice la recompra de las acciones de Ecopetrol S.A, que están en manos de privados, y se cambie su naturaleza jurídica, y su estructura orgánica y administrativa”, dice la iniciativa.
La recompra de las acciones en poder de los propietarios minoristas significa un desembolso cercano a los $14 billones. “Al precio de hoy, serían cerca de 14,6 billones de pesos. Eso es el valor de mercado del 11,5% de Ecopetrol que está hoy en manos diferentes a la Nación”, explicó un actor del mercado financiero.
Asimismo, propone que el Grupo Ecopetrol debe tener unidad de empresa, es decir, todos los trabajadores del Grupo tendrán los mismos beneficios, deberes y derechos. “El Grupo Empresarial Ecopetrol deberá tener unidad de empresa mediante integración horizontal, desapareciendo las razones sociales y personas jurídicas existentes, como Reficar S.A. Cenit S.A, Hocol, y demás. El plazo será de un año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Después de la recompra de las acciones, queda prohibida cualquier escisión o privatización total o parcial de Ecopetrol, por parte del gobierno nacional, sin la autorización previa, única y expresa del Congreso de la República”.
El congresista autor de la iniciativa considera que, al no surtir su primer debate en la presente legislatura, tocará radicarlo nuevamente el 20 de julio para que se discuta en la nueva legislatura. Sostiene que este proyecto va a ser bastante polémico, es una lucha contra los que le entregaron la riqueza del petróleo y el gas a las concesionarias petroleras y las mismas multinacionales extractivistas.
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Un revolcón en la industria petrolera podría presentarse en el país de prosperar el proyecto de ley que radicó el representante a la Cámara, por el partido Verde, Cesar Augusto Ortiz Zorro, a consideración del Congreso.
La iniciativa busca desprivatizar la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), prohibir el fracking en el país y establecer una nueva relación contractual petrolera que incluye otros porcentajes de producción a favor del Estado y más participación de las regalías para las regiones.
El proyecto de Ley de Hidrocarburos, presentado por el congresista del departamento de Casanare establece un nuevo modelo de contrato de producción compartida de hidrocarburos, “donde el Estado conserva la titularidad constitucional de los recursos naturales no renovables hidrocarburíferos, y el contratista tiene el beneficio económico a una contraprestación pactada, que le permita recuperar los costos de exploración y explotación y obtener una utilidad razonada…”.
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Explica el congresista que en los 513 contratos que ha firmado la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) desde 2003 hasta el momento “la participación en la producción que antes era del 50% no supera el 3%” porque ese es el modelo de concesión de los contratos petroleros actuales. Lo que pretende el proyecto es que se vuelva a una participación efectiva en la producción de hidrocarburos del Estado mínimo del 20%.
“La explotación de hidrocarburos causará en favor del Estado una contraprestación económica a título de regalía, mínimo del 20% de la producción total del contrato, en cabeza de pozo, en los contratos firmados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), a partir de la entrada en vigor de la presente ley, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte”, señala el proyecto.
Igualmente, desde la firma de los contratos de concesión, se estableció que en la relación contractual para los Yacimientos No Convencionales (YNC) las regalías ya no serán del 20%, ni del 8% sino del 4,8%. Igual sucede con los impuestos pagados de la industria petrolera que apenas paga el 8,8% descontando los beneficios tributarios de que gozan los petroleros. “La utilidad para el país certificada por el mismo ministerio (de Minas y Energía) es del 23% de participación en la renta petrolera”, explicó el ponente de la iniciativa legislativa.
Explica Ortiz Zorro que con los contratos de asociación el país tenía una participación en la renta petrolera del 73,6%. Hoy ya no es así, con los nuevos contratos que se firmaron con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, contratos de concesión moderna (E&P, E&E) al Estado solo tiene una participación en la renta petrolera del 27, 6%. Eso se da porque a partir de 2003 el país renunció al hidrocarburo y recibe regalías e impuestos.
Dice el proyecto que, “…los contratos de exploración y explotación vigentes, en todas sus modalidades, firmados hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se mantendrán en todos sus términos y condiciones, excepto en la disponibilidad de la producción; pues para garantizar el principio básico del abastecimiento de la demanda interna de hidrocarburos, la empresa contratista deberá vender toda su producción a Ecopetrol S.A. a un precio preferencial”.
Los miembros de la junta directiva de la estatal petrolera serían autorizados para la “fijación del precio preferencial de compra de la producción propiedad de los contratistas, caso por caso, teniendo en cuenta la calidad del hidrocarburo”, contempla el proyecto.
Consultados representantes de la industria petrolera que prefirieron el anonimato advirtieron que lo más grave es que es un golpe a las petroleras que están en Colombia. “Les suben regalías y les obligan a vender el petróleo a un precio inferior al internacional”, sostienen. Eso las alejaría del país. Nadie firmará un nuevo contrato en esas condiciones, resaltan los analistas del sector.
Los contratos tendrán una vigencia de 30 años. “Los contratos de Asignación Directa, E&E, E&P y TEA celebrados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), y con anterioridad a la expedición de la presente ley, que se hayan celebrado transgrediendo la Constitucional Política o la ley, quedan incursos en nulidad absoluta, la cual podrá ser alegada por las partes o por el Agente del Ministerio Público en cualquier momento de su vigencia”. Ningún contrato podrá tener una duración superior a 30 años, incluidos o sumados los periodos de exploración y explotación.
Insiste Ortiz Zorro que “muy pocos países tienen contratos concesionarios, digamos tan leoninos como nosotros”. Explicó que todo puede pasar casi desapercibido debido a que, de una producción cercana a los 800.000 barriles de producción, el 80% es de los contratos de asociación de Ecopetrol y que hacen las transferencias bajo esa modalidad. “El día que se agoten los campos maduros, ese día el petróleo ya no es negocio para el país. Puede que descubran un nuevo Cusiana con fracking ya no vamos a ser dueño ni de la producción, y las regalías son del 8% y los impuestos que van a pagar son del 8,8% de tasa real”, explicó Ortiz Zorro.
Sobre el fracking, la propuesta dice que “se prohíbe en el territorio colombiano la utilización de la Técnica de Fracturamiento Hidráulico Multietapa con Perforación Horizontal – FH-PH, desde Plataforma Multipozo, para la Exploración y Explotación de recursos naturales no renovables de hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales tipo Roca Generadora, más conocido como Franking”.
Desprivatización de Ecopetrol
El proyecto de ley radicado en el Congreso procura que Ecopetrol vuelva a ser estatal. Para ello la iniciativa ordena la recompra de acciones en manos de particulares.
“Ordénese al gobierno nacional, para qué en conjunto con la Junta Directiva de Ecopetrol S.A., se realice la recompra de las acciones de Ecopetrol S.A, que están en manos de privados, y se cambie su naturaleza jurídica, y su estructura orgánica y administrativa”, dice la iniciativa.
La recompra de las acciones en poder de los propietarios minoristas significa un desembolso cercano a los $14 billones. “Al precio de hoy, serían cerca de 14,6 billones de pesos. Eso es el valor de mercado del 11,5% de Ecopetrol que está hoy en manos diferentes a la Nación”, explicó un actor del mercado financiero.
Asimismo, propone que el Grupo Ecopetrol debe tener unidad de empresa, es decir, todos los trabajadores del Grupo tendrán los mismos beneficios, deberes y derechos. “El Grupo Empresarial Ecopetrol deberá tener unidad de empresa mediante integración horizontal, desapareciendo las razones sociales y personas jurídicas existentes, como Reficar S.A. Cenit S.A, Hocol, y demás. El plazo será de un año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Después de la recompra de las acciones, queda prohibida cualquier escisión o privatización total o parcial de Ecopetrol, por parte del gobierno nacional, sin la autorización previa, única y expresa del Congreso de la República”.
El congresista autor de la iniciativa considera que, al no surtir su primer debate en la presente legislatura, tocará radicarlo nuevamente el 20 de julio para que se discuta en la nueva legislatura. Sostiene que este proyecto va a ser bastante polémico, es una lucha contra los que le entregaron la riqueza del petróleo y el gas a las concesionarias petroleras y las mismas multinacionales extractivistas.
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