Pymes habrían gastado más de $15 billones en nómina durante la cuarentena

La Asociación Colombiana de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios (Acopi) advirtió que desde el cese de actividades (17 de marzo) por cuenta del coronavirus, las empresas han gastado $15,7 billones en nómina; sin embargo, dado que la caída ventas e ingresos supera el 76 %, advierten no poder continuar con el sostenimiento de sus trabajadores.

Lea también: Cambios en el trabajo en tiempos de cuarentena

Sus cálculos dan cuenta de que el 65,32 % de los negocios han mantenido su nómina de personal, pese a que al inicio de la pandemia el 82,43 % de ellos no contaba con los recursos suficientes para sobrellevar la crisis. Pero una encuesta reciente revela que la falta de liquidez y de recursos llevaría al 61 % de los empresarios a despedir colaboradores.

Por esta razón, el gremio le pidió al Gobierno Nacional que apruebe programa Social de retención de empleo. De hecho, Acopi pidió al presidente, Iván Duque, escuchar su propuesta para mantener los aportes sociales a 7,8 millones de trabajadores de los sectores productivos más vulnerables a la situación que costaría $6,8 billones mensuales, equivalentes al 0,71% del PIB.

Su propuesta plantea que el programa tenga una duración de tres meses, vaya dirigido solo a empresas formales, les permita tener la posibilidad de disminuir temporal los salarios hasta en un 30 % (siempre y cuando éste no sea inferior a un mínimo), obligue a las empresas a mantener los puestos de trabajo, tenga subsidios que guarden la proporcionalidad entre los trabajadores que devengan bajos y altos ingresos, y exija a las empresas demostrar una caída en sus ingresos de 30 % o más respecto a años anteriores (con soporte de auditoría contable) para hacerse beneficiarias.

La proyección de escenarios de Acopi es que el gasto variaría según el porcentaje que se les reconozca a los trabajadores entre $3 billones y $7 billones, así: $7,1 billones mensuales (0,8 % del PIB) de nómina, si la ayuda fuera equivalente a entre el 15 % y el 65 % de su paga; $4,9 billones (0,6 % del PIB), si la liquidación se hiciera con base a entre el 1 % y el 50 %, o $3 billones (0,3 % del PIB), si el subsidio fuera del 1 % al 30 %.

“El cese de actividades ha conducido que este segmento, significativamente representativo, esté atravesando hoy un gran nivel de incertidumbre por preservar las infraestructuras y el ingreso de muchos colombianos que no tendrán mucha posibilidad de vinculación en el mercado formal, porque somos empresas, somos personas y familias que dependemos de ellos”, dijo Acopi mediante un comunicado.

En Colombia, existen 1.630.000 MiPymes formalmente inscritas, de acuerdo con la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecamaras), las cuales generan el 80 % del empleo del país y aportan el 40 % del Producto Interno Bruto, según el DANE.

Cabe recordar que la pandemia originada por el COVID-19 y las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para contener la propagación han cambiado totalmente el escenario económico actual y las proyecciones para los próximos años. Hoy se discute si decisiones como el aislamiento preventivo obligatorio debe continuar, teniendo en cuenta sus efectos sobre el sector productivo.

La Asociación Colombiana de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios (Acopi) advirtió que desde el cese de actividades (17 de marzo) por cuenta del coronavirus, las empresas han gastado $15,7 billones en nómina; sin embargo, dado que la caída ventas e ingresos supera el 76 %, advierten no poder continuar con el sostenimiento de sus trabajadores.

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Sus cálculos dan cuenta de que el 65,32 % de los negocios han mantenido su nómina de personal, pese a que al inicio de la pandemia el 82,43 % de ellos no contaba con los recursos suficientes para sobrellevar la crisis. Pero una encuesta reciente revela que la falta de liquidez y de recursos llevaría al 61 % de los empresarios a despedir colaboradores.

Por esta razón, el gremio le pidió al Gobierno Nacional que apruebe programa Social de retención de empleo. De hecho, Acopi pidió al presidente, Iván Duque, escuchar su propuesta para mantener los aportes sociales a 7,8 millones de trabajadores de los sectores productivos más vulnerables a la situación que costaría $6,8 billones mensuales, equivalentes al 0,71% del PIB.

Su propuesta plantea que el programa tenga una duración de tres meses, vaya dirigido solo a empresas formales, les permita tener la posibilidad de disminuir temporal los salarios hasta en un 30 % (siempre y cuando éste no sea inferior a un mínimo), obligue a las empresas a mantener los puestos de trabajo, tenga subsidios que guarden la proporcionalidad entre los trabajadores que devengan bajos y altos ingresos, y exija a las empresas demostrar una caída en sus ingresos de 30 % o más respecto a años anteriores (con soporte de auditoría contable) para hacerse beneficiarias.

La proyección de escenarios de Acopi es que el gasto variaría según el porcentaje que se les reconozca a los trabajadores entre $3 billones y $7 billones, así: $7,1 billones mensuales (0,8 % del PIB) de nómina, si la ayuda fuera equivalente a entre el 15 % y el 65 % de su paga; $4,9 billones (0,6 % del PIB), si la liquidación se hiciera con base a entre el 1 % y el 50 %, o $3 billones (0,3 % del PIB), si el subsidio fuera del 1 % al 30 %.

“El cese de actividades ha conducido que este segmento, significativamente representativo, esté atravesando hoy un gran nivel de incertidumbre por preservar las infraestructuras y el ingreso de muchos colombianos que no tendrán mucha posibilidad de vinculación en el mercado formal, porque somos empresas, somos personas y familias que dependemos de ellos”, dijo Acopi mediante un comunicado.

En Colombia, existen 1.630.000 MiPymes formalmente inscritas, de acuerdo con la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecamaras), las cuales generan el 80 % del empleo del país y aportan el 40 % del Producto Interno Bruto, según el DANE.

Cabe recordar que la pandemia originada por el COVID-19 y las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para contener la propagación han cambiado totalmente el escenario económico actual y las proyecciones para los próximos años. Hoy se discute si decisiones como el aislamiento preventivo obligatorio debe continuar, teniendo en cuenta sus efectos sobre el sector productivo.