“Haremos una transición energética hacia un desarrollo sostenible”: mincomercio
Germán Umaña, ministro de Comercio, habla sobre el acuerdo firmado con Venezuela, el objetivo de cerrar el gobierno Petro con un comercio binacional de US$4.000 a US$4.500 millones, la política de reindustrialización y el turismo social.
Lucety Carreño Rojas
En 2022, Colombia alcanzó una cifra histórica en sus exportaciones de bienes no minero-energéticos con US$21.607,7 millones; entre enero y noviembre llegaron al país 4′565.626 visitantes no residentes, lo que representó un aumento del 109,2 %, en comparación con el mismo período de 2021; y se restablecieron las relaciones comerciales con Venezuela, con lo que se espera un comercio binacional de US$1.600 a US$2.000 millones durante 2023, de acuerdo con las cifras de la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
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En 2022, Colombia alcanzó una cifra histórica en sus exportaciones de bienes no minero-energéticos con US$21.607,7 millones; entre enero y noviembre llegaron al país 4′565.626 visitantes no residentes, lo que representó un aumento del 109,2 %, en comparación con el mismo período de 2021; y se restablecieron las relaciones comerciales con Venezuela, con lo que se espera un comercio binacional de US$1.600 a US$2.000 millones durante 2023, de acuerdo con las cifras de la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
La agenda del Ministerio de Comercio comenzó el año con la firma de un acuerdo con Venezuela para promover la inversión, una política de turismo y la presentación de la política de reindustrialización, mencionada durante la campaña a la presidencia de Petro. Hablamos con Germán Umaña, ministro de Comercio, sobre estos temas.
¿Qué se busca con el Tratado para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones?
El documento tiene tres temas importantes: primero, que se genere una institucionalidad y unas reglas claras de juego para los inversionistas de los dos países. Segundo, que esa institucionalidad tenga seguridad jurídica y, tercero, que las expropiaciones, en caso de que las haya, solo se puedan hacer por razones de interés público, como está redactado en las constituciones de Colombia y Venezuela. En caso de que se presente una expropiación, ahora se podrá recurrir a los tribunales de arbitramento de las Naciones Unidas para proteger a los inversionistas.
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Además de promover la integración económica binacional, ¿para qué servirá el acuerdo?
Se hace para promover la inversión, la complementación industrial productiva de servicios, disminuir los niveles de pobreza y aumentar el ingreso y el empleo. El objetivo de la integración de esas inversiones, al final, es la población, no la utilidad.
Usted firmó el acuerdo con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y ya lo radicó en el Congreso de la República, ¿qué falta para que comience a funcionar?
En el Congreso tendrá los debates pertinentes y, si se aprueba, pasa a concepto de la Corte Constitucional. En Venezuela también tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Después, se intercambian los documentos y se sanciona por los presidentes de los dos países. En ese momento, empieza a regir el acuerdo, lo que quiere decir que las inversiones que se hagan después de aprobado por los congresos y la Corte Constitucional quedan protegidas.
¿Qué balance hace de la reapertura con Venezuela?
La primera decisión del presidente Petro fue restablecer las relaciones diplomáticas. No es lógico, con tantas dificultades que existían en la frontera colombovenezolana, que no existiera ningún canal de comunicación. No era lógico que nosotros estuviéramos impulsando el paso de las mercancías por las trochas a costa del chantaje permanente. Tampoco era lógico que se vulneraran los derechos humanos de mujeres y niños. Entonces, era necesario permitir el paso de los niños a sus colegios en la frontera y el paso de las personas en los dos sentidos. También se abrieron los puentes para solucionar problemas de contrabando, lavado de activos y para que la mercancía circulara legalmente.
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En términos comerciales, ¿qué ha dejado la reapertura y cuáles son las proyecciones?
El comercio ha venido mejorando. Por fortuna, no me he equivocado en esos términos. Para el año pasado hablé de US$700 a US$750 millones. Eso es el 10 % de nuestra mejor época, pero en la medida en que Venezuela se recupere y que Colombia tenga oferta, pues van a empezar a incorporarse otras producciones, como la siderurgia, la petroquímica y el aluminio, que van a generar inversiones y comercio complementario. Para finales de 2023 estaríamos en US$1.600 a US$1.8000 millones, porque depende de la cooperación de Venezuela y del comportamiento de Colombia. Al final de los cuatro años del presidente Petro esperamos un comercio de US$4.000 a US$4.500 millones, el 60 % de lo que fue en su mejor momento.
Pero más allá de las cifras, si construimos relaciones consulares, diplomáticas, comerciales, de inversión, de paso de personas, respeto y desarrollo en la frontera, esta unión va a ser irreversible, independientemente de la ideología y el color político de los gobiernos, porque lo que estamos haciendo es realmente ciudadanía binacional. Estamos haciendo integración económica, dando reglas de juego claras con esos acuerdos internacionales para poder tener una seguridad jurídica.
¿Qué temas de su ministerio se incluyeron en el Plan Nacional de Desarrollo presentado esta semana por el presidente Petro?
En el Plan Nacional de Desarrollo se adecuaron los articulados para cumplir con el propósito de nuestro programa de gobierno, que dice que vamos a hacer una transición energética hacia un desarrollo sostenible. Es decir, pasar de un modelo extractivo, cuyo principal argumento son las exportaciones de petróleo y carbón, a uno de inversión extranjera y nacional, de desarrollo nacional que implique la incorporación de progreso técnico, la adaptación de tecnología, la incorporación a las cadenas de valor, el desarrollo de la pequeña y mediana empresa y el de la capacidad de humana.
Eso, en el fondo, es la política de industrialización que estamos presentando e implica un cambio fundamental. Por lo tanto, en el PND están algunos de los instrumentos financieros y de la economía popular para desarrollar ese modelo. Por ejemplo, se habla del manejo de las cámaras de comercio o de los artículos de adecuación de la política de turismo.
Explíquenos la política de industrialización que presentaron esta semana...
La política de industrialización son apuestas productivas. La vamos a consultar con los sectores privados y los agentes económicos y sociales, pero hay algo que es inamovible: estamos haciendo la transición energética hacia el desarrollo sostenible.
Por ejemplo, se incluye un tema de manejar la movilidad hacia un desarrollo sostenible; es una gran propuesta de industrialización, con la inversión extranjera y nacional. O también el tema de producir hidrógeno para tener amoniaco para la exportación y el desarrollo conjunto con las multinacionales para que la pequeña y mediana empresa pueda producir las partes para los paneles solares, para el mercado nacional y la exportación.
Hay una segunda apuesta relacionada con la soberanía alimentaria y la agroindustrialización. Con la guerra en Ucrania, nos dimos cuenta de que no era tan bueno importar todo el maíz. Hay que lograr un mínimo de soberanía alimentaria. Entonces, nuestro gran reto tiene que ver con la reindustrialización del agro, que ha perdido, más o menos, ocho puntos de participación en los últimos 30 años en el producto interno bruto.
¿Cuál sería la tercera apuesta?
La tercera es que nosotros estamos aburridos de la guerra, pero hemos creado toda una estructura en compras estatales con el presupuesto del Ministerio de Defensa. El proceso de industrialización necesita una desagregación tecnológica y productiva para promover nuestro desarrollo empresarial e industrial y esos inmensos recursos de la economía de guerra se tienen que convertir en una economía de paz para la reindustrialización. Ese es el compromiso de este Gobierno. El otro tema es que la salud es un derecho fundamental. Hay que desarrollar vacunas, medicamentos y soberanía sanitaria.
¿Cuál es el objetivo de la política de turismo que mencionó?
Para nosotros, lo fundamental es la paz total. Segundo, queremos un turismo que aproveche nuestra biodiversidad, que incluya unas rutas icónicas, que permita respirar, que permita esa integración entre nuestra Colombia dura, del centro, y la Colombia real, la de la Amazonia, La Guajira y la costa Caribe.
Un turismo que no se basa en edificios, sino en esa potencialidad inmensa que tenemos nosotros, que no tiene casi nadie más. Por ejemplo, estamos desarrollando rutas en la Orinoquia, en la Amazonia. En el corto plazo lanzaremos la Ruta Gabo, que es icónica.
Queremos aprovechar los sitios históricos, entender la gastronomía de las comunidades y la cultura para sentirnos colombianos, latinoamericanos y libres. Esa es la política de turismo que vamos a presentar dentro de 15 días.
¿Cuál es la diferencia entre la Ley de Turismo y la política que presentarán?
La Ley de Turismo fija unos recursos, esos recursos existen. Lo que pasa es que ahora es una política de turismo que no está basada en la promoción, no es la misma campaña de sol y mar, ni de edificios muy bonitos. Es una campaña para aprovechar las potencialidades, para desarrollar un turismo sostenible diferente, para que el turismo, que también es respetable del sol y mar, entienda que lo de acá tiene que estar en cercanía con su entorno y tienen que hacer economía circular. Hay que desarrollar las comunidades alrededor. Es un turismo social, un turismo socialmente sostenible. Es justicia social, paz social y paz ambiental.
¿Cuáles son las proyecciones de visitantes no residentes con la implementación de la política de turismo?
No sé si van a ser 12 millones de turistas, pero lo que sí se es que aumentarán las cifras de turismo. Si al final de estos cuatro años estamos en ocho o nueve millones de turistas, eso servirá para reemplazar los ingresos de parte del petróleo y del carbón, y asegurar una sostenibilidad en la balanza de pagos, por lo menos en parte.
Nuestras proyecciones tienen que ver con que, en la medida en que se realice avance en la paz total, muchos territorios de nuestro país podrán tener políticas de sustitución de cultivos, de conectividad, de vías terciarias, en la que se aprovechen los conocimientos tradicionales, esas bellezas naturales que tenemos en biodiversidad. Espero y quiero ver en el futuro que vamos a tener un desarrollo del turismo, pero no de cualquiera, sino de uno que tenga que ver con nuestra identidad.
Finalmente, hablemos de los aranceles en las industrias textil y del calzado...
En el contexto internacional, todos los países utilizan las herramientas de comercio exterior para equilibrar las condiciones entre los importadores y la producción nacional. No estoy hablando de protección. En el sector confecciones y en el calzado hay mucho contrabando, lavado de activos y subfacturación, entre otros. Uno de los mecanismos para equilibrar son los aranceles, pero eso no me lo inventé yo.
Nosotros dejamos exactamente igual lo que había en el sector del calzado. En el caso de las confecciones, había un arancel y un pago en dólares por el que se estaba dando el contrabando técnico. Ahora, solo se dejó un arancel, pero es la misma medida que había tomado el Gobierno anterior. Nosotros sabemos que hay contrabando, lavado de activos y triangulación, y estamos trabajando muy seriamente con la DIAN para controlar eso. Estamos haciendo un programa integral para darle la oportunidad a una industria muy importante, de las más generadoras de empleo, como son las confecciones, los textiles y el calzado, para que se recupere, porque genera desarrollo y no tiene por qué estar sometida a una competencia desleal.
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