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Colombia relajará sus compromisos de déficit fiscal. Así lo anunció este viernes el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, al dar a conocer las conclusiones de la reunión del Comité Consultivo de Regla Fiscal, que se llevó a cabo el miércoles pasado. La razón: la migración proveniente de Venezuela.
La regla fiscal, creada en 2011 bajo la Ley 1473, es el compromiso que tiene el Gobierno para reducir la diferencia entre los ingresos de la nación y sus gastos, compromiso que tradicionalmente ha adoptado por recomendaciones de un Comité Consultivo en el que participan académicos, investigadores y congresistas (ver recuadro al final).
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En 2018, según el acta de la reunión de ese comité llevada a cabo el miércoles y conocida ayer, Colombia cumplió con el compromiso de que esa diferencia sea el 3,1 % del Producto Interno Bruto (PIB, equivalente a cerca de $1.000 billones). La idea es que con los años esa cifra se vaya reduciendo.
En 2019, el objetivo era disminuir el déficit al 2,2 % con respecto al PIB. Sin embargo, luego de acoger las observaciones del Comité Consultivo, el Gobierno ajustará la meta al 2,7 %. En 2020, pasará de un compromiso en 1,9 % a 2,3 %. No obstante, en el mediano plazo se mantiene el objetivo como estaba: que el déficit quede en 1 %.
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Este ajuste se da en respuesta a la presión transitoria en el gasto público que está generando la atención en educación y salud, entre otros, a la población migrante desde Venezuela hacia Colombia. Según dijo el ministro de Hacienda, hasta el momento se calcula que entre 1,1 y 1,2 millones de personas han llegado desde el país vecino. Atenderlos cuesta cerca de $5 billones al año (medio punto del PIB).
Hay que recordar que en semanas anteriores organismos como la OCDE habían recomendado a Colombia flexibilizar su cinturón fiscal ante los efectos inesperados de la migración hacia el país por cuenta de la crisis que vive Venezuela. En ese momento mencionó que países europeos habían tomado caminos similares para amortiguar la “afluencia excepcional” de refugiados. Sugirió, entonces, que Colombia siguiera una senda parecida, siempre y cuando se siga respetando la disciplina fiscal.
La luz verde para que el país relaje un poco sus compromisos con el déficit se dio teniendo en cuenta que el impacto de la migración desde Venezuela ha sido no solo inesperado sino transitorio y que en el largo plazo será positivo para Colombia. “Los dividendos económicos de la migración se materializarán gradualmente en la medida en que la población venezolana se integre a la actividad económica e ingrese, sobre todo, a la formalidad. Así, el Comité concluye que el tamaño del choque fiscal es finito tanto en años como en magnitud”, dice el acta.
Y añade: “La incertidumbre asociada al futuro político y económico del país vecino genera a su vez incertidumbres sobre el flujo migratorio y el costo fiscal que el país seguirá asumiendo en los próximos años. Por lo tanto, el Comité recomienda monitorear la evolución migratoria”, con el fin de eventualmente tomar decisiones sobre el balance fiscal, siempre y cuando “cualquier cambio” sea “compatible con la sostenibilidad fiscal”.
Según el Comité, se estima que “el máximo número de inmigrantes podría alcanzar un rango entre 2,3 y 2,7 millones de personas, que generan un choque anual sobre el gasto de 0,5 % del PIB en promedio”.
Bruce MacMaster, presidente de la ANDI, celebró la decisión: “(Es) perfectamente razonable la posición del Comité de la Regla Fiscal. Un déficit del 2,7 % es uno de los más bajos en la historia. Contrario a lo dicho por algunos, es perfectamente responsable sincerar una situación como la creada por la migración”, dijo en su cuenta en Twitter.
No obstante, según Leopoldo Fergusson, profesor de Economía de la Universidad de los Andes, la regla fiscal ha sido una forma costosa para el país de adquirir credibilidad frente a los mercados internacionales, por tanto, para él, flexibilizarla e incluso abandonarla podría ser una buena idea, pero no en la coyuntura actual. En su opinión, es evidente que la flexibilización se da “como consecuencia de que el Gobierno está en aprietos para cumplirla”. En pocas palabras, incumplir el compromiso que Colombia se puso a sí mismo daría un mal mensaje a los mercados internacionales.
Ricardo Bonilla, profesor de la Universidad Nacional, también opina que el Gobierno está enviando el mensaje equivocado. “Es una decisión claudicante, porque quiere decir que, con todo lo que criticaba al gobierno anterior, el actual no tiene alternativa” y añadió que la meta de que el déficit llegue al 1 %, de todas formas, recaerá en gobiernos próximos.
El anuncio del relajamiento de la regla fiscal se dio en medio de otras dos noticias económicas relevantes. Por un lado, el ingreso de casi $8,2 billones para la nación por cuenta de los dividendos de Ecopetrol. Pero también del aumento del desempleo en un punto porcentual completo con respecto a febrero del año pasado, hasta el 11,8 %. Para Bonilla, Colombia se “estaba alineando a una perspectiva” de repunte de actividades como el turismo y de que los diferentes “sectores comenzaran a ajustarse y que la destorcida (por los precios) del petróleo se resolviera”. No obstante, agrega, “el Gobierno, en vez de dar continuidad a eso, envía mensajes equivocados al volver a los conflictos cotidianos”, en referencia a la situación en la frontera con Venezuela y su negativa a ir al departamento del Cauca, entre otros.
¿Quiénes conforman el Comité Fiscal?
Juan Camilo Cárdenas, decano y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes; Ramón Javier Mesa, delegado del decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia; Guillermo Perry, profesor investigador de la Universidad de los Andes; Roberto Steiner, investigador de Fedesarrollo; Alexander Villarraga, director y profesor del Departamento de Economía de la Universidad del Norte; Eduardo Wiesner, consultor; Óscar Darío Pérez, representante a la Cámara; Rodrigo Villalba, senador; Óscar Mauricio Valencia, director de Política Macroeconómica (DGPM).