¿Qué hará la nueva autoridad de tierras?

Uno de los cambios que se hicieron al sector rural, en su reestructuración más grande desde 1994, es la creación de la Agencia Nacional de Tierras. Esta se conformará, según lo dictado en el decreto 2363 de 2015, para asumir parte de las funciones que tiene hoy el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, que entró en liquidación.

Mientras que la Agencia de Desarrollo Rural tomará una porción de las tareas de la entidad que será liquidada, al ejecutar, entre otras cosas, planes de acción y proyectos de desarrollo agropecuario y rural, la Agencia de Tierras administrará los baldíos de la nación, se encargará de los programas de acceso a tierras, delimitará zonas de reserva campesina y empresarial, por nombrar algunas obligaciones.

Asimismo, deberá “apoyar la identificación física y jurídica de las tierras, en conjunto con la autoridad catastral, para la construcción del catastro multipropósito”. Es de recordar que el Plan Nacional de Desarrollo incluyó la aplicación de esta herramienta “para garantizar la seguridad jurídica del derecho de propiedad de la tierra en Colombia”, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP). De acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el 60% del campo en el país está desactualizado en materia catastral.

Sobre la labor de determinar zonas de reserva campesina y empresarial, el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, explicó que esas son competencias vinculadas a lo establecido en la Ley 160 de 1994, es decir, no están relacionadas con el proyecto de Ley de Zidres que cursa último debate en el Senado. La Agencia no tendría competencia sobre las Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social), pues estas serían determinadas directamente por un consejo de ministros.

La Agencia Nacional de Tierras, que fue recomendación del grupo de expertos denominado Misión para la Transformación del Campo, tendrá un consejo directivo, conformado por los ministros de Agricultura, Interior, Justicia y Ambiente, un delegado de Presidencia, el director del DNP, el director del IGAC, un delegado de las comunidades indígenas, uno de las comunidades negras, uno de las campesinas y otro de los gremios agropecuarios. Su director, por otro lado, será de libre nombramiento y remoción del presidente de la República.

Liquidación del Incoder

Respecto al final del Incoder, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, designó como liquidador, también por decreto, a Mauro Rodrigo Palta, quien se ha venido desempeñando como secretario general de la entidad. Por su parte, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, aseguró que el costo del proceso, que durará un año con posibilidad de prórroga, “será cero. No habrá costo adicional, vamos a mejorar la eficiencia en el gasto público con menos gente y mayor resultado”.

Actualmente, el Incoder tiene unos 1.835 contratistas a quienes se les vence el contrato el 31 de diciembre próximo. Hay también más de 600 trabajadores de planta, de los cuales 329 son de carrera. Iragorri explicó que si cumplen con los requisitos establecidos para las nuevas agencias, que entrarán en operación en febrero, estos empleados pasarán de manera automática a trabajar allí. Los que no, podrán acogerse a un plan de retiro voluntario.

Uno de los cambios que se hicieron al sector rural, en su reestructuración más grande desde 1994, es la creación de la Agencia Nacional de Tierras. Esta se conformará, según lo dictado en el decreto 2363 de 2015, para asumir parte de las funciones que tiene hoy el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, que entró en liquidación.

Mientras que la Agencia de Desarrollo Rural tomará una porción de las tareas de la entidad que será liquidada, al ejecutar, entre otras cosas, planes de acción y proyectos de desarrollo agropecuario y rural, la Agencia de Tierras administrará los baldíos de la nación, se encargará de los programas de acceso a tierras, delimitará zonas de reserva campesina y empresarial, por nombrar algunas obligaciones.

Asimismo, deberá “apoyar la identificación física y jurídica de las tierras, en conjunto con la autoridad catastral, para la construcción del catastro multipropósito”. Es de recordar que el Plan Nacional de Desarrollo incluyó la aplicación de esta herramienta “para garantizar la seguridad jurídica del derecho de propiedad de la tierra en Colombia”, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP). De acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el 60% del campo en el país está desactualizado en materia catastral.

Sobre la labor de determinar zonas de reserva campesina y empresarial, el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, explicó que esas son competencias vinculadas a lo establecido en la Ley 160 de 1994, es decir, no están relacionadas con el proyecto de Ley de Zidres que cursa último debate en el Senado. La Agencia no tendría competencia sobre las Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social), pues estas serían determinadas directamente por un consejo de ministros.

La Agencia Nacional de Tierras, que fue recomendación del grupo de expertos denominado Misión para la Transformación del Campo, tendrá un consejo directivo, conformado por los ministros de Agricultura, Interior, Justicia y Ambiente, un delegado de Presidencia, el director del DNP, el director del IGAC, un delegado de las comunidades indígenas, uno de las comunidades negras, uno de las campesinas y otro de los gremios agropecuarios. Su director, por otro lado, será de libre nombramiento y remoción del presidente de la República.

Liquidación del Incoder

Respecto al final del Incoder, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, designó como liquidador, también por decreto, a Mauro Rodrigo Palta, quien se ha venido desempeñando como secretario general de la entidad. Por su parte, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, aseguró que el costo del proceso, que durará un año con posibilidad de prórroga, “será cero. No habrá costo adicional, vamos a mejorar la eficiencia en el gasto público con menos gente y mayor resultado”.

Actualmente, el Incoder tiene unos 1.835 contratistas a quienes se les vence el contrato el 31 de diciembre próximo. Hay también más de 600 trabajadores de planta, de los cuales 329 son de carrera. Iragorri explicó que si cumplen con los requisitos establecidos para las nuevas agencias, que entrarán en operación en febrero, estos empleados pasarán de manera automática a trabajar allí. Los que no, podrán acogerse a un plan de retiro voluntario.