¿Qué pide el Comité del Paro Nacional y qué tan viable es económicamente?
Varios expertos analizan las peticiones de los promotores del paro nacional. Hay consenso sobre puntos como la renta básica, pero no sobre el cómo ni las fuentes de financiación.
María Alejandra Medina
Valeria Cortés Bernal
El Comité del Paro Nacional, que agrupa a las principales organizaciones sociales y sindicales convocantes del paro nacional, ha insistido en la necesidad de discutir con el Gobierno un pliego de emergencia que presentó a mediados de 2020 y que está compuesto por varias medidas de carácter económico y social.
El Espectador consultó con expertos que tienen distintas visiones sobre la conveniencia y viabilidad de las propuestas económicas a la luz de la situación fiscal del país y la crisis ocasionada por el avance del COVID-19.
Renta básica
Una de las banderas del pliego es una renta básica de emergencia de por lo menos un salario mínimo para “treinta millones de personas en condición de pobreza, vulnerables y afectadas por la crisis”. Esta renta tendría una duración de seis meses.
Según Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, parte del Comité del Paro, ese monto se determinó con base en que, según el DANE, el promedio de las familias colombianas es de 3,2 personas y que para sobrevivir una persona necesita al menos $330.000 mensuales. “Eso multiplicado por tres da un salario mínimo”, dice Maltés.
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Sin embargo, hay quienes señalan principalmente la problemática de la financiación. María del Pilar López, profesora de economía de la Universidad de los Andes, asegura que “las virtudes de una renta básica garantizada son muy válidas. Se debe ver como un apoyo a los hogares en situación de pobreza que va a mejorar la redistribución y que principalmente va a mejorar el poder de negociación de salarios de estas personas”. No obstante, como está planteada en el pliego, López calcula que el costo sería de alrededor de 7 puntos del PIB (unos $7,5 billones mensuales). “Eso es casi tres veces más de lo que se pretendía recaudar con la reforma tributaria que se cayó. Es extremadamente problemático”, dice la académica.
Teniendo en cuenta que sería un pago mensual, sumaría un total de $42 a $45 billones. “Esto es cercano a todo el presupuesto del sistema de salud de un año y equivale a 11 años del Ingreso Solidario que estaba proponiendo el Gobierno en el proyecto de reforma que se cayó. La intención es buena, pero se queda corta en tiempo y se pasa en plata”, asegura Roberto Angulo, socio fundador de la firma Inclusión SAS.
Según Angulo, habría que hacer un cálculo más preciso de cuál es la renta básica que podría permitirse un país como Colombia, diferenciar el monto según el nivel de pobreza y hacerla complementaria con los programas sociales de transferencias monetarias que ya existen, como Familias y Jóvenes en Acción.
“La intención de tener una renta básica es válida y la comparto, pero esta propuesta se sale de la restricción presupuestal de un país como Colombia y además es ineficiente porque no está montada sobre las condiciones iniciales, las lecciones aprendidas y la plataforma de transferencias que tenemos”, agrega.
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Por otro lado, como señala López, podría haber “problemas sobre los motivos o los incentivos para trabajar”. Al respecto, Maltés, de la CUT, recalca que el objetivo es que, en medio de la coyuntura, “la gente pueda acatar el confinamiento y por lo tanto preservar la vida (...) Una vez se generen fuentes de trabajo y pase la pandemia este criterio de renta básica podría revisarse”.
Por su parte, Ricardo Bonilla, profesor pensionado de la Universidad Nacional, resalta “la propuesta intermedia que fue radicada por un grupo de congresistas, que es más aterrizada y financiable”.
Se refiere a la que congresistas de la oposición e independientes presentaron en marzo pasado y que establece, por ejemplo, que a “un hogar con una persona integrante se le asignará el monto determinado por la línea de pobreza monetaria a nivel individual, monto que se aumentará en 4,40 % del salario mínimo legal vigente por cada integrante adicional del hogar, hasta hogares con cinco o más integrantes”.
Bonilla destaca la importancia de la renta básica, entre otras cosas, porque considera que la principal razón de la crisis fue el choque de demanda, por lo que es necesario generar condiciones para que los hogares puedan consumir. “Se tiene que apoyar a los empresarios, sí, pero se tiene que generar poder de compra”.
Por su parte, Maltés, le dijo a El Espectador que al término de los seis meses de renta básica que solicitan “se debería evaluar si el confinamiento ha sido efectivo o no, si ha contribuido a dinamizar la economía. Y si lo ha hecho y se generaron nuevos puestos de trabajo decente, se debe revisar ese tema”.
Mujeres y educación
El pliego de emergencia también solicita garantizar la matrícula cero en las instituciones de educación superior pública y subsidios para la continuidad de los estudios en las instituciones de educación superior privada.
Sobre la matrícula cero, Mauricio Santamaría, director de Anif, opina que “el fondo de la política es bueno, asegurar el acceso a la educación superior es una buena manera de asegurar la igualdad, es un factor de movilidad social muy grande, pero el punto central es a quién le da usted ese subsidio. Los de ingresos medios y altos no tienen por qué recibir matrícula cero, eso es un mal uso de los recursos públicos. Cobrar menos de acuerdo con la capacidad de pago es una propuesta que tiene mérito si se hace bien”.
Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, asegura: “Me parece válido el apoyo al sistema educativo, sería interesante que también hubiera un enfoque en educación no solo universitaria. Es muy importante que haya manera de que los niños regresen a los colegios”. Sin embargo, eso contrasta con otro de los elementos del pliego: el “no retorno a las clases presenciales para el sistema educativo mientras no estén las garantías para ello”.
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En redes, al igual que López y Santamaría, se ha señalado la posible contradicción que hay entre el hecho de que el comité pida no regresar a las aulas por motivos de bioseguridad en tanto que han participado de masivas manifestaciones en los últimos días.
Al respecto, Maltés explica que “la no alternancia obedece a que las instituciones educativas tienen pésimas condiciones de ventilación y son espacios cerrados; en la inmensa mayoría no hay batería de baños o lavamanos suficientes. Mientras que la protesta es al aire libre, donde las partículas se pueden diluir fácilmente y no concentrarse como en un salón cerrado”.
Una de las peticiones en las que más han insistido quienes han analizado el asunto de la afectación laboral para las mujeres es el retorno a las clases presenciales. Esto se debe a que el cuidado y el acompañamiento que requiere la educación virtual, así como los trabajos domésticos no remunerados, han recaído desproporcionadamente sobre las mujeres, lo que les consume tiempo que no pueden dedicar al trabajo remunerado.
Sobre si el Comité tiene esto en consideración, Maltés respondió: “En el pliego de emergencia reclamamos el cese de la violencia contra las mujeres en el hogar y la no discriminación laboral. En la pandemia ellas han sufrido mayor discriminación, han sufrido los despidos por su rol de cuidadoras; se requiere que no haya discriminación y que haya una protección del Estado frente a la violencia en el hogar”.
Defensa de la producción nacional
El tercer punto del pliego se centra en la defensa de la producción nacional agropecuaria, industrial, artesanal y campesina. Menciona, entre otras propuestas, la condonación de créditos agropecuarios, creación de subsidios para pequeños y medianos productores y un programa de compras públicas para la producción agropecuaria.
“Creo que una cosa es proteger el nivel de bienestar de los colombianos y otra el proteccionismo. Hay un debate largo a zanjar sobre esto y no sé si la emergencia sea el momento para hacerlo”, opina Reyes.
Sobre la idea de condonar las deudas, Santamaría, de Anif, advierte que podría tener poco impacto sobre el bienestar de la población. “Condonar créditos no es perdonarlos, alguien los tiene que pagar. De pronto sería bueno ampliar plazos o utilizar otros mecanismos de subsidio directos que ya existen”, sugiere. Y agrega que “si algo ha estado bien durante la pandemia es la seguridad alimentaria”.
Fuentes de recursos
Ahora, sobre cómo financiar las peticiones, el Comité del Paro plantea varias alternativas. Maltés, de la CUT, destacó que “las fuentes de financiamiento deben ser préstamos del Banco de la República o emisión de dinero. En segunda instancia, monetizar parte de las reservas internacionales, que son cerca de US$60.000 millones, y la tercera puede ser la que ha propuesto la Andi: que van a devolver los $12 billones que les regalaron en la pasada reforma tributaria”.
Luis Carlos Reyes y María del Pilar López parecen estar de acuerdo en que algunas de las medidas propuestas no son las adecuadas para financiar necesidades de largo plazo. Sobre la emisión, Reyes asegura que “es un último recurso que no debería ser la primera opción”.
Para López, “gastar reservas o emitir manda una señal clara de inestabilidad macroeconómica al mercado crediticio, porque implica que el recaudo no está siendo suficiente y que, por lo tanto, estamos tapando un gasto que está aumentando con más deuda. Mañana no solo tendremos ese gasto sino que vamos a pagar la deuda que contrajimos y así sucesivamente; eso implica que la posibilidad de que en algún momento podamos dejar de pagar es mucho más alta”.
López señala, además, un riesgo de inflación a mediano y largo plazo, que terminaría “perjudicando como siempre desproporcionadamente a los hogares más pobres”, añade.
Santamaría, por su parte, explica que “la autoridad monetaria ha emitido en el último año. Todas las medidas que ha dado el Banco de la República son pura emisión. El primer impacto que tiene es que hace que todos los bonos de deuda que ha emitido el Gobierno tripliquen su costo. La deuda ya adquirida se encarece y no se puede renegociar tan fácilmente. Le tocaría al Gobierno hablar con cada tenedor de TES a ver si lo renegocia”.
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Bonilla también resalta las medidas del Banco, pero como un préstamo indirecto: “El Banco está prestando indirectamente. ¿No se acepta que preste directamente pero sí que preste indirectamente? Indirectamente significa que el Banco de la República sí amplió la oferta monetaria pero para entregar recursos indirectamente. Es una ampliación de la deuda pública, en TES, que termina pagando el mismo Estado. El debate termina siendo el de la ortodoxia económica, no prestamos directo al Gobierno porque se hace loco y no le paga, pero si le presta indirectamente sí le va a pagar”.
En el pliego el Comité también habla de una moratoria temporal y renegociación de la deuda externa. Mientras Reyes afirma que eso no solo no es necesario en este momento, sino que traería consecuencias adversas, Santamaría lo pone en los siguientes términos: “Es una cosa que no hemos hecho en 200 años de historia. Lo hizo Argentina en 2001, y desde ahí hasta hoy no ha podido salir de su crisis”. Y agrega que “el Gobierno ya negoció los pagos de la deuda que puede negociar, el Banco Mundial le dio facilidades. Lo que se podía hacer ya se hizo”.
Sin embargo, Bonilla señala que prácticamente todos los países están afectados, por lo cual tampoco considera que una eventual pérdida del grado de inversión fuera un problema exclusivo de Colombia. “Este no es el momento de pagar deuda, lo que está destinado a eso hay que destinarlo a recuperación de la economía”.
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Sobre el asunto tributario, vale la pena recordar que la propuesta de la Andi incluye medidas como suspender el descuento del ICA en el impuesto sobre la renta, establecer dos años el impuesto al patrimonio para personas naturales y adelantar la enajenación de activos de la nación, entre otras.
Para Reyes, “la suspensión de exenciones tributarias a las grandes empresas y el capital financiero es una medida factible para obtener más financiación, pero no sé si alcanzaría para financiar temas como una renta de emergencia de un salario mínimo legal vigente”.
En medio de todo, parece haber consenso en que la única forma de tener ingresos de manera sostenible es una reforma tributaria; sin embargo, voceros del Comité de Paro han dicho que no debe presentarse ninguna en este momento. Para Bonilla, una reforma “debería presentarse en cualquier momento siempre y cuando sea estructural y corrija los vacíos que hoy se tienen. La que se cayó metía renta básica nivelando cargas de IVA, de renta (...) pero en materia de dividendos, patrimonio, todo era a personas naturales, ¿pero si la plata está en persona jurídica? Eso no se ha resuelto”.
Aparte de las expuestas, el Comité del Paro ha hecho otras peticiones, como el retiro de la propuesta de reforma a la salud, la no aspersión con glifosato y la derogatoria del Decreto 1174. Tanto el Gobierno como el comité han manifestado su “disposición” para el diálogo o la discusión. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición aún no se había confirmado la hora o la agenda para este encuentro.
El Comité del Paro Nacional, que agrupa a las principales organizaciones sociales y sindicales convocantes del paro nacional, ha insistido en la necesidad de discutir con el Gobierno un pliego de emergencia que presentó a mediados de 2020 y que está compuesto por varias medidas de carácter económico y social.
El Espectador consultó con expertos que tienen distintas visiones sobre la conveniencia y viabilidad de las propuestas económicas a la luz de la situación fiscal del país y la crisis ocasionada por el avance del COVID-19.
Renta básica
Una de las banderas del pliego es una renta básica de emergencia de por lo menos un salario mínimo para “treinta millones de personas en condición de pobreza, vulnerables y afectadas por la crisis”. Esta renta tendría una duración de seis meses.
Según Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, parte del Comité del Paro, ese monto se determinó con base en que, según el DANE, el promedio de las familias colombianas es de 3,2 personas y que para sobrevivir una persona necesita al menos $330.000 mensuales. “Eso multiplicado por tres da un salario mínimo”, dice Maltés.
Lea también: Ministro de Hacienda asegura que la reforma tributaria no afectará a la clase media
Sin embargo, hay quienes señalan principalmente la problemática de la financiación. María del Pilar López, profesora de economía de la Universidad de los Andes, asegura que “las virtudes de una renta básica garantizada son muy válidas. Se debe ver como un apoyo a los hogares en situación de pobreza que va a mejorar la redistribución y que principalmente va a mejorar el poder de negociación de salarios de estas personas”. No obstante, como está planteada en el pliego, López calcula que el costo sería de alrededor de 7 puntos del PIB (unos $7,5 billones mensuales). “Eso es casi tres veces más de lo que se pretendía recaudar con la reforma tributaria que se cayó. Es extremadamente problemático”, dice la académica.
Teniendo en cuenta que sería un pago mensual, sumaría un total de $42 a $45 billones. “Esto es cercano a todo el presupuesto del sistema de salud de un año y equivale a 11 años del Ingreso Solidario que estaba proponiendo el Gobierno en el proyecto de reforma que se cayó. La intención es buena, pero se queda corta en tiempo y se pasa en plata”, asegura Roberto Angulo, socio fundador de la firma Inclusión SAS.
Según Angulo, habría que hacer un cálculo más preciso de cuál es la renta básica que podría permitirse un país como Colombia, diferenciar el monto según el nivel de pobreza y hacerla complementaria con los programas sociales de transferencias monetarias que ya existen, como Familias y Jóvenes en Acción.
“La intención de tener una renta básica es válida y la comparto, pero esta propuesta se sale de la restricción presupuestal de un país como Colombia y además es ineficiente porque no está montada sobre las condiciones iniciales, las lecciones aprendidas y la plataforma de transferencias que tenemos”, agrega.
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Por otro lado, como señala López, podría haber “problemas sobre los motivos o los incentivos para trabajar”. Al respecto, Maltés, de la CUT, recalca que el objetivo es que, en medio de la coyuntura, “la gente pueda acatar el confinamiento y por lo tanto preservar la vida (...) Una vez se generen fuentes de trabajo y pase la pandemia este criterio de renta básica podría revisarse”.
Por su parte, Ricardo Bonilla, profesor pensionado de la Universidad Nacional, resalta “la propuesta intermedia que fue radicada por un grupo de congresistas, que es más aterrizada y financiable”.
Se refiere a la que congresistas de la oposición e independientes presentaron en marzo pasado y que establece, por ejemplo, que a “un hogar con una persona integrante se le asignará el monto determinado por la línea de pobreza monetaria a nivel individual, monto que se aumentará en 4,40 % del salario mínimo legal vigente por cada integrante adicional del hogar, hasta hogares con cinco o más integrantes”.
Bonilla destaca la importancia de la renta básica, entre otras cosas, porque considera que la principal razón de la crisis fue el choque de demanda, por lo que es necesario generar condiciones para que los hogares puedan consumir. “Se tiene que apoyar a los empresarios, sí, pero se tiene que generar poder de compra”.
Por su parte, Maltés, le dijo a El Espectador que al término de los seis meses de renta básica que solicitan “se debería evaluar si el confinamiento ha sido efectivo o no, si ha contribuido a dinamizar la economía. Y si lo ha hecho y se generaron nuevos puestos de trabajo decente, se debe revisar ese tema”.
Mujeres y educación
El pliego de emergencia también solicita garantizar la matrícula cero en las instituciones de educación superior pública y subsidios para la continuidad de los estudios en las instituciones de educación superior privada.
Sobre la matrícula cero, Mauricio Santamaría, director de Anif, opina que “el fondo de la política es bueno, asegurar el acceso a la educación superior es una buena manera de asegurar la igualdad, es un factor de movilidad social muy grande, pero el punto central es a quién le da usted ese subsidio. Los de ingresos medios y altos no tienen por qué recibir matrícula cero, eso es un mal uso de los recursos públicos. Cobrar menos de acuerdo con la capacidad de pago es una propuesta que tiene mérito si se hace bien”.
Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, asegura: “Me parece válido el apoyo al sistema educativo, sería interesante que también hubiera un enfoque en educación no solo universitaria. Es muy importante que haya manera de que los niños regresen a los colegios”. Sin embargo, eso contrasta con otro de los elementos del pliego: el “no retorno a las clases presenciales para el sistema educativo mientras no estén las garantías para ello”.
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En redes, al igual que López y Santamaría, se ha señalado la posible contradicción que hay entre el hecho de que el comité pida no regresar a las aulas por motivos de bioseguridad en tanto que han participado de masivas manifestaciones en los últimos días.
Al respecto, Maltés explica que “la no alternancia obedece a que las instituciones educativas tienen pésimas condiciones de ventilación y son espacios cerrados; en la inmensa mayoría no hay batería de baños o lavamanos suficientes. Mientras que la protesta es al aire libre, donde las partículas se pueden diluir fácilmente y no concentrarse como en un salón cerrado”.
Una de las peticiones en las que más han insistido quienes han analizado el asunto de la afectación laboral para las mujeres es el retorno a las clases presenciales. Esto se debe a que el cuidado y el acompañamiento que requiere la educación virtual, así como los trabajos domésticos no remunerados, han recaído desproporcionadamente sobre las mujeres, lo que les consume tiempo que no pueden dedicar al trabajo remunerado.
Sobre si el Comité tiene esto en consideración, Maltés respondió: “En el pliego de emergencia reclamamos el cese de la violencia contra las mujeres en el hogar y la no discriminación laboral. En la pandemia ellas han sufrido mayor discriminación, han sufrido los despidos por su rol de cuidadoras; se requiere que no haya discriminación y que haya una protección del Estado frente a la violencia en el hogar”.
Defensa de la producción nacional
El tercer punto del pliego se centra en la defensa de la producción nacional agropecuaria, industrial, artesanal y campesina. Menciona, entre otras propuestas, la condonación de créditos agropecuarios, creación de subsidios para pequeños y medianos productores y un programa de compras públicas para la producción agropecuaria.
“Creo que una cosa es proteger el nivel de bienestar de los colombianos y otra el proteccionismo. Hay un debate largo a zanjar sobre esto y no sé si la emergencia sea el momento para hacerlo”, opina Reyes.
Sobre la idea de condonar las deudas, Santamaría, de Anif, advierte que podría tener poco impacto sobre el bienestar de la población. “Condonar créditos no es perdonarlos, alguien los tiene que pagar. De pronto sería bueno ampliar plazos o utilizar otros mecanismos de subsidio directos que ya existen”, sugiere. Y agrega que “si algo ha estado bien durante la pandemia es la seguridad alimentaria”.
Fuentes de recursos
Ahora, sobre cómo financiar las peticiones, el Comité del Paro plantea varias alternativas. Maltés, de la CUT, destacó que “las fuentes de financiamiento deben ser préstamos del Banco de la República o emisión de dinero. En segunda instancia, monetizar parte de las reservas internacionales, que son cerca de US$60.000 millones, y la tercera puede ser la que ha propuesto la Andi: que van a devolver los $12 billones que les regalaron en la pasada reforma tributaria”.
Luis Carlos Reyes y María del Pilar López parecen estar de acuerdo en que algunas de las medidas propuestas no son las adecuadas para financiar necesidades de largo plazo. Sobre la emisión, Reyes asegura que “es un último recurso que no debería ser la primera opción”.
Para López, “gastar reservas o emitir manda una señal clara de inestabilidad macroeconómica al mercado crediticio, porque implica que el recaudo no está siendo suficiente y que, por lo tanto, estamos tapando un gasto que está aumentando con más deuda. Mañana no solo tendremos ese gasto sino que vamos a pagar la deuda que contrajimos y así sucesivamente; eso implica que la posibilidad de que en algún momento podamos dejar de pagar es mucho más alta”.
López señala, además, un riesgo de inflación a mediano y largo plazo, que terminaría “perjudicando como siempre desproporcionadamente a los hogares más pobres”, añade.
Santamaría, por su parte, explica que “la autoridad monetaria ha emitido en el último año. Todas las medidas que ha dado el Banco de la República son pura emisión. El primer impacto que tiene es que hace que todos los bonos de deuda que ha emitido el Gobierno tripliquen su costo. La deuda ya adquirida se encarece y no se puede renegociar tan fácilmente. Le tocaría al Gobierno hablar con cada tenedor de TES a ver si lo renegocia”.
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Bonilla también resalta las medidas del Banco, pero como un préstamo indirecto: “El Banco está prestando indirectamente. ¿No se acepta que preste directamente pero sí que preste indirectamente? Indirectamente significa que el Banco de la República sí amplió la oferta monetaria pero para entregar recursos indirectamente. Es una ampliación de la deuda pública, en TES, que termina pagando el mismo Estado. El debate termina siendo el de la ortodoxia económica, no prestamos directo al Gobierno porque se hace loco y no le paga, pero si le presta indirectamente sí le va a pagar”.
En el pliego el Comité también habla de una moratoria temporal y renegociación de la deuda externa. Mientras Reyes afirma que eso no solo no es necesario en este momento, sino que traería consecuencias adversas, Santamaría lo pone en los siguientes términos: “Es una cosa que no hemos hecho en 200 años de historia. Lo hizo Argentina en 2001, y desde ahí hasta hoy no ha podido salir de su crisis”. Y agrega que “el Gobierno ya negoció los pagos de la deuda que puede negociar, el Banco Mundial le dio facilidades. Lo que se podía hacer ya se hizo”.
Sin embargo, Bonilla señala que prácticamente todos los países están afectados, por lo cual tampoco considera que una eventual pérdida del grado de inversión fuera un problema exclusivo de Colombia. “Este no es el momento de pagar deuda, lo que está destinado a eso hay que destinarlo a recuperación de la economía”.
Vea más: Ganancias de establecimientos de crédito cayeron 30 % en febrero
Sobre el asunto tributario, vale la pena recordar que la propuesta de la Andi incluye medidas como suspender el descuento del ICA en el impuesto sobre la renta, establecer dos años el impuesto al patrimonio para personas naturales y adelantar la enajenación de activos de la nación, entre otras.
Para Reyes, “la suspensión de exenciones tributarias a las grandes empresas y el capital financiero es una medida factible para obtener más financiación, pero no sé si alcanzaría para financiar temas como una renta de emergencia de un salario mínimo legal vigente”.
En medio de todo, parece haber consenso en que la única forma de tener ingresos de manera sostenible es una reforma tributaria; sin embargo, voceros del Comité de Paro han dicho que no debe presentarse ninguna en este momento. Para Bonilla, una reforma “debería presentarse en cualquier momento siempre y cuando sea estructural y corrija los vacíos que hoy se tienen. La que se cayó metía renta básica nivelando cargas de IVA, de renta (...) pero en materia de dividendos, patrimonio, todo era a personas naturales, ¿pero si la plata está en persona jurídica? Eso no se ha resuelto”.
Aparte de las expuestas, el Comité del Paro ha hecho otras peticiones, como el retiro de la propuesta de reforma a la salud, la no aspersión con glifosato y la derogatoria del Decreto 1174. Tanto el Gobierno como el comité han manifestado su “disposición” para el diálogo o la discusión. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición aún no se había confirmado la hora o la agenda para este encuentro.