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Mientras el gobierno del presidente Petro persista en meterle mano al esquema tarifario eléctrico buscando aliviar el bolsillo de los colombianos de menores ingresos, la capacidad de pago de las empresas del sector se podría poner en peligro.
La motivación de fondo con esta intervención (que está en veremos mientras sale concepto del Consejo de Estado) es bajar las tarifas eléctricas en el país, que también tienen su parte en la subida de la inflación.
Ahora bien, no resulta muy claro cuál es la intención del presidente Gustavo Petro al intervenir unas comisiones en las que hay representación ministerial y de Planeación Nacional, pues al final las decisiones que allí se toman no son aprobadas a espaldas de los ministros y del director del DNP.
Tratando de evitar que se llegue a esos extremos, los diferentes segmentos empresariales eléctricos exploran acciones para hacer realidad esos respiros en las tarifas.
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Lo cierto es que “la existencia de un marco tarifario claro ha permitido que esta industria se beneficie de ingresos estables y predecibles, aun en escenarios de desaceleración económica”, según lo advierte la firma calificadora BRC Ratings.
Para el presidente de la Cámara Colombiana de la Energía (CCE), Carlos Alberto Zarruk, “en la determinación de los precios debe primar el análisis técnico, pues de no ser así se puede llegar a afectar la sostenibilidad financiera de las empresas prestadoras del servicio, lo cual pondría en riesgo la seguridad energética del país”.
El freno de mano que provisionalmente les ha puesto el Consejo de Estado a las pretensiones de Petro no parece ser suficiente para darles tranquilidad a las empresas del sector eléctrico. Un alto voltaje se percibe entre los empresarios. Por ello están de acuerdo en que se deben revisar algunos puntos del esquema tarifario, pero dentro del marco de la estabilidad jurídica y seguridad empresarial.
Es un mensaje que también llega desde la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis): su director, José Camilo Manzur, considera que “todas esas revisiones se realicen bajo el marco institucional del sector, en lo cual hemos estado durante los últimos 30 años y ha dado grandes frutos”.
Hay que decir que parte del alza tarifaria más marcada en algunos mercados tiene ingredientes internacionales: después de la pandemia nadie imaginó una invasión de Rusia a Ucrania con el desmedido crecimiento de los precios de la energía, lo que acentuó la inflación, especialmente de los productores. Uno de los ingredientes tarifarios que ha presionado el costo de la electricidad ha sido el Índice de Precios al Productor (IPP).
A pesar de estas consideraciones, los principales actores del sector eléctrico colombiano están de acuerdo en que se deben implementar acciones tendientes a conseguir un control sobre el precio de la electricidad. “La mejor manera de asegurar tarifas eficientes sin intervenir directamente los precios es aumentando la competencia. Y para eso hay que tener dos condiciones mínimas: que las tarifas cubran los costos de prestación del servicio y que haya estabilidad en las reglas. De lo contrario, difícilmente podrá atraerse inversión nueva al sector”, sostiene el exministro de Minas y Energía, y actual director del Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), Tomás González.
Un tibio pacto tarifario
En este campo no hay fórmulas mágicas para presionar una baja considerable en el precio de las tarifas eléctricas. Desde el año pasado la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, le ha metido mano al asunto con el pacto por la justicia tarifaria, sin conseguir plenamente los objetivos de la iniciativa.
“Para encontrar soluciones que permitan ajustar las tarifas eléctricas en Colombia es indispensable, inicialmente, tener en cuenta las particularidades de cada región, como en el caso del Caribe y el Valle del Cauca, cuyas tarifas se alejan significativamente de los promedios nacionales”, señala Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá.
En materia tarifaria se requiere un equilibrio importante entre tarifas eficientes, minimizando el impacto a los usuarios, “pero al mismo tiempo garantizando la prestación futura del servicio en que pueda el sector avanzar, incrementar la cobertura, mejorar la calidad del servicio, adecuar y modernizar las redes y en acelerar la transición energética”, señala Manzur.
Analistas y gremios del sector y la producción esperan que las acciones que se tomen no lleven al país a vivir situaciones nefastas que han experimentado otros países de la región en su sistema eléctrico. “Que no nos vaya a ocurrir lo que ha sucedido en otros países de Latinoamérica, en donde no se mantuvo ese equilibrio”, asevera el director de Asocodis.
Por su parte, González señala que “en términos de inversión, las tarifas no deben ser ni altas ni bajas, sino cubrir los costos de prestación sin generar rentas a nadie. Si las tarifas resultan ser muy elevadas para determinados grupos de usuarios, es el Gobierno el que debe intervenir para asegurar que los más vulnerables puedan tener acceso a la energía”.
El presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem), Daniel Enrique Medina, propone que ante el incremento de las tarifas de entre un 25 y 50 %, “se acelere la entrada de los proyectos de generación para conectarlos al Sistema Interconectado Nacional (SIN), de tal manera que se amplíe la oferta y se incentive la competencia en el segmento de generación, para lograr así una reducción de tarifas”. Además advierte que tanto el Gobierno como las entidades regulatorias deben ponerle atención al anuncio de la Organización Meteorológica Mundial sobre la posibilidad de que a partir de junio puede presentarse el fenómeno de El Niño. Considerando el nivel actual de los embalses, que está en un 61 %, esto podría presionar un alza en las tarifas.
De parte de los consumidores, Sandra Fonseca, directora de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) considera que “el componente de restricciones en la tarifa debe ajustarse bajo el criterio de que sus costos deben asignarse al responsable directo y primario de su causa”. Explica que las líneas de transmisión y proyectos de generación, con asignaciones de cargo por confiablidad o contratos de largo plazo, retrasados respecto a su fecha de entrada en operación “deben responder por las restricciones causadas, así como también cuando los planes de expansión de los operadores de red en todos los niveles de tensión, y conexiones de oferta y de demanda se retrasen o no se cumplan según lo aprobado”.
Propuesta de los generadores
Las empresas del segmento de la generación, agremiadas en la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), consideran que para matizar un esquema tarifario sin sobresaltos es necesario tomar decisiones en dos sentidos. El primero tiene que ver con la cobertura: mejorar la condición de exposición que tienen algunas empresas distribuidoras y comercializadoras de energía a los precios de bolsa.
El presidente de Andeg, Alejandro Castañeda, explica que actualmente hay varias empresas comercializadoras y distribuidoras que tienen una alta exposición en bolsa con consecuencias para los usuarios residenciales. “Si llega un fenómeno de El Niño, obviamente los precios (de bolsa) suben, y ahí sí va a tener un efecto sobre esa demanda regulada (residencial)”, explica el dirigente gremial.
Pero sin lugar a duda, la iniciativa de mayor relevancia tiene que ver con la información de los precios de oferta para los generadores. Castañeda explica que como los precios de oferta de los generadores permanecen ocultos durante los 28 días siguientes al día de operación, entonces durante todo ese tiempo se desconoce qué pasó el día de la operación. “Nosotros lo que le hemos dicho al Ministerio (de Minas y Energía) es que hay que destapar esos precios para que no solo esté la Superintendencia (de Servicios) encima de lo que pasa día a día en la bolsa, sino que tengamos entre 30 o 40 generadores mirando qué fue lo que pasó al día siguiente”.
Cuando se tienen esos controles “es más complicado que tenga comportamientos estratégicos dentro de la bolsa”. Para Castañeda, “eso puede mejorar mucho el tema, y lo que hemos propuesto allí es destapar los precios de oferta al día siguiente de la operación del mercado”.
La tarifa en el Caribe
La región Caribe tiene unas condiciones particulares que le dan complejidad al proceso tarifario por las dificultades que se han presentado en la prestación del servicio desde hace varios años, acompañado por los altos indicadores de pérdidas de energía, reseña la Cámara Colombiana de la Energía. “El tema tarifario debe responder, sin lugar a duda, a un análisis técnico sólido y consistente que permita llegar a precios eficientes en un mercado de grandes actores que, en algunos eslabones de la cadena, conforman oligopolios o monopolios naturales, lo cual hace complejo el proceso de fijación de precios eficientes”, dice Zarruk.
Por su parte, Juan Ricardo Ortega recuerda que “en el Caribe las pérdidas de energía eléctrica, incluyendo el no pago, son la principal causa de las tarifas elevadas desde hace décadas”.
Explica que en febrero pasado este componente tarifario representó el 22 % (187 $/kWh) y el 17 % (159 $/kWh) de la tarifa en AIR-E y Afinia, respectivamente, mientras que en Bogotá y Medellín fue del 8 %, con $61 kWh y $63 kWh, respectivamente. Aciem estima que AIR-E y Afinia, “los operadores que hoy administran el servicio de energía en la región Caribe, sigan invirtiendo en la reposición de activos, inviertan en tecnología para control de fraudes, generen una cultura de pago y garanticen un servicio de calidad”.
Ortega ve una solución para el problema tarifario de la región Caribe. Se requiere “el involucramiento de las autoridades territoriales, el desarrollo de comunidades energéticas y la emisión de bonos a 10 o 15 años con garantía de la nación para diferir a 2 o 3 años una porción sustantiva del régimen transitorio de la tarifa eléctrica de esa región”, asegura.
Mientras tanto, Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, recuerda que desde el gremio se ha propuesto la creación de un fondo que asuma las pérdidas de la región Caribe. Con eso se logra disminuir entre $120 a $150 de las pérdidas no técnicas (que son el hurto y todo aquello que los usuarios hacen frente al sistema) y que ese fondo se incorpore dentro del articulado del Plan Nacional de Desarrollo y tenga varias fuentes de ingresos. Una primera fuente es el Presupuesto General de la Nación y, la segunda, considerar destinar el 3 % de la sobretasa de renta adicional a las hidráulicas que se creó en la reforma tributaria del año pasado.
Otra fuente podría ser que se establezca un cobro de tres pesos por cada kilovatio que se transe en la bolsa de energía, con lo que se recaudarían unos $300.000 millones al año, lo que haría disminuir el valor de esas pérdidas no técnicas.