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A principios de abril, un anuncio del presidente Iván Duque encendió el debate sobre las pensiones en Colombia: las administradoras de fondos de pensiones (AFP) invertirán $4,5 billones en proyectos de infraestructura. Más allá de las tensiones políticas, la intervención dejó la duda de qué tan viable es para los afiliados que su ahorro pensional se invierta en estos megaproyectos.
Antes de llegar a esa respuesta es importante aclarar varios puntos. Pese a que Duque dijo que era un “hecho histórico”, las AFP han invertido en obras en todo el país desde hace mucho. De hecho, ya hay inversiones por cerca de $33 billones. Daniel Wills, vicepresidente técnico y de estudios económicos de Asofondos, le explicó a este diario que las administradoras no deciden en qué proyectos de infraestructura invertir. Su rol es elegir un fondo y después vigilar. En este caso las inversiones se realizarán a través de BlackRock, Ashmore, Unión para la Infraestructura y Sumitomo.
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En medio de las críticas por lo que para muchos fue la politización de los ahorros pensionales, Asofondos asegura que su función es buscar la mayor rentabilidad para los afiliados, sin ningún criterio político. Wills sostiene que le informaron a Duque de las decisiones que ya habían tomado las administradoras: “Ellos (los fondos) ni siquiera nos han contado exactamente en qué proyectos. Nosotros lo que hicimos fue comprometer unos recursos, nos comprometemos a que, cuando un proyecto de ciertas características se apruebe, hacemos la inversión”, dijo.
Para comprender mejor el tema hay que tener en cuenta los dos caminos que toman las AFP para invertir en infraestructura: invertir en un fondo de capital privado o en un fondo de deuda privada. Básicamente, en el primero las administradoras entran como socias del proyecto y en este caso la rentabilidad es mayor, Wills estima que cinco o seis puntos por encima de la inflación, pero el riesgo también es mayor. En el segundo se presta el dinero con el fin de obtener un interés, el riesgo es menor y la rentabilidad también lo es.
De los $4,5 billones que anunció Duque, la mayoría, según Asofondos, se invertirán por medio de fondos de deuda privada. También hay que tener en cuenta que las inversiones en infraestructura representan una pequeña parte de las inversiones de las administradoras de fondos de pensiones, ya que hoy los activos de las AFP superan los $358 billones. Otros datos para entender mejor el panorama: en 2021, del total de inversiones, activos alternativos representó solo el 0,5 % (en esta categoría se incluyen las inversiones en infraestructura por medio de deuda privada) y todas la inversiones en fondos de capital privado representaron el 15 %.
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“La idea es tener los huevos en distintas canastas, de manera que, si algún riesgo se materializa, haya muchas otras inversiones”, asegura Wills. En esos términos, actualmente la canasta con más huevos es la de deuda pública que tiende a ser un activo seguro, pero con poca rentabilidad. Al respecto, David Cuervo, director de Bienestar Financiero y Patrimonial para Mercer Andina, Centroamérica y el Caribe, recuerda que la rentabilidad es la función principal de los fondos de pensiones en cualquier lugar del mundo, pues de esa rentabilidad depende que las personas tengan una pensión.
Para él es viable invertir en un activo de alto riesgo, como lo es la infraestructura, siempre y cuando se haga con responsabilidad. Un proceso de gobernanza adecuado en el interior de las AFP, que los profesionales de inversiones sepan a dónde acudir y que cuenten con la mejor información para seleccionar la inversión es fundamental para el experto. De hecho, pone sobre la mesa que este es un camino que ya han tomado países con sistemas robustos: “Países Bajos tiene un 16 % en activos alternativos, en los que está incluido infraestructura; Reino Unido tiene 33 % de su portafolio en esa categoría, y en el caso de Dinamarca, este es del 25 %”.
En general, Claudia Navas, analista sénior de Control Risks, afirma que uno de los riesgos más grandes que enfrentan los proyectos de infraestructura es la corrupción, un capítulo que Colombia conoce de sobra y que genera desconfianza. Por eso es fundamental “que las inversiones tengan altos estándares de debida diligencia, mecanismos anticorrupción y que estén informadas de análisis del entorno político, social y ambiental”.
Navas agrega otro elemento: las inversiones en proyectos de infraestructura son rentables en el largo plazo. En esa línea, Wills sustenta que el horizonte de la inversión en infraestructura está alineado con el horizonte del ahorro pensional, teniendo en cuenta que los resultados de la inversión solo se verán en unos 20 años. Por esa misma razón, hoy no es posible analizar a ciencia cierta qué ha pasado con las inversiones que ya se han hecho, pues todavía no se ha cumplido el plazo para definir cuál fue la rentabilidad, aunque se espera que sea muy buena.
Por otro lado, para Cuervo, “necesitamos revisar, como lo está haciendo la Superintendencia Financiera, que el proceso de gobernanza sea lo suficientemente robusto y que, como lo recomendó la Misión de Mercado de Capitales, el profesionalismo de los fondos de pensiones se vea realmente en la rentabilidad”. En ese sentido, una prioridad debería ser diversificar el portafolio de inversiones, para eso hay que evaluar mercados emergentes, considerar otro tipo de activos y, sin duda, aceptar mayores niveles de riesgo, siempre y cuando sea de manera responsable.
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El experto considera que “los fondos de pensiones han pecado por exceso de rigurosidad”. Para él, es necesario darles más libertad, que tengan la opción de invertir en donde lo consideren. En esa línea criticó la Ley 2112 de 2021, que obliga a las AFP a destinar recursos para apoyar emprendimientos. Aunque esa ley es parte de otra discusión, Cuervo pone sobre la mesa que va en contravía del objetivo de obtener la mayor rentabilidad posible. Y aunque es partidario de darles más libertad a las administradoras, también reconoce que para llegar a ese punto primero hay que fortalecer la gobernanza.
También vale la pena recordar que los fondos de pensiones no son los únicos que entran a financiar los proyectos de infraestructura. Como indica Wills, “además del fondo de capital (en el que tampoco son mayoría) o de deuda privada, habrá multilaterales, banca internacional”. Aunque, según Asofondos, es virtualmente imposible meter a los afiliados en un mal negocio, el tiempo dirá qué tan conveniente ha sido invertir en infraestructura. Por ahora, para los expertos, del profesionalismo y la transparencia en el manejo de los recursos dependerá el fortalecimiento de las administradoras y que su trabajo se traduzca en rentabilidad.
¿Viable para quién?
La mayoría de las inversiones de las AFP en infraestructura, tanto por medio de fondos de capital como de deuda, forman parte de las Asociaciones Público Privadas (APP), cuyo objetivo es vincular al sector privado en la construcción de infraestructura pública. Aunque este instrumento es parte de un debate más amplio, vale la pena poner sobre la mesa algunos elementos.
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Juan Martín Caicedo, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura, le dijo a El Espectador que el modelo ha sido exitoso. Entre otras cosas, destaca que los proyectos cuentan con una estricta fase de estructuración técnica, legal y financiera. Resalta que la confianza en las APP ha crecido, por ende, se han sumado inversionistas nacionales y extranjeros. “Por ejemplo, la composición de la financiación del programa de la cuarta generación de concesiones es la siguiente: bancos internacionales 33 %, bancos locales 21 %, Financiera de Desarrollo Nacional 12 %, fondos de deuda 14 %, mercado de capitales 10 % y otras fuentes 10 %”.
Y agrega uno de los argumentos más frecuentes y de peso al abordar el tema: “Si el desarrollo de un programa de infraestructura de la envergadura del de cuarta generación se hubiese acometido mediante el mecanismo de obra pública, habría sido necesario el fortalecimiento institucional del Invías y dedicar mayor tiempo a la construcción de las obras. Pero lo más inquietante, se habrían necesitado varias reformas tributarias, teniendo en cuenta el monto total de la inversión, nada menos que de $50,26 billones”.
Pese a todas las ventajas antes mencionadas, para algunas organizaciones las APP solo son una maravilla en el papel. David Cruz y Laura Montaño, investigadores del área de financiamiento y derechos socioambientales de la Asociación Ambiente y Sociedad, aseguran que este modelo es viable, pero quizá no tanto para el Estado, que puede terminar asumiendo los riesgos que inicialmente caerían sobre el privado. Además, cuestionan la efectividad de un modelo que para la comunidad se puede traducir en peajes costosos en cortos tramos.
Más allá de cómo la corrupción ha minado la confianza en la financiación de estos proyectos, con casos como el de Odebrecht, los investigadores indican que es problemático que los proyectos se lean solo desde lo financiero y que en el afán de realizarlos a toda costa se pase por encima del medio ambiente y de la comunidad. “En el análisis empezamos a encontrar que lo que importa es cómo hacerlos más rápido, cómo sortear la consulta previa más fácil, cómo el licenciamiento ambiental deja de ser una traba, pues interesa que sea viable financieramente y que el proyecto pueda tener su cierre financiero”.
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Para Cruz hay tres puntos fundamentales. El primero es que quienes financian los proyectos asuman las responsabilidades en materia social y ambiental, pues también se benefician económicamente y son parte vital de su desarrollo. Segundo, que las comunidades sean partícipes desde el principio y no simplemente espectadores. Ahí entra la pregunta de: ¿infraestructura para quién? Y en tercer lugar está la importancia de dar un debate sobre si las APP son un buen mecanismo en términos de transparencia y acceso a la información. “Los contratos se entienden desde lo financiero, información con reserva legal, y se pierde la trazabilidad de cómo está funcionando y qué tan viable es para el Estado”, dice Montaño.
Quedan muchos años para poder tener un balance real de las APP y de las inversiones en infraestructura, y quizá muchos más para poder entender para quién realmente fueron viables. Por el momento, la transparencia de las inversiones, separándolas de la política y mejorando la gobernanza, parece ser el mejor camino.