¿Quién se quedará con el aeropuerto que sirve a Cali?
El Gobierno debe resolver de aquí al tercer trimestre de este año si es factible que Aerocali continúe operando la terminal, tras presentar una propuesta avaluada en más de $1 billón.
Paula Delgado Gómez / @PaulaDelG.
En septiembre de 2020 se vence el contrato que entregó a la empresa Aerocali la operación del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, que sirve a Cali desde 1971. Hoy por hoy solo hay una propuesta sobre la mesa para que se vuelva a licitar y su postulación ha generado una oleada de críticas.
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En septiembre de 2020 se vence el contrato que entregó a la empresa Aerocali la operación del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, que sirve a Cali desde 1971. Hoy por hoy solo hay una propuesta sobre la mesa para que se vuelva a licitar y su postulación ha generado una oleada de críticas.
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Aerocali quiere repetir como concesionario, pero los opositores cuestionan su intención porque durante los últimos dos años de su gestión se perdieron una cantidad importante de pasajeros (en 2018 el flujo nacional cayó 6 % y el internacional 11 %), cuando en el resto del país la cifra crecía. Sumado a ello, tres aerolíneas (KLM, Iberia y Viva Air) se retiraron del aeropuerto, alegando dificultades en su operación.
Aun así, esta terminal, ubicada en Palmira (Valle del Cauca), es la segunda más importante en términos de ingresos a la nación, después de El Dorado, con contribuciones por $628.000 millones en 18 años, sin mencionar impuestos y otras tasas. También es el tercero que más mueve carga y el cuarto que más recibe pasajeros en todo el país.
También destacan en su administración la obtención de la primera certificación de aeródromo del país y el incremento de la conectividad en términos de destinos (25 % más en nacional y 300 % más en internacional) y en frecuencias (288 % más en nacional y 584 % más en internacional). Solo este año se abrieron ocho nuevos destinos y siete nuevas frecuencias, según el balance entregado.
A pesar de los argumentos de la oposición, Aerocali no ha recibido ni una multa en casi dos décadas ni hay procesos sancionatorios en curso, por lo que podría extender su operación (adjudicada desde septiembre del 2000) por treinta años más, en caso de ser aprobada su propuesta de nueva terminal.
Cuando la sociedad le pidió a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) prorrogar su contrato como operador de la terminal, la entidad le negó esta posibilidad y, a cambio, le propuso que presentara un proyecto de Asociación Público Privada (APP) de iniciativa privada sin recursos públicos: un esquema que permite a las empresas idear, estructurar y financiar la ejecución de nuevas obras. Así lo contó el gerente de Aerocali, Ricardo Lenis.
La ANI le aseguró a El Espectador que el Gobierno Nacional está estudiando varias alternativas, aunque esta es la única iniciativa privada, y por ley están obligados a tramitar y definir la viabilidad de la propuesta sin que ello implique destinar recursos públicos.
La propuesta debe incluir además la adecuación, modernización, expansión, operación y mantenimiento tanto de las pistas como de los terminales de los aeropuertos de Buenaventura, Neiva, Armenia e Ibagué, por lo que se requiere una inversión estimada de $1 billón.
Esa fue la condición que se le impuso a Aerocali, según Lenis. La versión de la ANI, por el contrario, apunta que “la agrupación obedece a la propuesta presentada por el originador”.
En su proyecto los representantes de Aerocali, además del desarrollo de nueva infraestructura para pasajeros, prometen garantizar la infraestructura de carga, lograr una negociación integral con las aerolíneas, incrementar el número de pasajeros y consolidar sinergias con las terminales que hacen parte del paquete de aeropuertos del suroccidente colombiano.
El pasado viernes, en el marco de un foro organizado por siete organizaciones públicas y privadas, se discutió la importancia de la obra, las necesidades que debe atender y la urgencia de que operen en la terminal de Cali aerolíneas de bajo costo que incentiven la competencia y permitan que los precios de los tiquetes aéreos disminuyan.
El director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar, manifestó que su proyección es que para 2030 la terminal que sirve a Cali reciba nueve millones de pasajeros, lo que significa una tasa de crecimiento anual promedio del 5 %. “Estas expectativas están respaldadas por el desarrollo de nuevas rutas. Aeropuertos troncales como Cali están llamados a tener más desarrollo en su infraestructura, porque se vienen proyectando hubs (centros de conexión)”.
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Y el título no es fortuito. La ruta Cali-Madrid es la ruta del país más ofrecida por vuelo, la ruta que conecta Cali con Lima se encuentra en el top 10 de las de mayor crecimiento y entre 2016 y 2018 se concretaron acuerdos con Panamá, Estados Unidos y Venezuela. A escala local, la ruta Cali-Medellín destaca como una de las 10 con mayor porcentaje de ocupación (86,3 %). También destaca el fomento de conectividad regional con la inauguración de rutas como la que conecta la capital del Valle con Neiva.
De hecho, a partir del 16 de mayo iniciará la alianza con Aeroméxico (que actualmente aterriza en Bogotá y Medellín) a través de un vuelo entre Cali y Ciudad de México con cuatro frecuencias semanales con capacidad para 124 pasajeros.
Sin embargo, para lograr la meta son necesarias algunas reformas. Al respecto, el presidente de la ANI, Louis Kleyn, anunció mejoras al esquema contractual relacionadas con los plazos del contrato, el período para la construcción, la asignación de los riesgos, la especificación de las obras, las obligaciones y las deducciones, entre otros.
De acuerdo con Lenis, el contrato de la terminal que operan está en desventaja frente a las condiciones actuales del sector. “En su momento era lo que había. Por ejemplo, somos el único aeropuerto que tiene que liquidar las contraprestaciones antes que los descuentos, que terminan por correr por nuestra cuenta”, contó.
Al respecto, el director de la Aerocivil explicó que vienen balanceando los ingresos regulados y no regulados en las concesiones, de manera que se generen los incentivos correctos “que sean atractivos para quien está invirtiendo, pero que al mismo tiempo no vayan a desestimular el crecimiento de los servicios de transporte aéreo”.
Pero no es el único que se siente en desventaja. También las aerolíneas han identificado oportunidades de mejora.
Si prospera la propuesta, el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón se convertiría en el primero en licitarse bajo esta figura (APP de iniciativa privada proveniente del antiguo operador), pues las únicas concesiones que han vencido hasta la fecha (con más de 15 años de antigüedad) son las de Bogotá, Cartagena y Barranquilla, y estas se extendieron o suspendieron bajo figuras diferentes: a Codad se le terminó la concesión del lado aire (pistas) de El Dorado en 2017 y pasó a manos de la Aerocivil, a la Sociedad Aeroportuaria de la Costa se le concedió una prórroga como responsable del Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena en 2010 y en Barranquilla se contrató una nueva APP en 2015 con el Grupo Aeroportuario del Caribe (GAC), pues la del Consorcio Acsa venció en 2012.
Por ahora, la Concesión Aeropuertos del Suroccidente (constituida por las mismas empresas de Aerocali: la española AENA y la financiera del Grupo Aval, Corficolombiana) está en etapa de factibilidad. Sin embargo, ello no significa que ya se haya aprobado; de hecho, aún hacen falta algunos estudios y evaluaciones.
La nueva sociedad (antes Aerocali) tiene hasta febrero para dejar todo al día y la ANI hasta nueve meses para revisar si le da o no factibilidad. Luego se repite el proceso con los ministerios de Transporte y Hacienda, además de Planeación Nacional. Solo en ese punto se convoca a terceros interesados a la licitación a competirle al autor de la iniciativa, lo que está proyectado para mediados de 2020.
Esto ha llevado a muchos actores involucrados a cuestionar qué tanto equilibrio puede haber en una licitación estructurada por uno de los participantes. “Es una licitación en la que en realidad los terceros pueden participar muy poco y tienen desventajas en tiempo y prioridad”, dijo Álvaro Durán, abogado experto en transporte.
La ley determina que los proyectos con viabilidad se publican en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) incluyendo el acuerdo, los estudios y la minuta del contrato y sus anexos durante al menos dos meses prorrogables hasta por cuatro más, tiempo en el que cualquier interesado podrá manifestar su interés en participar. Con esta información se constituye la lista de precalificados, que son los oferentes que cumplen los requisitos de la convocatoria.
Pero la situación del aeropuerto que sirve a Cali no será el único gran reto del operador, también deben asumir las dificultades en Buenaventura, donde más de 400 familias invadieron terrenos que corresponden a la pista de la terminal.
La discusión llegó al Congreso en septiembre del año pasado cuando la representante a la Cámara por el Valle del Cauca Catalina Ortiz convocó un debate de control político para advertir las necesidades que tiene la región y la importancia de que estas queden resueltas con la nueva concesión.
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Más tarde se unieron a su convocatoria de liderar un comité de seguimiento representantes de Propacífico, Invest Pacific y el Comité Intergremial y Empresarial del Valle, quienes, además de la vigilancia, llevarán esta semana una propuesta formal al Ministerio de Transporte, la ANI y la Aerocivil con la esperanza de que sus sugerencias, en pro del desarrollo de la región, sean tenidas en cuenta en los pliegos de la licitación.