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La ejecución presupuestal y el recaudo tributario del Gobierno Nacional para 2024 están en el centro del debate, con una preocupación creciente entre analistas sobre cómo estos factores impactarán no solo las finanzas públicas, sino también la economía en general.
A falta de tres meses para que finalice el año, el panorama sugiere que el Gobierno podría tener dificultades para cumplir con la Regla Fiscal (RF), que limita el déficit del Estado para mantener la estabilidad macroeconómica, ha llevado a ajustes importantes en el gasto público, especialmente en el rubro de inversión.
Este incumplimiento puede afectar a todos los ciudadanos, ya que los recursos no ejecutados hoy pueden tener repercusiones directas en la infraestructura, servicios públicos y programas sociales.
De acuerdo con los datos del Banco de Bogotá, el Gobierno ha comprometido 65,8% de su presupuesto total, superando levemente la meta de 65,3% prevista para este punto del año. Sin embargo, comprometer recursos no es lo mismo que gastarlos.
Cuando se habla de compromisos presupuestales, se hace referencia a las asignaciones que el Gobierno destina a proyectos específicos a través de contratos y acuerdos. Pero, si estos contratos no se ejecutan, los recursos no se desembolsan, lo que lleva a una subejecución del gasto.
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Las “obligaciones”, en este contexto, representa las deudas o pagos que el Gobierno debe hacer una vez que los compromisos se ejecutan, alcanzaron solo 54,2% del Presupuesto General de la Nación (PGN). Esta cifra está por debajo del límite proyectado para esta época del año, que era de 59,4%, lo que confirma que hay una brecha entre lo que se compromete y lo que efectivamente se está ejecutando.
Si los recursos asignados no se gastan en tiempo y forma, la economía local también se ve afectada, ya que muchos de estos proyectos generan empleo y estimulan la actividad económica en regiones que dependen del gasto público.
Además, el ajuste en el gasto de inversión —que ha sido el rubro más afectado— implica que habrá menos dinero disponible para proyectos que podrían generar crecimiento económico a largo plazo. Los expertos señalan que, si bien la inversión pública es crucial para el desarrollo de sectores clave como la infraestructura, las cifras muestran que este tipo de gasto ha sido uno de los más sacrificados en el segundo semestre del año. Esto afecta no solo la capacidad de crecimiento económico, sino también la competitividad del país a futuro.
El recaudo tributario
Otro de los puntos críticos en el análisis económico es la caída del recaudo tributario. Según Corficolombiana, entre enero y agosto de 2024, el Gobierno recaudó $177,8 billones, 9,7% menos que en el mismo período de 2023. Esta disminución fue impulsada, en gran parte, por una reducción en los ingresos por el impuesto de renta, que cayeron 44,1%, que pasó de $110,3 billones en 2023 a $89,5 billones este año. Esto es preocupante porque menos ingresos tributarios significan que el Gobierno tiene menos recursos disponibles para cubrir sus gastos, lo que obliga a realizar recortes.
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Los efectos de los bajos ingresos
El descenso en el recaudo tributario no solo afecta la capacidad del Gobierno para financiar proyectos de inversión, sino que también plantea preguntas sobre la efectividad de las reformas fiscales y las medidas de recaudo implementadas. Los sectores más afectados por la subejecución, como Agricultura y Desarrollo y Ciencia y Tecnología, son cruciales para el desarrollo económico a largo plazo.
El bajo nivel de ingresos complica aún más la situación presupuestal, ya que obliga al Gobierno a ajustar su gasto para cumplir con la Regla Fiscal. En la actualización del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el Gobierno se comprometió a reducir el gasto en $50,8 billones para poder cumplir con las restricciones impuestas por la RF. Este recorte representa 12,4% del total de lo asignado en el PGN, lo que significa que, de los $408,1 billones presupuestados, el Gobierno solo podría gastar hasta $357.3 billones.
Si bien el gasto en funcionamiento, que incluye el pago de sueldos y la operación de instituciones públicas, se ha mantenido relativamente estable, la falta de ejecución en inversión significa que no se están construyendo nuevos hospitales o colegios, ni se están adquiriendo los equipos necesarios para mejorar la calidad de los servicios que recibe la población.
Además, este retraso tiene implicaciones tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, disminuye la actividad económica, lo que se refleja en una desaceleración del crecimiento. A largo plazo, la falta de inversión en infraestructura afecta la competitividad del país y las oportunidades de desarrollo económico.
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