“Recuperar estatus sanitario tardará dos o tres años”: viceministra de Asuntos Agropecuarios

Marcela Urueña es viceministra de Asuntos Agropecuarios. En diálogo con este diario contó que uno de los objetivos de su equipo es aumentar la productividad y la rentabilidad de los agricultores para lograr competitividad en el campo. La idea, según la funcionaria, es hacerlo a través de herramientas como el ordenamiento de la producción, de manera que se evite la sobreoferta o la escasez de alimentos, fluctuaciones que, en últimas, afectan los precios que se pagan al productor o los bolsillos del consumidor final.  

"En la medida en que se puedan articular las cadenas de valor en el sector agropecuario habrá productores con certidumbre, menos inflación para el consumidor final y, en la mitad, una industria que genera lazos de proveeduría", afirmó.

Explicó que, en el marco de ese objetivo, se han priorizado nueve cadenas: arroz, algodón, maíz, papa, cebolla, leche, panela, forestales y aguacate hass. "La idea es sentarnos con las cadenas de esos nueve productos y generar consensos sobre cuánta es el área que debe sembrar el país (o cuántas cabezas de ganado debe haber, en el caso de la leche) para producir las cantidades necesarias en el año calendario y cruzar eso con el asuntos de las aptitudes de uso del suelo". 

Añadió: "Nos vamos a sentar con los consejos de cadena (de cada producto) a generar esos consensos, para poner sobre la mesa el balance de cada producto: cuánto es el consumo, cuánto se atiende con importaciones —porque el país tiene compromisos de tratados de libre comercio—, cuánto se necesitaría por producción nacional y empezar a apostarle, en lo posible, a hacer sustitución de importaciones por la vía de mayor productividad y, por ende, mayor competitividad". 

En esta entrevista, cuenta cuál fue el panorama del sector que encontró a su llegada y cómo avanzan asuntos como la recuperación del estatus sanitario de país libre de la fiebre aftosa con vacunación y la adjudicación de la administración del fondo parafiscal de los ganaderos.

¿Qué encontró al llegar al despacho y qué balance hace de estos casi cinco meses?

Encontramos una falta de articulación. El Ministerio estaba debilitado en su papel de rector de la política y de liderar las acciones de implementación y ejecución que llevan a cabo las agencias, y, por esa desarticulación, muy encargado de asuntos que, a nuestro parecer, no le corresponden: precisamente estar en el terreno haciendo ejecuciones. En los últimos años las entidades del sector se fortalecieron porque son muchas más, tienen mayor grado de especialización y uno tendería a pensar que esa especialización permite que las implementaciones y ejecuciones en campo se hagan de manera más apropiada, más eficiente, más eficaz. Eso no estaba pasando. Hemos venido mejorando la articulación. Estos más de cuatro meses han sido de planeación, de sentarse a pensar sobre esos grandes retos que tiene el sector agropecuario, cuáles deberían ser las líneas de acción o las políticas grandes, gruesas.

¿Cuáles serán las acciones?

Planteamos tres grandes pilares de acción para los cuatro años que vienen. Uno que tiene que ver con el desarrollo rural. Se trata de darle la posibilidad a la población asentada en las zonas rurales del país de cumplir con algo que suena un poco técnico y es lo que se conoce como “condiciones habilitantes”: es todo aquel acervo no solamente de conocimiento y capacidades propias de una persona, sino toda una serie de activos que al final rodean a esa persona y la familia para facilitarles una inserción adecuada en el mercado. Dentro de esas condiciones están las básicas: educación, salud, bienestar a nivel social, pero también está lo que agrupamos en los bienes públicos rurales: infraestructura para comercialización, para poscosecha, para almacenamiento, vías terciarias. Hay un segundo pilar, que nosotros lo hemos denominado “productividad + rentabilidad = competitividad”, y es allí donde verdaderamente actúa el Viceministerio de Asuntos Agropecuarios. Somos los encargados de liderar las relaciones que se tienen tanto con las cadenas agrícolas y pecuarias como con los gremios de la producción que, consideramos, son los legítimos representantes de los productores rurales del país. Pero esos dos pilares de acción necesitan algo que pega un poco con lo que dije al comienzo y es fortalecer la institucionalidad al servicio del campo. Ahí vemos un tercer pilar: el fortalecimiento institucional por la vía de modernizar las entidades, no sólo en temas de agilización y, en lo posible, de flexibilización, incluso tercerización de los trámites, sino también que esos trámites estén más basados en plataformas de tecnología con el fin de que el productor al que la oficina le queda a cinco, ocho y diez horas de camino, tenga la posibilidad de contactar a las instituciones vía internet.

En Colombia existen discursos que privilegian el modelo agroindustrial y otros que van por la agricultura familiar. ¿Colombia debería privilegiar algún tipo de producción o pueden coexistir? 

En el sector agropecuario debe haber campo para todo el mundo. No podemos depender de grandes productores, porque se empiezan a generar concentraciones en la oferta y eso genera distorsión en el mercado, empiezan a producirse los monopolios y los oligopolios, y eso no está bien, pero tampoco podemos depender solo del pequeño productor, porque la cantidad de oferta que puede entregar al mercado no es suficiente, y eso genera incrementos en el proceso de comercialización y fomenta la intermediación. Tenemos que coexistir y generar integración horizontal, es decir, pequeños y medianos productores que se integran entre ellos e incluso con grandes productores para generar volumen, porque eso además les da poder de negociación. No es lo mismo sentarse a negociar con una libra de papa que sentarse a negociar con una tonelada, y eso se logra con la integración horizontal. Pero también tenemos que generar integración vertical: cómo ese productor, de cualquier tamaño, es capaz de integrarse, generando o agregando valor para escalar. 
Personalmente creo que tenemos que generar condiciones de coexistencia para todo el mundo, que todos esos productores tengan capacidad de ser rentables y competitivos. No es todo agricultura familiar o todo agricultura grande, sino más bien cómo buscamos que todos tengamos la posibilidad de participar de manera eficaz y eficiente en el mercado.

En el fortalecimiento institucional del que hablaba, ¿el plan es dejar las agencias como están o están pensando una reorganización o integración de funciones?

No. La arquitectura actual del sector agropecuario está basada en una propuesta de reforma que es de los años 2013 a 2015 y que, a consideración nuestra, quedó en la mitad. El planteamiento, que además está basado en las conclusiones de la Misión para la Transformación del Campo, que estuvo bajo el liderazgo de José Antonio Campo, es más bien terminar de llevar a cabo esa reforma, fortaleciendo las entidades en el tema de ejecución, focalizándolas mucho más en las funciones que les competen. Estamos viendo que hay un poco de traslape de funciones en ciertos casos y lo tenemos que evitar. Por ejemplo, tenermos una Agencia Nacional de Tierras ejecutando proyectos productivos, pero también tenemos una Unidad de Restitución haciendo lo mismo por solicitud expresa de los jueces en los procesos de reparación de víctimas. También tenemos una Agencia de Desarrollo Rural también haciendo proyectos. El tema es ordenarnos, generar, en el caso de los proyectos productivos, una política única de financiación y criterios de elegibilidad para acceder a recursos. De esa manera, buscaremos mayor impacto en las inversiones. 

Gremios como Fedearroz señalan la falta de una política integral para la competitividad, que tenga en cuenta el aseguramiento y el crédito para productores de todos los tamaños. ¿Cuál es su visión sobre esto?

Tenemos una estrategia que la hemos denominado “360°” de mitigación de riesgos, y se llama así porque vamos a buscar cubrir todos los riesgos que afectan a un productor, pero también es 360° porque los incluye a todos. Apuntamos no solo a los riesgos fitosanitarios, sanitarios y climáticos, también le estamos apuntando a que tener acceso al crédito sea una forma de mitigar riesgo. Buscamos mitigar riesgos en los ingresos y riesgos de mercado por la vía de las coberturas de precios. Hoy el crédito agropecuario está organizado en tres grandes clasificaciones que se basan en el nivel de activos que tiene un productor: el pequeño, que tiene activos hasta de 254 salarios mínimos; el mediano, que va desde ese punto hasta los 5.000 salarios mínimos en activos, y el gran productor, que sobrepasa ese nivel de los 5.000. Pero vemos que, en la mitad, en los medianos productores, hay un segmento de esos que están entre 254 y 5.000 que están más cerca de la condición de ser pequeño productor, porque cualquier situación adversa que le pase lo lleva a una situación de desventaja o lo devuelve en el crecimiento de activos que ha tenido. Queremos trazar una línea, muy cuidadosamente, a partir de un estudio en 2019, para llevar una parte de ese mediano productor a una nueva clasificación que la hemos llamado “el mediano emergente”, haciendo un poco una similitud a lo que se conoce a nivel de economía rural como la clase media emergente: todas esas personas que han logrado superar trampas de la pobreza, pero que en cualquier momento, si muere el padre, si llega una enfermedad trágica, si se pierde el trabajo de la madre o el padre cabeza de familia, inmediatamente la familia retrocede y cae en estado de vulnerabilidad. La idea es que esos medianos emergentes, esos pequeños productores y emprendedores micro en el campo, que no tienen tierra; las amas de casa que tienen ganas de buscar una alternativa del ingreso; el joven que todavía no es dueño de la tierra, pero que tiene todo el empuje y todo el interés de un emprendimiento, reciban instrumentos articulados en grandes acciones. 

¿Como cuáles?

Primero, el tema capacitación no solo para aprender a utilizar el crédito, sino para entender que la única manera de apalancarse no es pidiendo crédito, sino haciendo el esfuerzo de ahorrar, educación financiera. Un tema de acceso a instrumentos diferenciales de crédito y seguimiento a su uso. Eso para nuestros medianos emergentes, pequeños y microemprendedores. Y luego para los medianos consolidados y los grandes generar instrumentos mucho más “sofisticados” de financiamiento, como, por ejemplo, posibilidad de acceder al mercado de capitales, créditos rotativos, acceso a recursos de los fondos de capital de riesgo. Esos medianos y esos grandes, con su capacidad financiera y productiva, pueden ayudar por la vía de la integración horizontal a llevar y mejorar la inserción de los pequeños en las cadenas de comercialización o en el mercado.

¿Cómo va la recuperación del estatus sanitario del país luego de la reaparición de la fiebre aftosa?

Esa es una prioridad grandísima que tenemos. A nivel internacional hay crecimiento de la clase media y, por ende, incremento del poder adquisitivo de la gente y en la expectativa de vida. Esas condiciones, más el crecimiento gigantesco que estamos viendo en la población, genera inmediatamente un cambio en la dieta. La gente ha empezado a demandar muchos más alimentos sanos y proteína porque tiene capacidad adquisitiva, y la carne colombiana tiene muy buena aceptación en los mercados internacionales. Por sabor, por calidad, pero además por el costo al que se puede ofrecer al mercado. Se ha planteado un plan frontal de lucha contra la enfermedad. Por eso se lanzó la jornada de vacunación, que se extendió recientemente para poder terminar de vacunar todo el territorio nacional. Hay luego un proceso de revacunación que se tiene que producir comenzando el año para hacer un refuerzo inmunológico en los animales y empezar a trabajar en la posibilidad de ir recuperando el estatus sanitario por regiones y por la vía de hacerlo regionalizado, lograr al final la recuperación del estatus del país como un todo libre de aftosa por vacunación. 

¿Eso esperan que pase en 2019?

Creo que en 2019 vamos a ir haciéndolo región por región, y pensaría que la meta de tener nuevamente el país con el estatus recuperado a nivel nacional sería un tema de dos o tres años. No es tan inmediato porque estamos en una especie de periodo de monitoreo muy exhaustivo por parte de la OIE. Desde el momento en el que retiran el estatus sanitario, tienen que pasar seis meses para poder volver a solicitar que el país sea tenido en cuenta para el otorgamiento del estatus. Estamos en una fase de observación. No es un tema fácil, pero existe todo el interés, se le ha dado toda la prioridad. Además tenemos todo el conocimiento porque tenemos un ministro que conoce muy bien el tema, pero también tenemos una gerente general ICA que es experta también. A manera de anécdota, ellos dos fueron partícipes en su momento del otorgamiento el estatus sanitario para el país como libre aftosa con vacunación. Estamos en buenas manos.

¿Qué mercados se han cerrado o cuáles siguen abiertos?

Egipto sigue abierto, el Oriente Medio sigue abierto. Rusia está analizando muy de cerca la situación colombiana y la idea es, por la vía de esa regionalización del estatus sanitario, darle la tranquilidad a Rusia de que la carne que se está exportando viene exclusivamente de una zona que hoy no ha tenido un solo brote: Córdoba. Estamos trabajando en algo que se hace a través del ICA igualmente, y es la certificación de fincas exportadoras. 

¿Y el proceso de adjudicación del Fondo Nacional del Ganado?

En este momento se está mirando. Hay una serie de elementos de tipo legal que se tienen que tener en cuenta, no solamente la normatividad que se expide a través del Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018), sino también las leyes que establecieron los fondos de fomento, una serie de jurisprudencia, y el criterio que se ha utilizado es garantizar el debido proceso y que el ente que se convierta en el administrador del Fondo Nacional del Ganado cumpla con un requisito que está establecido en la Ley 101 de la parafiscalidad agropecuaria: la representatividad y los procesos democráticos. En este momento lo está analizando la Oficina Jurídica del Ministerio con la Secretaría General.
 

Marcela Urueña es viceministra de Asuntos Agropecuarios. En diálogo con este diario contó que uno de los objetivos de su equipo es aumentar la productividad y la rentabilidad de los agricultores para lograr competitividad en el campo. La idea, según la funcionaria, es hacerlo a través de herramientas como el ordenamiento de la producción, de manera que se evite la sobreoferta o la escasez de alimentos, fluctuaciones que, en últimas, afectan los precios que se pagan al productor o los bolsillos del consumidor final.  

"En la medida en que se puedan articular las cadenas de valor en el sector agropecuario habrá productores con certidumbre, menos inflación para el consumidor final y, en la mitad, una industria que genera lazos de proveeduría", afirmó.

Explicó que, en el marco de ese objetivo, se han priorizado nueve cadenas: arroz, algodón, maíz, papa, cebolla, leche, panela, forestales y aguacate hass. "La idea es sentarnos con las cadenas de esos nueve productos y generar consensos sobre cuánta es el área que debe sembrar el país (o cuántas cabezas de ganado debe haber, en el caso de la leche) para producir las cantidades necesarias en el año calendario y cruzar eso con el asuntos de las aptitudes de uso del suelo". 

Añadió: "Nos vamos a sentar con los consejos de cadena (de cada producto) a generar esos consensos, para poner sobre la mesa el balance de cada producto: cuánto es el consumo, cuánto se atiende con importaciones —porque el país tiene compromisos de tratados de libre comercio—, cuánto se necesitaría por producción nacional y empezar a apostarle, en lo posible, a hacer sustitución de importaciones por la vía de mayor productividad y, por ende, mayor competitividad". 

En esta entrevista, cuenta cuál fue el panorama del sector que encontró a su llegada y cómo avanzan asuntos como la recuperación del estatus sanitario de país libre de la fiebre aftosa con vacunación y la adjudicación de la administración del fondo parafiscal de los ganaderos.

¿Qué encontró al llegar al despacho y qué balance hace de estos casi cinco meses?

Encontramos una falta de articulación. El Ministerio estaba debilitado en su papel de rector de la política y de liderar las acciones de implementación y ejecución que llevan a cabo las agencias, y, por esa desarticulación, muy encargado de asuntos que, a nuestro parecer, no le corresponden: precisamente estar en el terreno haciendo ejecuciones. En los últimos años las entidades del sector se fortalecieron porque son muchas más, tienen mayor grado de especialización y uno tendería a pensar que esa especialización permite que las implementaciones y ejecuciones en campo se hagan de manera más apropiada, más eficiente, más eficaz. Eso no estaba pasando. Hemos venido mejorando la articulación. Estos más de cuatro meses han sido de planeación, de sentarse a pensar sobre esos grandes retos que tiene el sector agropecuario, cuáles deberían ser las líneas de acción o las políticas grandes, gruesas.

¿Cuáles serán las acciones?

Planteamos tres grandes pilares de acción para los cuatro años que vienen. Uno que tiene que ver con el desarrollo rural. Se trata de darle la posibilidad a la población asentada en las zonas rurales del país de cumplir con algo que suena un poco técnico y es lo que se conoce como “condiciones habilitantes”: es todo aquel acervo no solamente de conocimiento y capacidades propias de una persona, sino toda una serie de activos que al final rodean a esa persona y la familia para facilitarles una inserción adecuada en el mercado. Dentro de esas condiciones están las básicas: educación, salud, bienestar a nivel social, pero también está lo que agrupamos en los bienes públicos rurales: infraestructura para comercialización, para poscosecha, para almacenamiento, vías terciarias. Hay un segundo pilar, que nosotros lo hemos denominado “productividad + rentabilidad = competitividad”, y es allí donde verdaderamente actúa el Viceministerio de Asuntos Agropecuarios. Somos los encargados de liderar las relaciones que se tienen tanto con las cadenas agrícolas y pecuarias como con los gremios de la producción que, consideramos, son los legítimos representantes de los productores rurales del país. Pero esos dos pilares de acción necesitan algo que pega un poco con lo que dije al comienzo y es fortalecer la institucionalidad al servicio del campo. Ahí vemos un tercer pilar: el fortalecimiento institucional por la vía de modernizar las entidades, no sólo en temas de agilización y, en lo posible, de flexibilización, incluso tercerización de los trámites, sino también que esos trámites estén más basados en plataformas de tecnología con el fin de que el productor al que la oficina le queda a cinco, ocho y diez horas de camino, tenga la posibilidad de contactar a las instituciones vía internet.

En Colombia existen discursos que privilegian el modelo agroindustrial y otros que van por la agricultura familiar. ¿Colombia debería privilegiar algún tipo de producción o pueden coexistir? 

En el sector agropecuario debe haber campo para todo el mundo. No podemos depender de grandes productores, porque se empiezan a generar concentraciones en la oferta y eso genera distorsión en el mercado, empiezan a producirse los monopolios y los oligopolios, y eso no está bien, pero tampoco podemos depender solo del pequeño productor, porque la cantidad de oferta que puede entregar al mercado no es suficiente, y eso genera incrementos en el proceso de comercialización y fomenta la intermediación. Tenemos que coexistir y generar integración horizontal, es decir, pequeños y medianos productores que se integran entre ellos e incluso con grandes productores para generar volumen, porque eso además les da poder de negociación. No es lo mismo sentarse a negociar con una libra de papa que sentarse a negociar con una tonelada, y eso se logra con la integración horizontal. Pero también tenemos que generar integración vertical: cómo ese productor, de cualquier tamaño, es capaz de integrarse, generando o agregando valor para escalar. 
Personalmente creo que tenemos que generar condiciones de coexistencia para todo el mundo, que todos esos productores tengan capacidad de ser rentables y competitivos. No es todo agricultura familiar o todo agricultura grande, sino más bien cómo buscamos que todos tengamos la posibilidad de participar de manera eficaz y eficiente en el mercado.

En el fortalecimiento institucional del que hablaba, ¿el plan es dejar las agencias como están o están pensando una reorganización o integración de funciones?

No. La arquitectura actual del sector agropecuario está basada en una propuesta de reforma que es de los años 2013 a 2015 y que, a consideración nuestra, quedó en la mitad. El planteamiento, que además está basado en las conclusiones de la Misión para la Transformación del Campo, que estuvo bajo el liderazgo de José Antonio Campo, es más bien terminar de llevar a cabo esa reforma, fortaleciendo las entidades en el tema de ejecución, focalizándolas mucho más en las funciones que les competen. Estamos viendo que hay un poco de traslape de funciones en ciertos casos y lo tenemos que evitar. Por ejemplo, tenermos una Agencia Nacional de Tierras ejecutando proyectos productivos, pero también tenemos una Unidad de Restitución haciendo lo mismo por solicitud expresa de los jueces en los procesos de reparación de víctimas. También tenemos una Agencia de Desarrollo Rural también haciendo proyectos. El tema es ordenarnos, generar, en el caso de los proyectos productivos, una política única de financiación y criterios de elegibilidad para acceder a recursos. De esa manera, buscaremos mayor impacto en las inversiones. 

Gremios como Fedearroz señalan la falta de una política integral para la competitividad, que tenga en cuenta el aseguramiento y el crédito para productores de todos los tamaños. ¿Cuál es su visión sobre esto?

Tenemos una estrategia que la hemos denominado “360°” de mitigación de riesgos, y se llama así porque vamos a buscar cubrir todos los riesgos que afectan a un productor, pero también es 360° porque los incluye a todos. Apuntamos no solo a los riesgos fitosanitarios, sanitarios y climáticos, también le estamos apuntando a que tener acceso al crédito sea una forma de mitigar riesgo. Buscamos mitigar riesgos en los ingresos y riesgos de mercado por la vía de las coberturas de precios. Hoy el crédito agropecuario está organizado en tres grandes clasificaciones que se basan en el nivel de activos que tiene un productor: el pequeño, que tiene activos hasta de 254 salarios mínimos; el mediano, que va desde ese punto hasta los 5.000 salarios mínimos en activos, y el gran productor, que sobrepasa ese nivel de los 5.000. Pero vemos que, en la mitad, en los medianos productores, hay un segmento de esos que están entre 254 y 5.000 que están más cerca de la condición de ser pequeño productor, porque cualquier situación adversa que le pase lo lleva a una situación de desventaja o lo devuelve en el crecimiento de activos que ha tenido. Queremos trazar una línea, muy cuidadosamente, a partir de un estudio en 2019, para llevar una parte de ese mediano productor a una nueva clasificación que la hemos llamado “el mediano emergente”, haciendo un poco una similitud a lo que se conoce a nivel de economía rural como la clase media emergente: todas esas personas que han logrado superar trampas de la pobreza, pero que en cualquier momento, si muere el padre, si llega una enfermedad trágica, si se pierde el trabajo de la madre o el padre cabeza de familia, inmediatamente la familia retrocede y cae en estado de vulnerabilidad. La idea es que esos medianos emergentes, esos pequeños productores y emprendedores micro en el campo, que no tienen tierra; las amas de casa que tienen ganas de buscar una alternativa del ingreso; el joven que todavía no es dueño de la tierra, pero que tiene todo el empuje y todo el interés de un emprendimiento, reciban instrumentos articulados en grandes acciones. 

¿Como cuáles?

Primero, el tema capacitación no solo para aprender a utilizar el crédito, sino para entender que la única manera de apalancarse no es pidiendo crédito, sino haciendo el esfuerzo de ahorrar, educación financiera. Un tema de acceso a instrumentos diferenciales de crédito y seguimiento a su uso. Eso para nuestros medianos emergentes, pequeños y microemprendedores. Y luego para los medianos consolidados y los grandes generar instrumentos mucho más “sofisticados” de financiamiento, como, por ejemplo, posibilidad de acceder al mercado de capitales, créditos rotativos, acceso a recursos de los fondos de capital de riesgo. Esos medianos y esos grandes, con su capacidad financiera y productiva, pueden ayudar por la vía de la integración horizontal a llevar y mejorar la inserción de los pequeños en las cadenas de comercialización o en el mercado.

¿Cómo va la recuperación del estatus sanitario del país luego de la reaparición de la fiebre aftosa?

Esa es una prioridad grandísima que tenemos. A nivel internacional hay crecimiento de la clase media y, por ende, incremento del poder adquisitivo de la gente y en la expectativa de vida. Esas condiciones, más el crecimiento gigantesco que estamos viendo en la población, genera inmediatamente un cambio en la dieta. La gente ha empezado a demandar muchos más alimentos sanos y proteína porque tiene capacidad adquisitiva, y la carne colombiana tiene muy buena aceptación en los mercados internacionales. Por sabor, por calidad, pero además por el costo al que se puede ofrecer al mercado. Se ha planteado un plan frontal de lucha contra la enfermedad. Por eso se lanzó la jornada de vacunación, que se extendió recientemente para poder terminar de vacunar todo el territorio nacional. Hay luego un proceso de revacunación que se tiene que producir comenzando el año para hacer un refuerzo inmunológico en los animales y empezar a trabajar en la posibilidad de ir recuperando el estatus sanitario por regiones y por la vía de hacerlo regionalizado, lograr al final la recuperación del estatus del país como un todo libre de aftosa por vacunación. 

¿Eso esperan que pase en 2019?

Creo que en 2019 vamos a ir haciéndolo región por región, y pensaría que la meta de tener nuevamente el país con el estatus recuperado a nivel nacional sería un tema de dos o tres años. No es tan inmediato porque estamos en una especie de periodo de monitoreo muy exhaustivo por parte de la OIE. Desde el momento en el que retiran el estatus sanitario, tienen que pasar seis meses para poder volver a solicitar que el país sea tenido en cuenta para el otorgamiento del estatus. Estamos en una fase de observación. No es un tema fácil, pero existe todo el interés, se le ha dado toda la prioridad. Además tenemos todo el conocimiento porque tenemos un ministro que conoce muy bien el tema, pero también tenemos una gerente general ICA que es experta también. A manera de anécdota, ellos dos fueron partícipes en su momento del otorgamiento el estatus sanitario para el país como libre aftosa con vacunación. Estamos en buenas manos.

¿Qué mercados se han cerrado o cuáles siguen abiertos?

Egipto sigue abierto, el Oriente Medio sigue abierto. Rusia está analizando muy de cerca la situación colombiana y la idea es, por la vía de esa regionalización del estatus sanitario, darle la tranquilidad a Rusia de que la carne que se está exportando viene exclusivamente de una zona que hoy no ha tenido un solo brote: Córdoba. Estamos trabajando en algo que se hace a través del ICA igualmente, y es la certificación de fincas exportadoras. 

¿Y el proceso de adjudicación del Fondo Nacional del Ganado?

En este momento se está mirando. Hay una serie de elementos de tipo legal que se tienen que tener en cuenta, no solamente la normatividad que se expide a través del Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018), sino también las leyes que establecieron los fondos de fomento, una serie de jurisprudencia, y el criterio que se ha utilizado es garantizar el debido proceso y que el ente que se convierta en el administrador del Fondo Nacional del Ganado cumpla con un requisito que está establecido en la Ley 101 de la parafiscalidad agropecuaria: la representatividad y los procesos democráticos. En este momento lo está analizando la Oficina Jurídica del Ministerio con la Secretaría General.