Andrés Camacho, ministro de Minas, anunció durante su participación en el segundo día del congreso de Andesco que la reforma a los servicios públicos todavía está en construcción, pese a que se anunció hace varios meses.
La nueva ley de servicios públicos, según dijo Camacho, es de gran expectativa en este Congreso, “no la hemos socializado del todo porque estamos haciendo los ajustes. En cabeza del señor presidente, quien nos ha pedido que hagamos una ley de servicios públicos suficientemente robusta, pero también lo suficientemente eficiente para que toque los aspectos fundamentales que debemos modernizar en este sector”, dijo Camacho.
La reforma busca modernizar en materia de servicios públicos y preparar el país en lo relacionado a la transición energética justa. “Por supuesto que el marco tarifario no se resuelve con una ley, pero el marco legal nos permite avanzar en una protección de los usuarios y seguir garantizando la seguridad energética del país”, agregó el ministro.
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Vale la pena mencionar que el presidente Gustavo Petro dijo, cuando anunció que se presentaría una reforma a los servicios públicos, que “vamos a presentar la reforma a los servicios públicos de Colombia. Las leyes hoy vigentes que crearon los servicios públicos pusieron en un lugar privilegiado al empresario, pero al usuario lo dejaron en la calle”.
Según el mandatario, con el modelo actual “los usuarios no tienen derechos ante el servicio público” porque “las tarifas se colocan en virtud de la rentabilidad de unos cuanto empresarios”, pero la intención de su Gobierno es “variar eso”.
De acuerdo con Camacho, la reforma a los servicios públicos tendrá 50 artículos “para desarrollar una reforma sobre lo fundamental” y será presentada en la próxima legislatura del 20 de julio.
¿Cómo sería la reforma a los servicios públicos?
Se espera que dicho proyecto contemple una reforma a la forma cómo se prestan actualmente los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, alumbrado público y distribución de gas combustible, tal como están definidos en la ley 42 de 1994.
Casi desde que llegó al poder el mandatario ha intentado intervenir en el sector para tratar de bajar las tarifas de algunos servicios a sombrerazos y esta idea podría materializarse con la modificación a la ley.
Ley 142 ha sido útil para el país. Aunque los expertos consideran que es peligroso mantener los subsidios y fijar unos mínimos vitales. Se deja uno o el otro beneficio, no los dos, por las consecuencias que podría tener.
“En Colombia existe en la actualidad un esquema de subsidios cruzados al consumo que aplica a los sectores de Agua y Alcantarillado, Telefonía Básica, Gas y Electricidad”, menciona un informe de Fedesarrollo.
La electricidad es uno de los servicios públicos domiciliarios cobijados en la ley marco de servicios públicos que podría ser modificado. Las intenciones del presidente Petro de regular las tarifas han sido claras y su primer intento de hacerlo fue frenado por una decisión del Consejo de Estado.
La medida cautelar suspendió los efectos de un decreto presidencial mediante el cual el mandatario de los colombianos decidió tomar las funciones que corresponden a las comisiones de regulación de dichos servicios.
En últimas, para evitarse más tropiezos en su iniciativa de intervenir el esquema tarifario de los servicios públicos, especialmente el de la electricidad, la reforma en el Congreso podría ser clave.
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