Minagricultura solicitó audiencia a la Corte Constitucional sobre compra de tierra
La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, explicó que la solicitud busca discutir ampliamente el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo, que ha recibido ocho demandas.
Este miércoles, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, anunciaron las medidas que tomará el Gobierno de Gustavo Petro para defender los mecanismos que buscan agilizar la compra de tierras.
Mojica explicó que la cartera presentará este miércoles ante la Corte Constitucional una solicitud para que se convoque a una audiencia pública para escuchar a quienes se benefician del artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo, que hace referencia a los mecanismos para facilitar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria.
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“Se han radicado ocho demandas contra el artículo 61 que buscan declarar la inconstitucionalidad de este artículo”, dijo la ministra. Y añadió que la norma es especialmente importante para el Gobierno Nacional por tratarse de un instrumento que establece estrategias para materializar sus objetivos y para el Estado colombiano porque contiene herramientas que permiten el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz.
La cartera defiende la constitucionalidad del artículo que, sostiene, está basado en la ley. Y, tras la radicación de la solicitud, Mojica insistió en que para el artículo demandado el Gobierno destinó en 2023 recursos por $883.122 millones y en 2024 se adjudicaron tres billones de pesos solo para compras de tierras.
Harman afirmó que la implementación del Acuerdo de Paz está en riesgo sin los artículos del PND que permiten la compra de tierras: “Estamos aplicando la ley 160 y la jurisdicción que implica que los baldíos sean para los campesinos sin tierra”.
El director de la ANT agregó que las demandas de aparente inconstitucionalidad que se han interpuesto contra el citado artículo parten de una interpretación errada de la norma y están desprovistas de argumentación constitucional. “Los argumentos de las demandas no atienden la realidad del desarrollo de los procedimientos especiales agrarios”, concluyó.
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De acuerdo con la ministra, el sector que está demandando es el mismo que “se opone a la reforma agraria, a la compra de tierras, a la jurisdicción agraria. El Centro Democrático”.
En su exposición de motivos, la jefa de la cartera señaló que la garantía del derecho a la tierra incluye derechos como a la territorialidad, a la alimentación, el mínimo vital, el trabajo, la libertad de escoger oficio o profesión, el libre desarrollo de la personalidad y la participación, como manifestaciones de la dignidad humana, y los cuales se logran con la aplicación del artículo 61 del PND.
La solicitud de una audiencia pública busca, según el Minagricultura, ampliar la discusión sobre la reforma agraria, para que participen organizaciones, universidades, campesinos, la línea de tierras y campesinado del Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad (Dejusticia), el Observatorio de Tierras de la Universidad del Rosario, el Centro de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, entre otros.
“Se busca establecer un debate amplio, que ofrezca mayor claridad a la honorable Corte Constitucional sobre el fundamento, contenido y alcance de la disposición acusada a partir de la experticia de quienes participan directamente en su implementación”, añadió la ministra Mojica.
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Este miércoles, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, anunciaron las medidas que tomará el Gobierno de Gustavo Petro para defender los mecanismos que buscan agilizar la compra de tierras.
Mojica explicó que la cartera presentará este miércoles ante la Corte Constitucional una solicitud para que se convoque a una audiencia pública para escuchar a quienes se benefician del artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo, que hace referencia a los mecanismos para facilitar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria.
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“Se han radicado ocho demandas contra el artículo 61 que buscan declarar la inconstitucionalidad de este artículo”, dijo la ministra. Y añadió que la norma es especialmente importante para el Gobierno Nacional por tratarse de un instrumento que establece estrategias para materializar sus objetivos y para el Estado colombiano porque contiene herramientas que permiten el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz.
La cartera defiende la constitucionalidad del artículo que, sostiene, está basado en la ley. Y, tras la radicación de la solicitud, Mojica insistió en que para el artículo demandado el Gobierno destinó en 2023 recursos por $883.122 millones y en 2024 se adjudicaron tres billones de pesos solo para compras de tierras.
Harman afirmó que la implementación del Acuerdo de Paz está en riesgo sin los artículos del PND que permiten la compra de tierras: “Estamos aplicando la ley 160 y la jurisdicción que implica que los baldíos sean para los campesinos sin tierra”.
El director de la ANT agregó que las demandas de aparente inconstitucionalidad que se han interpuesto contra el citado artículo parten de una interpretación errada de la norma y están desprovistas de argumentación constitucional. “Los argumentos de las demandas no atienden la realidad del desarrollo de los procedimientos especiales agrarios”, concluyó.
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De acuerdo con la ministra, el sector que está demandando es el mismo que “se opone a la reforma agraria, a la compra de tierras, a la jurisdicción agraria. El Centro Democrático”.
En su exposición de motivos, la jefa de la cartera señaló que la garantía del derecho a la tierra incluye derechos como a la territorialidad, a la alimentación, el mínimo vital, el trabajo, la libertad de escoger oficio o profesión, el libre desarrollo de la personalidad y la participación, como manifestaciones de la dignidad humana, y los cuales se logran con la aplicación del artículo 61 del PND.
La solicitud de una audiencia pública busca, según el Minagricultura, ampliar la discusión sobre la reforma agraria, para que participen organizaciones, universidades, campesinos, la línea de tierras y campesinado del Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad (Dejusticia), el Observatorio de Tierras de la Universidad del Rosario, el Centro de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, entre otros.
“Se busca establecer un debate amplio, que ofrezca mayor claridad a la honorable Corte Constitucional sobre el fundamento, contenido y alcance de la disposición acusada a partir de la experticia de quienes participan directamente en su implementación”, añadió la ministra Mojica.
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