Reforma agraria: el papel del sistema nacional y las expectativas campesinas
El mecanismo ya existía en la ley, pero no había sido reglamentado. De fondo, se busca mejorar la coordinación entre entidades para acelerar la aplicación de la reforma. ¿Qué esperan los campesinos de él?
El Gobierno Nacional lanzó este jueves el Sistema Nacional de Reforma Agraria (SINRADR) a través de un decreto presentado en Sincelejo luego de una asamblea popular campesina realizada en un coliseo de este municipio.
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El Gobierno Nacional lanzó este jueves el Sistema Nacional de Reforma Agraria (SINRADR) a través de un decreto presentado en Sincelejo luego de una asamblea popular campesina realizada en un coliseo de este municipio.
El documento establece el Sistema como “mecanismo obligatorio para la planeación, coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento de las actividades dirigidas a la materialización de la Reforma Agraria, la Reforma Rural Integral y los objetivos establecidos en la Ley 160 de 1994 sobre reforma agraria y desarrollo rural”.
En pocas palabras, lo que busca el documento es acelerar las compras de tierra y coordinar Ministerios y otras entidades del Estado para que trabajen en pro de la reforma agraria.
El lugar del evento fue elegido por el peso que tiene el departamento de Sucre dentro de la reforma agraria. Este, junto con Córdoba, agrupan la mitad de los municipios que se declararon como núcleos de priorización para la reforma debido a las condiciones de la propiedad y productividad de sus tierras.
Además, se realizó en el coliseo de la capital departamental como una manera de resignificar ese espacio, ya que en 1974 fue una especie de cárcel para uno grupo de campesinos que reclamaban tierras en el territorio.
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“Para nosotros es fundamental la reforma rural y por eso estamos inmersos en ella. Queremos impulsarla y eso es lo que venimos haciendo, de verdad queremos que haya reforma en este territorio”, contó uno de los asistentes al evento, José Macareno Acosta.
Él también es director de la Zona de Reserva Campesina número uno de Montes de María, en donde se dedican a la pesca, ganadería, ñame, yuca y maíz, entre otros productos.
Macareno Acosta espera que este espacio contribuya a la reconstrucción del tejido social que se diezmó con el conflicto armado. “Esperamos que el Sistema Nacional de Reforma Agraria cuente con el apoyo y participación del campesinado y los indígenas para que pueda ser de verdad un proyecto que impacte en los Montes de María, una zona que fue golpeada por la violencia”.
Manuela Erazo es una de los 2.000 integrantes de la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos (ANUC) de San Marcos, Sucre, que trabajan en media o una hectárea. Ella tiene la expectativa de que la reforma les beneficie y que pueda contribuir al desarrollo del campo. Pero también que sea una oportunidad para que los jóvenes no migren a la ciudad y tengan una vida campesina.
Macareno Acosta y Erazo hicieron parte de las mesas de diálogo de la asamblea popular campesina, previa al lanzamiento este jueves del Sistema Nacional de Reforma Agraria. Estos espacios son vitales, según sus integrantes. A su vez, José Miguel Ulloa, miembro de la Asociación Unión Nacional de Integración Rural (Asunir) y de la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (COMOSOC), dice que el Gobierno “debe ayudar a fortalecer la organización campesina, que se fue perdiendo con el conflicto”.
Como parte del sistema habrá participación de las comunidades rurales, tanto en instancias municipales, como departamentales. Para ellos es significativo que se reglamente este mecanismo.
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🛤 Una ley con vías para avanzar
“Hace 29 años que se promulgó la Ley 160 y en este momento hay artículos de la misma sin reglamentar y son los fundamentales para que la reforma agraria se haga una realidad. Entonces nosotros esperamos de este Gobierno que a partir de la reglamentación de esa ley se pueda implementar de verdad la reforma agraria y especialmente el tema de la reforma rural integral”, asegura Acosta.
El decreto establece cómo va a funcionar el SINRADR, que existe desde que se promulgó la Ley 160 de 1994. Este dicta que será el Ministerio de Agricultura el encargado de coordinar los subsistemas. Estos son:
- De adquisición adjudicación de tierras y de procesos agrarios para la reforma agraria y garantía de derechos territoriales, coordinado por la Agencia Nacional de Tierras, con participación de entidades territoriales.
- De delimitación, constitución y consolidación de zonas de reserva campesina, coordinado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
- De ordenamiento territorial y solución de conflictos socioambientales para la reforma agraria, coordinado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
- De acceso a derechos y servicios sociales básicos, infraestructura física y adecuación de tierras, coordinado por la entidad que la Presidencia de la República designe.
- De investigación, asistencia técnica, capacitación, transferencia de tecnología y diversificación de cultivos coordinado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
- De estímulo a la economía campesina, familiar, comunitaria, de las economías propias étnicas, coordinado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
- De crédito agropecuario y gestión de riesgos, coordinado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
- De delimitación, constitución y consolidación de territorios étnicos, coordinado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Respecto al financiamiento de cada uno de ellos, el decreto expresa que “los organismos públicos que integran los Subsistemas deberán incorporar anualmente en los respectivos anteproyectos de presupuesto, las partidas presupuestales suficientes para desarrollar las actividades que les correspondan, lo cual deberá enmarcarse en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo de cada Sector”.
Además, crea la Comisión Intersectorial para la Reforma Agraria, el Desarrollo Rural y la Reforma Rural Integral. Su función será brindar lineamientos y asesoría en la formulación, implementación y seguimiento a las políticas, planes y actividades a cargo del Sistema, así como para orientar la articulación y coordinación interinstitucional e intersectorial de los Ministerios, entidades, organismos públicos y demás instituciones del SINRADR.
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🔨 Las funciones del Sistema Nacional de Reforma Agraria
En resumen, estas son las funciones del SINRADR:
- Asesorar a las entidades que lo componen para que el Sistema se consolide como el mecanismo obligatorio para materializar la Reforma Agraria.
- Orientar y promover la articulación y coordinación de los procesos de las entidades competentes sobre los temas de cada subsistema para evitar duplicidad y repetición de acciones.
- Coordinar los 8 subsistemas entre sí y considerar las necesidades y los intereses específicos de las mujeres campesinas, afrocolombianas e indígenas, así como las garantías de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
- Proponer los lineamientos de coordinación interinstitucional, cooperación y articulación de las políticas públicas sectoriales e intersectoriales para el cumplimiento y materialización de los subsistemas.
- Asesorar la articulación y coordinación interinstitucional e intersectorial de los Ministerios, entidades y organismos públicos del Sistema para facilitar el desarrollo de sus funciones y avanzar en la Reforma Agraria, el desarrollo rural y la reforma rural integral.
Lo más importante del Sistema es, justamente, la coordinación de las diferentes instituciones. Esto hace parte de entender que la reforma “no es solo un proceso económico y productivo para redistribuir la propiedad de la tierra. Es un proceso de lucha por la democratización de la sociedad y por una transformación estructural de las condiciones de exclusión históricas en el campo colombiano”, según Minagricultura.
Por eso, José Macareno espera que este hecho se traduzca en una gran inversión en vías, educación, salud, en compra de tierra y asistencia técnica para aprovechar la fertilidad de los suelos en la producción de alimentos.
De otro lado, Erazo considera que la prioridad es que el Estado garantice la seguridad alimentaria en las zonas rurales dispersas, así como el desarrollo integral. “Todo va de la mano y por eso se deja de producir. Aunque esté la tierra no hay cómo trabajarla”.
En esto coincide Ulloa, pues cree que como país tenemos las condiciones agroclimáticas y bondades para ser potencia mundial de alimentos. Y añade que el Gobierno debe contemplar unos ejes “como el uso de agua productiva para sembrar en cualquier época del año, que se realice el catastro multipropósito, formalización de tierras y la compra”.
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