Reforma al código procesal del trabajo daría más garantías a los trabajadores

El Código de Procedimiento Laboral en Colombia viene desde el año 1948. Según lo explicado por el rector del Colegio Colombiano de Derecho Social (Coldesocial), Víctor Julio Díaz, en su momento fue uno innovador, que estableció un avance en los procesos judiciales de el país y que incluso fue copiado por otro países en América Latina.

“Ese código sufrió una modificación importante en 2001, con la ley 712 y con la ley 1149 sobre oralidad. Pero lo cierto se ha quedado en el tiempo y merece tener un ajuste. El código tiene 151 artículos, de los cuales hay una propuesta para modificar 24″, explica Díaz.

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En este momento el Ministerio del Trabajo y la Corte Suprema de Justicia trabajan para reformarlo pues, aseguran, su actual estructuración está dilatando en sobremedida la atención de demandas de carácter laboral, básicamente porque los jueces no están dando abasto, y no porque sean pocos, sino porque la estructuración del sistema pone más cargas a unos que a los otros.

Según lo explicado por el también abogado laboralista, este problema se ha acrecentado en los últimos años, pues solo en 2019 se registró un incremento del 21,96 % en los procesos laborales. “Cada vez hay más casos laborales y siempre es el mismo número de jueces que se tiene para atenderlos”, concluye.

En cifras más granulares, el Ministerio del Trabajo explica que en el país hay más de 220.000 procesos de causas laborales, teniendo la cartera 22.314 actuaciones entre inspecciones y querellas.

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“Con la sala laboral firmamos un convenio de colaboración armónica, en la cual discutimos muchos de los temas, en primer lugar una descongestión en todos los procesos laborales que nos permite una mayor justicia para los trabajadores” aseguró el Ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera Báez.

El presidente de la sala de casación laboral, Iván Mauricio Lenis, detalló que este proyecto de reforma podrá estimular la creación de más jueces laborales municipales. “Se espera que a futuro y con está reforma y logrando una mejor redistribución de los procesos en otras regiones podamos fortalecer la creación de más despachos laborales”, dijo.

Díaz explica que, con la reforma, se lograría aumentar el número de jueces dedicados a estas labores, pues en el país hay muchos jueces municipales de pequeñas causas laborales, en donde tienen funciones de ser prácticamente jueces de única instancia. Lo que se busca es aumentar las competencias de estos profesionales para que ayuden a descongestionar el sistema.

Otro asunto que ayudaría es que la competencia de cada caso se determina con base en el último lugar en donde el trabajador prestó el servicio, o en el lugar de domicilio del demandado. Lo que se busca también es cambiar ese factor de competencia para que los casos se puedan remitir a otras jurisdicciones que no estén tan congestionadas.

Este es uno de los asuntos que los expertos en materia laboral piden que se soluciones en el país, pues el aparato judicial se ha mostrado distante a las necesidades que tienen los trabajadores, quedando incluso estos desprotegidos, por ejemplo, ante casos de despidos injustificados o formas inadecuadas de contratación.

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El Código de Procedimiento Laboral en Colombia viene desde el año 1948. Según lo explicado por el rector del Colegio Colombiano de Derecho Social (Coldesocial), Víctor Julio Díaz, en su momento fue uno innovador, que estableció un avance en los procesos judiciales de el país y que incluso fue copiado por otro países en América Latina.

“Ese código sufrió una modificación importante en 2001, con la ley 712 y con la ley 1149 sobre oralidad. Pero lo cierto se ha quedado en el tiempo y merece tener un ajuste. El código tiene 151 artículos, de los cuales hay una propuesta para modificar 24″, explica Díaz.

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En este momento el Ministerio del Trabajo y la Corte Suprema de Justicia trabajan para reformarlo pues, aseguran, su actual estructuración está dilatando en sobremedida la atención de demandas de carácter laboral, básicamente porque los jueces no están dando abasto, y no porque sean pocos, sino porque la estructuración del sistema pone más cargas a unos que a los otros.

Según lo explicado por el también abogado laboralista, este problema se ha acrecentado en los últimos años, pues solo en 2019 se registró un incremento del 21,96 % en los procesos laborales. “Cada vez hay más casos laborales y siempre es el mismo número de jueces que se tiene para atenderlos”, concluye.

En cifras más granulares, el Ministerio del Trabajo explica que en el país hay más de 220.000 procesos de causas laborales, teniendo la cartera 22.314 actuaciones entre inspecciones y querellas.

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“Con la sala laboral firmamos un convenio de colaboración armónica, en la cual discutimos muchos de los temas, en primer lugar una descongestión en todos los procesos laborales que nos permite una mayor justicia para los trabajadores” aseguró el Ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera Báez.

El presidente de la sala de casación laboral, Iván Mauricio Lenis, detalló que este proyecto de reforma podrá estimular la creación de más jueces laborales municipales. “Se espera que a futuro y con está reforma y logrando una mejor redistribución de los procesos en otras regiones podamos fortalecer la creación de más despachos laborales”, dijo.

Díaz explica que, con la reforma, se lograría aumentar el número de jueces dedicados a estas labores, pues en el país hay muchos jueces municipales de pequeñas causas laborales, en donde tienen funciones de ser prácticamente jueces de única instancia. Lo que se busca es aumentar las competencias de estos profesionales para que ayuden a descongestionar el sistema.

Otro asunto que ayudaría es que la competencia de cada caso se determina con base en el último lugar en donde el trabajador prestó el servicio, o en el lugar de domicilio del demandado. Lo que se busca también es cambiar ese factor de competencia para que los casos se puedan remitir a otras jurisdicciones que no estén tan congestionadas.

Este es uno de los asuntos que los expertos en materia laboral piden que se soluciones en el país, pues el aparato judicial se ha mostrado distante a las necesidades que tienen los trabajadores, quedando incluso estos desprotegidos, por ejemplo, ante casos de despidos injustificados o formas inadecuadas de contratación.

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