Reforma al SGP: Comisión Primera de Cámara aprobó el proyecto en séptimo debate
El acto legislativo que aumenta las transferencias al Sistema General de Participaciones pasa a su último debate en la plenaria de la Cámara. Sobre la mesa siguen las preocupaciones por la sostenibilidad fiscal. El ministro del Interior aseguró que este es uno de los proyectos “más importante” que se ha tramitado en el Congreso en los últimos años.
La Comisión Primera de la Cámara aprobó la reforma que modifica los artículos 356 y 357 de la Constitución para que el Sistema General de Participaciones (SGP) crezca hasta llegar al 39,5 % de los ingresos corrientes de la Nación (actualmente está en 21 %) en un período de 12 años, a partir de 2027. En el séptimo debate se aprobaron algunos cambios.
El SGP es el mecanismo mediante el cual el Gobierno transfiere recursos a municipios, distritos, departamentos y los territorios indígenas para atender, principalmente, necesidades en educación, salud y agua potable y saneamiento básico. Este sistema se alimenta de los ingresos corrientes de la Nación.
Los congresistas y el Gobierno han defendido que es necesario avanzar en la descentralización, además, defienden que por años se le han impuesto más tareas a las regiones sin asignarles más recursos. Centros de investigación y expertos han advertido que el proyecto puede generar graves consecuencias fiscales.
Lea: Así salió del Senado el polémico proyecto que reforma el SGP
En el sexto debate en la plenaria del Senado se establecieron varios acuerdos para calmar las dudas sobre la sostenibilidad fiscal, además de bajar el porcentaje (inicialmente se planteó 46,5 %) y aumentar los años de transición (la ponencia de sexto debate establecía 10 años), se especificó que el acto legislativo no puede entrar en vigencia sin que se apruebe una ley de competencias. El Senado estableció que esta ley debía presentarse en seis meses, pero la Cámara aprobó una proposición no avalada para ampliar el plazo a 12 meses.
El Senado también incluyó un artículo para la financiación de mínimo dos años de escolaridad de educación preescolar y de tránsito a la educación superior con la concurrencia del Gobierno. Este punto generó polémica en la Comisión Primera de la Cámara. Varios representantes argumentaron que este punto implicaba darles más responsabilidades a los entes territoriales sin que se realice el análisis pertinente, de esa discusión nació una proposición sustitutiva que estableció tres años mínimo de educación preescolar y que las entidades territoriales “podrán contribuir al acceso y permanencia de la educación superior”.
Una parte del debate de este miércoles se concentró en una proposición con varias firmas para darle prioridad, además de salud, educación y saneamiento básico, a los honorarios de los miembros de las corporaciones públicas territoriales, básicamente, para vía el acto legislativo poder aumentar el salario de los concejales. Al respecto, Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, pidió que no “se le hiciera daño a la iniciativa”, teniendo en cuenta las implicaciones fiscales de ese cambio. Al final, se hundió la proposición porque no se logró la mayoría absoluta que se exige para este tipo de proyectos.
Para los expertos y el Congreso es clave que la aplicación del acto legislativo quede atado a la expedición de esa ley de competencias que le asignará funciones a los entes territoriales y establecerá en qué se gastará el dinero.
Cristo insistió en que no se puede analizar el acto legislativo sin la ley de competencias y aseguró que el aumento (39,5 %) y el periodo se estableció a partir de cálculos de Hacienda. “Hoy el Gobierno Nacional no tiene cuantificado a detalle cuánto costará el traslado de competencias, eso es lo que tenemos que preparar en la ley de competencias, pero sí tenemos claro qué funciones deben trasladarse a los departamentos y municipios”.
Según Cristo, el debate “despertó los demonios del centralismo” y se demostró que “quieren concentrar el poder en el Gobierno Nacional”. Además de la ley de competencias, dijo el ministro, con este proyecto también se tendrá que presentar una reforma tributaria territorial, así como el esquema de asociatividad territorial.
Tras la aprobación, el ministro dijo que este es el proyecto más importante en muchos años. “El proyecto va más allá de quién es hoy Gobierno y quién es oposición, va a definir la estructura del Estado colombiano para las próximas generaciones”.
De todas maneras, persisten las preocupaciones. La junta directiva del Banco de la República en su última reunión dijo que el trámite de este acto legislativo es un factor de incertidumbre porque podría “comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas”.
También: La baja en tasas decepcionó: lo que preocupa al Banrep de la economía colombiana
El documento “Riesgos macroeconómicos de la modificación del Sistema General de Participaciones”, realizado por investigadores del Banco de la República, señala que, bajo el supuesto de que es difícil reducir los gastos por reasignación de competencias y aumentar los ingresos del Gobierno Nacional Central, la deuda pública aumentaría, implicando “exigencias cada vez mayores para cumplir la regla fiscal, poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal”.
El análisis señala que el aumento en las transferencias del SGP elevaría el déficit fiscal al 4,7 % del PIB en 2038, frente al 2,8 % del PIB proyectado en el escenario sin reforma, sin considerar los aumentos en el valor de la deuda ni en el servicio de la misma por posibles aumentos de la tasa de interés que los mercados le cobren al Gobierno ni en la tasa de cambio dado el incremento en el riesgo.
El proyecto pasa a su octavo (y último) debate en la plenaria de la Cámara.
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La Comisión Primera de la Cámara aprobó la reforma que modifica los artículos 356 y 357 de la Constitución para que el Sistema General de Participaciones (SGP) crezca hasta llegar al 39,5 % de los ingresos corrientes de la Nación (actualmente está en 21 %) en un período de 12 años, a partir de 2027. En el séptimo debate se aprobaron algunos cambios.
El SGP es el mecanismo mediante el cual el Gobierno transfiere recursos a municipios, distritos, departamentos y los territorios indígenas para atender, principalmente, necesidades en educación, salud y agua potable y saneamiento básico. Este sistema se alimenta de los ingresos corrientes de la Nación.
Los congresistas y el Gobierno han defendido que es necesario avanzar en la descentralización, además, defienden que por años se le han impuesto más tareas a las regiones sin asignarles más recursos. Centros de investigación y expertos han advertido que el proyecto puede generar graves consecuencias fiscales.
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En el sexto debate en la plenaria del Senado se establecieron varios acuerdos para calmar las dudas sobre la sostenibilidad fiscal, además de bajar el porcentaje (inicialmente se planteó 46,5 %) y aumentar los años de transición (la ponencia de sexto debate establecía 10 años), se especificó que el acto legislativo no puede entrar en vigencia sin que se apruebe una ley de competencias. El Senado estableció que esta ley debía presentarse en seis meses, pero la Cámara aprobó una proposición no avalada para ampliar el plazo a 12 meses.
El Senado también incluyó un artículo para la financiación de mínimo dos años de escolaridad de educación preescolar y de tránsito a la educación superior con la concurrencia del Gobierno. Este punto generó polémica en la Comisión Primera de la Cámara. Varios representantes argumentaron que este punto implicaba darles más responsabilidades a los entes territoriales sin que se realice el análisis pertinente, de esa discusión nació una proposición sustitutiva que estableció tres años mínimo de educación preescolar y que las entidades territoriales “podrán contribuir al acceso y permanencia de la educación superior”.
Una parte del debate de este miércoles se concentró en una proposición con varias firmas para darle prioridad, además de salud, educación y saneamiento básico, a los honorarios de los miembros de las corporaciones públicas territoriales, básicamente, para vía el acto legislativo poder aumentar el salario de los concejales. Al respecto, Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, pidió que no “se le hiciera daño a la iniciativa”, teniendo en cuenta las implicaciones fiscales de ese cambio. Al final, se hundió la proposición porque no se logró la mayoría absoluta que se exige para este tipo de proyectos.
Para los expertos y el Congreso es clave que la aplicación del acto legislativo quede atado a la expedición de esa ley de competencias que le asignará funciones a los entes territoriales y establecerá en qué se gastará el dinero.
Cristo insistió en que no se puede analizar el acto legislativo sin la ley de competencias y aseguró que el aumento (39,5 %) y el periodo se estableció a partir de cálculos de Hacienda. “Hoy el Gobierno Nacional no tiene cuantificado a detalle cuánto costará el traslado de competencias, eso es lo que tenemos que preparar en la ley de competencias, pero sí tenemos claro qué funciones deben trasladarse a los departamentos y municipios”.
Según Cristo, el debate “despertó los demonios del centralismo” y se demostró que “quieren concentrar el poder en el Gobierno Nacional”. Además de la ley de competencias, dijo el ministro, con este proyecto también se tendrá que presentar una reforma tributaria territorial, así como el esquema de asociatividad territorial.
Tras la aprobación, el ministro dijo que este es el proyecto más importante en muchos años. “El proyecto va más allá de quién es hoy Gobierno y quién es oposición, va a definir la estructura del Estado colombiano para las próximas generaciones”.
De todas maneras, persisten las preocupaciones. La junta directiva del Banco de la República en su última reunión dijo que el trámite de este acto legislativo es un factor de incertidumbre porque podría “comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas”.
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El documento “Riesgos macroeconómicos de la modificación del Sistema General de Participaciones”, realizado por investigadores del Banco de la República, señala que, bajo el supuesto de que es difícil reducir los gastos por reasignación de competencias y aumentar los ingresos del Gobierno Nacional Central, la deuda pública aumentaría, implicando “exigencias cada vez mayores para cumplir la regla fiscal, poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal”.
El análisis señala que el aumento en las transferencias del SGP elevaría el déficit fiscal al 4,7 % del PIB en 2038, frente al 2,8 % del PIB proyectado en el escenario sin reforma, sin considerar los aumentos en el valor de la deuda ni en el servicio de la misma por posibles aumentos de la tasa de interés que los mercados le cobren al Gobierno ni en la tasa de cambio dado el incremento en el riesgo.
El proyecto pasa a su octavo (y último) debate en la plenaria de la Cámara.
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