Senado aprobó reforma que aumenta transferencias a las regiones, pero con cambios

Este martes el Senado aprobó en el sexto de ocho debates un proyecto que cambia las transferencias al Sistema General de Participaciones (SGP), una reforma que los mismos congresistas han definido como el proyecto “más trascendental” de este cuatrenio.

El SGP es el mecanismo mediante el cual el Gobierno transfiere recursos a municipios, distritos, departamentos y los territorios indígenas para atender, principalmente, necesidades en educación, salud y agua potable y saneamiento básico. En la práctica, la reforma busca aumentar las transferencias, es decir, que lleguen más recursos a las regiones.

La reforma constitucional modifica los artículos 356 y 357 de la Constitución para que el SGP crezca como porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación hasta llegar a 39,5 % (actualmente, está cerca de 20 %) en un periodo de 12 años a partir de 2027. Inicialmente, la propuesta establecía que llegara hasta el 46,5 % en 10 años, pero hubo advertencias (de centros de investigación, el CARF, exministros e incluso de entidades del Gobierno) de que el proyecto no era sostenible fiscalmente, por eso los coordinadores ponentes cambiaron el porcentaje y el periodo de aplicación.

Le recomendamos: La sostenibilidad fiscal se juega en proyecto que no convence ni al mismo Gobierno

ANIF, Fedesarrollo, Corficolombiana y Asobancaria, así como el concepto del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) coincidían en que el proyecto implicaba un riesgo para la sostenibilidad fiscal porque generaría un aumento insostenible en la deuda y llevaría al país a incumplir la regla fiscal. Esta conclusión del Departamento Nacional de Planeación es contundente: “Se pondría en riesgo la financiación de los sectores de justicia, defensa y seguridad, la financiación de los derechos de los ciudadanos en salud, el pilar solidario y los compromisos con más de 2,5 millones de pensionados que gozan de estas prestaciones”.

Ariel Ávila, ponente de la iniciativa, explicó que llegaron a siete acuerdos tras un trabajo con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Interior: además de bajar el porcentaje y aumentar los años de transición, se especificó que el acto legislativo no puede entrar en vigencia sin que se apruebe una ley de competencias y se redujo a seis meses la presentación de dicha ley para que el Congreso tenga un año y medio para discutirla; se incluyó la financiación de mínimo dos años de escolaridad de educación preescolar y de educación superior con la concurrencia del Gobierno y se incluyó como principal objetivo el cierre de brechas.

Que la aplicación del acto legislativo quede atado a la expedición de una ley de competencias fue uno de los llamados del Ministerio de Hacienda. Como explicó Ávila, esa ley “reglamentará en qué se va a gastar la plata adicional”. Para algunos senadores y para los expertos en general es problemático que la reforma no defina de entrada cuáles serán las nuevas funciones que asumirán las regiones.

Frente a las dudas por la sostenibilidad fiscal que siguen sobre la mesa, Ávila argumentó que los recursos del SGP sin reforma en 2028 llegarían a $108,4 billones, con la reforma para ese año serían $110,8 billones. “La transición no será de un golpe, será una transición suave. A medida que pasan los años se irá aumentando, pero en 2027, 2028, 2029 y hasta 2030 habrá un crecimiento que la Nación podrá controlar. Dentro del ejercicio que hicimos con el Ministerio de Hacienda, esto nos da las garantías de que estamos dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo”.

Aun con esa explicación, varios senadores advirtieron que la propuesta no es sostenible y pidieron bajar más el umbral. Angélica Lozano, por ejemplo, propuso fijarlo en 37 % en 10 años, la misma cifra que recomendó la Misión de Descentralización, pero la proposición fue negada.

Juan Fernando Cristo, ministro del Interior y quien ha defendido la iniciativa a capa y espada, aseguró que este debate es “esencial más allá del Gobierno de Gustavo Petro”. El ministro dijo en la plenaria que la posición del Gobierno es una sola: “el viceministro de Hacienda, el director de presupuesto nacional, el ponente y los asesores del Ministerio del Interior llegamos a un acuerdo, que además fue avalado por el presidente. El Gobierno respalda este proyecto de iniciativa parlamentaria bajo las modificaciones”. Según el mininterior, Hacienda concluyó que con los ajustes es posible hacer el aumento.

Los promotores del proyecto defienden que este cambio es, en realidad, el camino para cumplir la promesa de descentralización de la Constitución de 1991.

Cristo, tras la aprobación del proyecto, dijo que este paso “histórico” abre un debate sobre el tamaño del Estado: “Tenemos un Estado obeso a nivel nacional, donde menos lo necesitan los ciudadanos, y raquítico en los territorios, donde más lo necesitan los colombianos afectados por la violencia, la pobreza y la exclusión”.

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Este martes el Senado aprobó en el sexto de ocho debates un proyecto que cambia las transferencias al Sistema General de Participaciones (SGP), una reforma que los mismos congresistas han definido como el proyecto “más trascendental” de este cuatrenio.

El SGP es el mecanismo mediante el cual el Gobierno transfiere recursos a municipios, distritos, departamentos y los territorios indígenas para atender, principalmente, necesidades en educación, salud y agua potable y saneamiento básico. En la práctica, la reforma busca aumentar las transferencias, es decir, que lleguen más recursos a las regiones.

La reforma constitucional modifica los artículos 356 y 357 de la Constitución para que el SGP crezca como porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación hasta llegar a 39,5 % (actualmente, está cerca de 20 %) en un periodo de 12 años a partir de 2027. Inicialmente, la propuesta establecía que llegara hasta el 46,5 % en 10 años, pero hubo advertencias (de centros de investigación, el CARF, exministros e incluso de entidades del Gobierno) de que el proyecto no era sostenible fiscalmente, por eso los coordinadores ponentes cambiaron el porcentaje y el periodo de aplicación.

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ANIF, Fedesarrollo, Corficolombiana y Asobancaria, así como el concepto del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) coincidían en que el proyecto implicaba un riesgo para la sostenibilidad fiscal porque generaría un aumento insostenible en la deuda y llevaría al país a incumplir la regla fiscal. Esta conclusión del Departamento Nacional de Planeación es contundente: “Se pondría en riesgo la financiación de los sectores de justicia, defensa y seguridad, la financiación de los derechos de los ciudadanos en salud, el pilar solidario y los compromisos con más de 2,5 millones de pensionados que gozan de estas prestaciones”.

Ariel Ávila, ponente de la iniciativa, explicó que llegaron a siete acuerdos tras un trabajo con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Interior: además de bajar el porcentaje y aumentar los años de transición, se especificó que el acto legislativo no puede entrar en vigencia sin que se apruebe una ley de competencias y se redujo a seis meses la presentación de dicha ley para que el Congreso tenga un año y medio para discutirla; se incluyó la financiación de mínimo dos años de escolaridad de educación preescolar y de educación superior con la concurrencia del Gobierno y se incluyó como principal objetivo el cierre de brechas.

Que la aplicación del acto legislativo quede atado a la expedición de una ley de competencias fue uno de los llamados del Ministerio de Hacienda. Como explicó Ávila, esa ley “reglamentará en qué se va a gastar la plata adicional”. Para algunos senadores y para los expertos en general es problemático que la reforma no defina de entrada cuáles serán las nuevas funciones que asumirán las regiones.

Frente a las dudas por la sostenibilidad fiscal que siguen sobre la mesa, Ávila argumentó que los recursos del SGP sin reforma en 2028 llegarían a $108,4 billones, con la reforma para ese año serían $110,8 billones. “La transición no será de un golpe, será una transición suave. A medida que pasan los años se irá aumentando, pero en 2027, 2028, 2029 y hasta 2030 habrá un crecimiento que la Nación podrá controlar. Dentro del ejercicio que hicimos con el Ministerio de Hacienda, esto nos da las garantías de que estamos dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo”.

Aun con esa explicación, varios senadores advirtieron que la propuesta no es sostenible y pidieron bajar más el umbral. Angélica Lozano, por ejemplo, propuso fijarlo en 37 % en 10 años, la misma cifra que recomendó la Misión de Descentralización, pero la proposición fue negada.

Juan Fernando Cristo, ministro del Interior y quien ha defendido la iniciativa a capa y espada, aseguró que este debate es “esencial más allá del Gobierno de Gustavo Petro”. El ministro dijo en la plenaria que la posición del Gobierno es una sola: “el viceministro de Hacienda, el director de presupuesto nacional, el ponente y los asesores del Ministerio del Interior llegamos a un acuerdo, que además fue avalado por el presidente. El Gobierno respalda este proyecto de iniciativa parlamentaria bajo las modificaciones”. Según el mininterior, Hacienda concluyó que con los ajustes es posible hacer el aumento.

Los promotores del proyecto defienden que este cambio es, en realidad, el camino para cumplir la promesa de descentralización de la Constitución de 1991.

Cristo, tras la aprobación del proyecto, dijo que este paso “histórico” abre un debate sobre el tamaño del Estado: “Tenemos un Estado obeso a nivel nacional, donde menos lo necesitan los ciudadanos, y raquítico en los territorios, donde más lo necesitan los colombianos afectados por la violencia, la pobreza y la exclusión”.

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