Reforma al Sistema General de Participaciones: ¿solución territorial o riesgo?
Los firmantes de una carta dirigida al Gobierno advierten que los funcionarios del Gobierno y del Congreso deberán asumir la responsabilidad por la “catástrofe” que pueda causar la reforma.
El proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que busca aumentar las transferencias de recursos a los territorios, sigue avanzando en el Congreso mientras acumula críticas de diversos sectores económicos y académicos.
En un comunicado conjunto de académicos, congresistas, exalcaldes y exfuncionarios, advierte que, de aprobarse el proyecto en su forma actual, la reforma podría comprometer gravemente las finanzas públicas del país.
Entre los más de 100 firmantes se encuentran Mónica Aparicio, exdirectora del Fondo de Garantías para Instituciones Financieras (Fogafín); Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá; Felipe Bayón, expresidente de Ecopetrol; Gloria María Borrero, exministra de Justicia; José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda; José Ignacio López, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), y el economista Salomón Kalmanovitz.
Los expertos han señalado que la reforma podría generar una disminución en el Producto Interno Bruto (PIB), el consumo privado, el bienestar social y la inversión nacional, al tiempo que aumentaría la deuda pública a niveles insostenibles.
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Estas advertencias se basan en análisis detallados de entidades técnicas como el Banco de la República, que proyecta que el déficit fiscal podría elevarse a 4,7% del PIB para 2038, frente a 2,8% estimado sin la reforma.
En este contexto, los firmantes del comunicado han enfatizado que el Gobierno y el Congreso tienen la obligación de considerar estos riesgos antes de tomar decisiones que puedan comprometer la estabilidad económica y la capacidad del Estado para cumplir con sus funciones esenciales.
“Si se cumplen estos pronósticos, los funcionarios involucrados del gobierno y del congreso no podrán alegar cuando se les llame a responder por la catástrofe que causó la reforma”, se lee en el comunicado.
En su pronunciamiento, los expertos señalan que el proyecto, al redistribuir ingresos corrientes de la Nación, podría debilitar el presupuesto central, lo que afectaría directamente la financiación de programas estratégicos en educación, salud y seguridad.
Advirtieron que, en caso de materializarse los escenarios negativos previstos, los responsables del Gobierno y el Congreso podrían enfrentar responsabilidades legales y disciplinarias.
La carta señala que “ellos no pueden hacer sino lo que la Constitución les permite, y no hay ley que permita arruinar al estado central, advertidos de las consecuencias que ello traería consigo”, subraya la carta.
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Vamos por partes: ¿Qué es el SGP?
Es el mecanismo mediante el cual el Gobierno transfiere recursos a municipios, distritos, departamentos y territorios indígenas para atender necesidades esenciales como educación, salud y saneamiento básico.
Actualmente, representa 20% de los ingresos corrientes de la Nación. Con la reforma, se espera que este porcentaje aumente gradualmente hasta alcanzar el 39,5%, permitiendo una mayor autonomía para las regiones, en un periodo de 12 años, comenzando en 2027.
Sin embargo, mientras algunos celebran este avance hacia una descentralización financiera, expertos y organismos de control advierten de sus posibles impactos fiscales.
La congresista Piedad Correal destacó que “es clave que llegue más dinero a las zonas que hoy están abandonadas, asegurando de paso mayor autonomía para acelerar las ejecuciones de obras y programas”.
Por su parte, el representante por Antioquia, Hernán Cadavid, dijo que las entidades territoriales tendrán más responsabilidades, “y en eso tendremos que trabajar, pero claramente estamos respaldando la iniciativa”.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, defendió la reforma como una oportunidad histórica para redefinir la estructura del Estado colombiano. Agregó que este proyecto no es solo un tema de Gobierno u oposición. Es una propuesta que determinará cómo funcionará el país durante las próximas generaciones.
Además, destacó la importancia de una reforma tributaria territorial que acompañe esta transformación, junto con un esquema de asociatividad que fortalezca la capacidad de las regiones para gestionar sus recursos.
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¿Hacia dónde se dirige el debate?
El proyecto enfrentará su octavo y último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.
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El proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que busca aumentar las transferencias de recursos a los territorios, sigue avanzando en el Congreso mientras acumula críticas de diversos sectores económicos y académicos.
En un comunicado conjunto de académicos, congresistas, exalcaldes y exfuncionarios, advierte que, de aprobarse el proyecto en su forma actual, la reforma podría comprometer gravemente las finanzas públicas del país.
Entre los más de 100 firmantes se encuentran Mónica Aparicio, exdirectora del Fondo de Garantías para Instituciones Financieras (Fogafín); Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá; Felipe Bayón, expresidente de Ecopetrol; Gloria María Borrero, exministra de Justicia; José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda; José Ignacio López, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), y el economista Salomón Kalmanovitz.
Los expertos han señalado que la reforma podría generar una disminución en el Producto Interno Bruto (PIB), el consumo privado, el bienestar social y la inversión nacional, al tiempo que aumentaría la deuda pública a niveles insostenibles.
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En este contexto, los firmantes del comunicado han enfatizado que el Gobierno y el Congreso tienen la obligación de considerar estos riesgos antes de tomar decisiones que puedan comprometer la estabilidad económica y la capacidad del Estado para cumplir con sus funciones esenciales.
“Si se cumplen estos pronósticos, los funcionarios involucrados del gobierno y del congreso no podrán alegar cuando se les llame a responder por la catástrofe que causó la reforma”, se lee en el comunicado.
En su pronunciamiento, los expertos señalan que el proyecto, al redistribuir ingresos corrientes de la Nación, podría debilitar el presupuesto central, lo que afectaría directamente la financiación de programas estratégicos en educación, salud y seguridad.
Advirtieron que, en caso de materializarse los escenarios negativos previstos, los responsables del Gobierno y el Congreso podrían enfrentar responsabilidades legales y disciplinarias.
La carta señala que “ellos no pueden hacer sino lo que la Constitución les permite, y no hay ley que permita arruinar al estado central, advertidos de las consecuencias que ello traería consigo”, subraya la carta.
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Es el mecanismo mediante el cual el Gobierno transfiere recursos a municipios, distritos, departamentos y territorios indígenas para atender necesidades esenciales como educación, salud y saneamiento básico.
Actualmente, representa 20% de los ingresos corrientes de la Nación. Con la reforma, se espera que este porcentaje aumente gradualmente hasta alcanzar el 39,5%, permitiendo una mayor autonomía para las regiones, en un periodo de 12 años, comenzando en 2027.
Sin embargo, mientras algunos celebran este avance hacia una descentralización financiera, expertos y organismos de control advierten de sus posibles impactos fiscales.
La congresista Piedad Correal destacó que “es clave que llegue más dinero a las zonas que hoy están abandonadas, asegurando de paso mayor autonomía para acelerar las ejecuciones de obras y programas”.
Por su parte, el representante por Antioquia, Hernán Cadavid, dijo que las entidades territoriales tendrán más responsabilidades, “y en eso tendremos que trabajar, pero claramente estamos respaldando la iniciativa”.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, defendió la reforma como una oportunidad histórica para redefinir la estructura del Estado colombiano. Agregó que este proyecto no es solo un tema de Gobierno u oposición. Es una propuesta que determinará cómo funcionará el país durante las próximas generaciones.
Además, destacó la importancia de una reforma tributaria territorial que acompañe esta transformación, junto con un esquema de asociatividad que fortalezca la capacidad de las regiones para gestionar sus recursos.
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