Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Es cierto que ningún proyecto para subir tarifas de impuestos cae bien. Pero la iniciativa que el Gobierno propone, que llamó ley de financiamiento, comenzó a caminar por la cornisa del Congreso, donde se han empezado a alzar voces en contra. El proyecto tiene un margen muy estrecho para su aprobación, por lo tanto, se descartó la socialización de la iniciativa fiscal con la que el Gobierno busca los recursos faltantes de $14 billones en el presupuesto para 2019, aforado en $258,9 billones. (Lea Así podría cambiar el IVA en Colombia)
El IVA del 18 % (hasta 2021) para nuevos productos de la canasta familiar es visto como la propuesta que más rechazo va a presentar entre los legisladores: la papa, la cebolla, el tomate, la panela y la yuca experimentarían un encarecimiento por cuenta de la ley que está promoviendo el Gobierno. Y aunque para mitigar sus efectos se haya propuesto un sistema de compensación para la población de menores ingresos, la tensión será prácticamente inevitable en las discusiones del Congreso. (Lea el proyecto de reforma fiscal que enfrentarán los colombianos)
El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, considera que las personas de menores ingresos se favorecerán con las devoluciones mensuales, que según estimaciones tendrían un monto de $51.300. Además, permitirá generar una tributación cercana al 0,4 % del PIB (desde 2019 hasta 2022). Los cambios no afectarán a la población más vulnerable, dice el Gobierno, y justifica su propuesta indicando que “por primera vez en la historia del país se compensará, de forma anticipada, a esta población".
Sin embargo, no todos comparten el optimismo del funcionario. Orlando Villabona, docente de la Universidad Nacional, advierte que “fijar en 18 % la tarifa general del IVA para todos los productos, excluyendo la salud y los servicios públicos, va a incrementar en un 10,3 % el valor de la canasta familiar para la persona que gane un (salario) mínimo. Y para alguien que gane $2 millones el aumento es del 4,03 % e implica un costó anual cercano a un $1 millón, que es mucho dinero”.
Asimismo, el exdirector de la DIAN Horacio Ayala advierte que hay mucha población de bajos ingresos que no está dentro del Sisbén, que sería uno de los instrumentos que usaría el Gobierno para elegir quién sería merecedor de los auxilios. Y Yolanda Ruiz, docente de la Universidad Central, afirma que será complicada la logística para entregar las compensaciones para las personas afectadas por las mayores tarifas de IVA en la canasta familiar.
Pero no todo es malo en la reforma fiscal. El abogado tributarista Juan Guillermo Ruiz destaca aspectos buenos, como: la reducción de tarifas para las empresas; la exoneración para proyectos creativos de hasta 5 años y agropecuarios de 10 años en rentas exentas; el tratamiento de proyectos de megainversiones con régimen del impuesto de renta del 27 % y con la posibilidad de hacer acuerdos de estabilidad; el régimen holding para inversiones que residentes colombianos hagan en el exterior y la reducción de la tarifa de renta presuntiva. Sin embargo, también alerta de propuestas negativas como el impuesto a los dividendos que se paguen a sociedades colombianas.
No obstante, todavía no hay que dar por hecho que este será el nuevo panorama fiscal de Colombia de los siguientes cuatro años: a la ley de financiamiento le queda por enfrentar cuatro debates en el Congreso, y en cualquiera de estos trámites puede sufrir cambios importantes, sin duda, con repercusiones importantes para millones de colombianos y para las empresas.