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El presidente Iván Duque destapó las cartas de la más esperada y hermética reforma fiscal de la última década, proponiendo IVA para la mayor parte de la canasta familiar, menor impuesto para las empresas, pero endureciendo el tributo de las personas teniendo como núcleo la clase media.
La finalidad de la reforma tributaria, que se enmarca dentro del llamado proyecto de ley de financiamiento, busca llenar el hueco presupuestal de $14 billones. Desde tiempos de campaña, el hoy presidente Duque había hecho la promesa de que aliviaría la carga tributaria de las empresas para darle impulso a la economía.
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La propuesta que pone IVA a un alto porcentaje de bienes y servicios de la canasta familiar debe recorrer un camino cuesta arriba en el Congreso de la República, pues muchos legisladores han anunciado su oposición a que se castigue el bolsillo de los más pobres, pese a que se proyecta devolución del impuesto a las familias de los ingresos más bajos de la población colombiana. La iniciativa señala que el IVA disminuiría del actual 19 % al 18 % en 2019 y al 17 % en 2021. Según el Gobierno, 50 % de los productos de la canasta tendrían una reducción del impuesto al valor agregado.
El IVA se devolverá a las familias de menores ingresos, insistió Duque. Se realizaría una transferencia mensual por familia de $51.300 con un costo fiscal de $2,6 billones entre 2019 y 2022. Esa devolución se haría de acuerdo con el puntaje del Sisbén y mediante un pago anticipado por giro electrónico o cobro por ventanilla, según contempla la propuesta.
Según el Ministerio de Hacienda, de cada $100 ahorrados en bienes excluidos, que son cerca del 31 % de la cesta familiar, los hogares más ricos se benefician con $27 y los más pobres con $4. De los bienes exentos, que son el 6,6 % de la canasta, de cada $100 ahorrados, los más ricos se benefician con $13 y los pobres apenas con $7. Duque reconoció que faltó comunicación por parte del Gobierno para ir ambientando la reforma fiscal. La población que, según el Gobierno, se beneficiaría con la compensación monetaria son cerca de 4,3 millones de hogares. Se utilizarían programas del Sisbén como Más Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor.
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Por fuera de la nueva carga tributaria quedarían educación y salud, transporte, servicios públicos, arriendos y servicios domésticos, entre otros.
En cuanto a la tributación de las personas naturales, habría aumento de los impuestos para unas 10.000 personas que tienen mayores ingresos. El presidente reconoció que “hay unos sectores de la población con ingresos mensuales superiores a $35 millones que no están tributando lo suficiente”.
Según la explicación del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en la tributación de las personas naturales hay un recaudo potencial de $11 billones y actualmente es un poco más de $8,6 billones. Si una persona gana entre $4,8 millones y $7,5 millones mensuales pagaría una tarifa de 19 %, pero si gana entre $7,5 millones y un peso y $18,1 millones pagaría 28 %. Si gana entre $18,1 millones y un peso y $33 millones, cancelaría una tarifa del 33 %, y si su salario es de $33 millones o más, tributará el 37 %.
“La reforma tributaria va en la dirección correcta”, dijo Daniel Velandia, economista jefe de la firma Credicorpcapital. Señala que “este nuevo camino pondrá a prueba la voluntad por parte del Congreso para lograr reducir los impuestos a las empresas y en cambio aumentarlos en las personas naturales. La gran pregunta es si con estas medidas alcanzaremos los recursos necesarios para cumplir con las metas fiscales y, en este sentido, bajar el IVA puede ser un gran error”.
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El ministro de Hacienda indicó que se reduciría gradualmente la carga tributaria de las pequeñas y medianas empresas. Recordó que los proyectos rurales que generen empleo estarían exentos del impuesto de renta por diez años y los emprendimientos de economía naranja no pagarían renta por cinco años.
La reforma fue revelada el mismo día en que el ministro Carrasquilla enfrentaba el segundo round con la oposición, en el debate de moción de censura en su contra, que fue negada en la Cámara de Representantes. En Senado la moción no fue siquiera tramitada.
Los congresistas no han permitido que se avale legislativamente una verdadera reforma estructural como la que requiere el país, debido a los intereses que se van alimentando en los pasillos del Congreso. La última reforma tributaria aprobada fue en 2016. Con esta, el Gobierno espera obtener ingresos por $19,4 billones en 2019 y unos $13,2 billones un año después. Por la privatización de algunas empresas como electrificadoras espera obtener $2,3 billones en 2019 y $2,9 billones en 2020. Por mejores precios del petróleo, $1,1 billones en 2019 y lo mismo en 2020.