Reforma laboral: más de 700 plataformas digitales serían reguladas en Colombia

Esta semana la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Sandra Urrutia, se reunirán para avanzar en una regulación en torno a las nuevas formas de trabajo que se ha derivado de la economía digital.

Esta es una deuda que el Estado ha tenido por años para con estos trabajadores, ante la llegada al país de plataformas como Uber, así como el desarrollo de otras nacionales como Rappi.

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Hasta la fecha, estas compañías se han regulado con base en el marco legal actual. Ante algunos vacíos y grises que persisten, algunas incluso se han autorregulado en lo que consideran más beneficioso para la compañía y sus colaboradores.

Hay que recordar que parte de las más influyentes de estas compañías no garantizan la totalidad de las prestaciones sociales que tiene un trabajador formal en el país, pues aseguran que solo son intermediarias (facilitan una plataforma) y que por tanto no hay una relación laboral para con los trabajadores. Por tanto, estos son considerados como autónomos o independientes.

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Parte de lo que se considera como trabajador autónomo o independiente, es aquel que ejerce una actividad, en la que se puede ver implicada empresa, pero esta no tiene el derecho de exigirle el cumplimiento de un horario, o trabajar en una zona o área determinada. Según las denuncias que han hecho algunos trabajadores de algunas de estas plataformas, hay sanciones cuando no cumplen unos horarios específicos, no laboran en ciertas áreas o no aceptan ciertos servicios.

Para algunos expertos en derechos laboral, lo anterio podría considerarse como subordinación laboral (así no exista un contrato de obra labor) y, por tanto, la empresa que ejerce estas obligaciones debe reconocer los derechos que tiene un trabajador subordinado y formal en el país, como lo es aportes a salud, riesgos laborales, caja de compensación familiar, pensión, cesantías, salario y vacaciones.

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Este es uno de varios grises que busca resolver la regulación de estas plataformas, misma que pasaría a ser parte del articulado de la reforma laboral que presentará el Gobierno Nacional este año.

Según lo explicado por las ministras, son cinco los pilares que se tendrán en cuenta para la elaboración de esta regulación: el principio de favorabilidad laboral, qué significa ser trabajador independiente, autónomo o con relación laboral y la caracterización de este sector.

Según lo explicado por la ministra de Trabajo, “al lado de la rentabilidad económica tiene que estar la rentabilidad social, es decir, tener las garantías sociales para los trabajadores y el derecho de asociación”. “independientemente del tipo de trabajo, cómo se genere, donde haya un trabajador tiene que existir una garantía para que no haya precarización, lo que significa que se tenga protección de la seguridad social”, añadió.

Ningún experto en el tema contradice la necesidad de que el marco regulatorio laboral en el país tenga una actualización, no solo por la llegada de estas nuevas tecnologías y formas de trabajo, sino porque la nación se rige por una normativa que incluso antecede a la reforma constitucional.

Esto ha aportado para que la informalidad en el país alcance niveles tan altos como el 58 % (que es el dato más reciente que ha publicado el DANE). En otras palabras, casi 6 de cada 10 ocupados en Colombia es informal, lo que se traduce en falta de garantías para trabajos de calidad.

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Esta semana la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Sandra Urrutia, se reunirán para avanzar en una regulación en torno a las nuevas formas de trabajo que se ha derivado de la economía digital.

Esta es una deuda que el Estado ha tenido por años para con estos trabajadores, ante la llegada al país de plataformas como Uber, así como el desarrollo de otras nacionales como Rappi.

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Hay que recordar que parte de las más influyentes de estas compañías no garantizan la totalidad de las prestaciones sociales que tiene un trabajador formal en el país, pues aseguran que solo son intermediarias (facilitan una plataforma) y que por tanto no hay una relación laboral para con los trabajadores. Por tanto, estos son considerados como autónomos o independientes.

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Parte de lo que se considera como trabajador autónomo o independiente, es aquel que ejerce una actividad, en la que se puede ver implicada empresa, pero esta no tiene el derecho de exigirle el cumplimiento de un horario, o trabajar en una zona o área determinada. Según las denuncias que han hecho algunos trabajadores de algunas de estas plataformas, hay sanciones cuando no cumplen unos horarios específicos, no laboran en ciertas áreas o no aceptan ciertos servicios.

Para algunos expertos en derechos laboral, lo anterio podría considerarse como subordinación laboral (así no exista un contrato de obra labor) y, por tanto, la empresa que ejerce estas obligaciones debe reconocer los derechos que tiene un trabajador subordinado y formal en el país, como lo es aportes a salud, riesgos laborales, caja de compensación familiar, pensión, cesantías, salario y vacaciones.

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Según lo explicado por la ministra de Trabajo, “al lado de la rentabilidad económica tiene que estar la rentabilidad social, es decir, tener las garantías sociales para los trabajadores y el derecho de asociación”. “independientemente del tipo de trabajo, cómo se genere, donde haya un trabajador tiene que existir una garantía para que no haya precarización, lo que significa que se tenga protección de la seguridad social”, añadió.

Ningún experto en el tema contradice la necesidad de que el marco regulatorio laboral en el país tenga una actualización, no solo por la llegada de estas nuevas tecnologías y formas de trabajo, sino porque la nación se rige por una normativa que incluso antecede a la reforma constitucional.

Esto ha aportado para que la informalidad en el país alcance niveles tan altos como el 58 % (que es el dato más reciente que ha publicado el DANE). En otras palabras, casi 6 de cada 10 ocupados en Colombia es informal, lo que se traduce en falta de garantías para trabajos de calidad.

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