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Congresistas y Gobierno ya comenzaron a remendar el proyecto de reforma tributaria que tumbó la Corte Constitucional al dejar sin efecto la Ley de Financiamiento aprobada en 2018. Los senadores y representantes de las comisiones terceras han dado las primeras puntadas de lo que será la nueva reforma fiscal, que pretende llevar tranquilidad a las calificadoras de riesgos, los mercados y los inversionistas. La iniciativa debe ser aprobada este año.
Dentro del proyecto presentado por el Gobierno, que contiene 123 artículos, hay 47 que no quedaron por haber cumplido su papel en la Ley de Financiamiento declarada inexequible. De este número, 12 fueron eliminados porque cumplieron su vigencia, entre estos están la comisión de estudios del sistema tributario, el levantamiento de la restricción en la nómina de la DIAN, la financiación de los montos de los gastos para 2019 y la transición de los dividendos decretados.
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También hay otros artículos que fueron incluidos o modificados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), relacionados con los bienes de consumo que no causan impuestos en algunos departamentos, la retención en la fuente por dividendos, las rentas exentas, los descuentos tributarios en renta y la excepción que se hizo para los órganos de control.
Luego vienen 30 artículos que han sido pospuestos. En este grupo se cuentan asuntos como los bienes exentos para transporte público, la factura electrónica, la ganancia ocasional derivada de las indemnizaciones por concepto de seguros de vida, la determinación cedular de renta, el impuesto al patrimonio, la base gravable de este tributo, las megainversiones, las obras por impuestos y la notificación electrónica, entre otros.
Óscar Darío Pérez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, señaló que en el caso de la sobretasa a los bancos, que fue derogada, se corrige en esta ocasión y cuenta con el tácito aval del Gobierno. El ajuste que se hace ahora es que las instituciones financieras paguen una sobretasa de 4 % en 2020 y 3 % en los siguientes dos años, hasta 2022.
Abriendo espacio
Para el resto del articulado, el Gobierno y las bancadas explorarán los cambios que se piensan introducir y sus efectos en el costo fiscal. Hay un consenso general que cualquier modificación es para mejorar el proyecto “en temas de redacción y de alcance de la iniciativa”, explicó Pérez.
La propuesta del Gobierno llevada al Congreso indica que se introducen modificaciones en el impuesto sobre la renta de las empresas, en especial con la disminución progresiva de la tarifa al 30 %, el establecimiento de los descuentos por el pago del impuesto de industria y comercio, así como del IVA por la adquisición de bienes de capital.
También se elimina gradualmente la renta presuntiva, se propone adoptar un régimen de Compañías Holding Colombianas (CHC) para incentivar la inversión extranjera directa, así como se modifica el régimen de obras por impuestos y se propone un régimen especial para los contribuyentes que realicen megainversiones.
La nueva ley también buscaría incluir disposiciones en materia del impuesto sobre la renta, establecimientos permanentes, el régimen de entidades controladas del exterior (ECE), fondos de capital privado y entidades sin ánimo de lucro (ESAL).
En esta reforma fiscal se crea el régimen de tributación simple para la formalización y promoción del empleo en las micro, pequeñas y medianas empresas. Asimismo, se incluyen otras disposiciones relacionadas con el IVA y el impuesto al consumo, la creación de la Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territorial y del Fondo de Estabilización del Ingreso Fiscal (FEIF) para la cobertura de los precios del petróleo.
“Lo que llevó el Gobierno al Congreso es exactamente lo que el Congreso estudió y aprobó. Vamos a insistir en que se refrende la decisión que ya tomó el Congreso”, dijo Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, sobre el proyecto de reforma fiscal que presentó al Legislativo.
En la iniciativa presentada el Gobierno advierte que la no aprobación del proyecto “implicaría una pérdida de confianza inversionista que generaría una reducción de los flujos de capitales externos hacia Colombia, lo cual produciría una devaluación de la moneda que desincentivaría el consumo de los hogares y la inversión, generaría mayores presiones inflacionarias, mayores tasas de interés y aumentos en el costo de financiamiento externo”.
Pidiendo pista
David Racero, representante a la Cámara del Partido Coalición Lista de la Decencia, dice que la mayoría de congresistas consideran que es un momento oportuno para “evaluar el impacto de lo que se aprobó el año pasado y hacer los ajustes necesarios, pero sobre todo actualizar la discusión al debate de hoy”. Si la reforma fiscal no dice nada sobre el desempleo, “entonces no le estamos ofreciendo nada al país. Así que es una discusión que hay que darla con calma y tranquilidad”, señaló Racero.
Lo cierto es que la totalidad de las bancadas representadas en el Congreso han anunciado que van a presentar proposiciones para que sean incluidas en el nuevo proyecto.
Para atacar el desempleo estructural que vive el país, una de las medidas que comienza a abrirse camino tiene que ver con la exoneración del IVA a las cesantías de los trabajadores: “Ese es un buen mensaje para el pueblo colombiano. En épocas de aumento del desempleo no se puede penalizar a los desempleados cuando retiren sus cesantías”, explicó el representante.
Para el senador conservador Efraín Cepeda, se requiere hacer un debate acerca de por qué no se está generando empleo si hay crecimiento económico. “El desempleo sigue creciendo; el desempleo de agosto y septiembre es uno de los más altos de los últimos 9 años comparado con los mismos meses”, sostuvo el senador.