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Por primera vez en la historia, Colombia tendrá un gobierno con tendencia de izquierda. Gustavo Petro dirigirá el país durante el cuatrienio 2022-2026. En lo económico, era uno de los candidatos con planes más elaborados, que no por eso más populares.
(Lea: El reto de construir un gran acuerdo nacional)
Sus propuestas para transformar las pensiones detonaron un debate que sacó a la luz todo tipo de argumentos, algunos sustentados y otros no. Lo cierto es que esa reforma debe ser una prioridad, teniendo en cuenta, entre otros problemas, que actualmente solo una de cada cuatro personas mayores logra pensionarse en Colombia. ¿Qué pasa con los otros tres? Uno más recibe el programa Colombia Mayor ($80.000 al mes) y el resto no recibe nada.
Petro propone un sistema de pilares. Un primer pilar solidario básico con medio salario mínimo para las personas mayores que no tienen pensión; un pilar contributivo, en el que todos los trabajadores que ganen de uno a cuatro salarios mínimos cotizarían en Colpensiones y quienes tengan ingresos superiores en alguna de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y un pilar de ahorro voluntario.
Además, Petro, en su programa, propone que el Estado ayude a cotizar a los “trabajadores de la economía popular y del cuidado”; equilibrar los requisitos para las mujeres en cuanto a edad de pensión y requisito de semanas y, en lugar de devolución de saldos, mecanismos para realizar aportes en caso de que falten semanas.
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La preocupación de algunos expertos es que, en la práctica, la propuesta de Petro podría acabar con las AFP, teniendo en cuenta que todos los colombianos que ganen hasta cuatro salarios mínimos cotizarían en Colpensiones obligatoriamente; es decir, el 96 % de la población. Otro problema es que no se aclara si Colpensiones seguirá funcionando de la misma manera, en ese caso la regresividad continuará (el 73,1 % de los subsidios en pensiones van al 40 % con más altos ingresos en el país, según Fedesarrollo).
Así mismo, Óscar Becerra, profesor de Economía de la Universidad de los Andes, dijo hace unos meses que “los $500.000 mensuales representarían cerca de $18 billones al año y es una transferencia a la que nos comprometeríamos a futuro; eso quiere decir que, aproximadamente, estaríamos destinando más del 10,4 % del recaudo tributario a cubrir este programa”. La posible reforma pensional tendrá que pasar por el Congreso y lograr consensos, de ahí que es probable que varios aspectos cambien en el camino.
Por otro lado, el presidente electo propone incrementar el recaudo tributario en 5 % del PIB, una propuesta ambiciosa con la que pretende poner al país a tono a con países de la región de similar desarrollo, pero manteniendo el nivel por debajo del promedio de la OCDE.
Según las respuestas que le dio a la Red de Trabajo Fiscal, una alianza de nueve centros de pensamiento de varias instituciones, considera que el gasto público debe “encontrar un punto de equilibrio con los estándares internacionales, que permita tener un Estado con un gasto eficiente”. Su propuesta es equilibrar, desde el Presupuesto General de la Nación, las partidas que se destinan para que el “empleo, la distribución y las fuentes de crecimiento tengan la misma importancia que el pago de la deuda”. (Lea: ¿Cómo ven los candidatos presidenciales el país desde lo fiscal?)
En cuanto al impuesto al patrimonio, el hoy presidente electo propuso tarifas progresivas de acuerdo con el valor del patrimonio líquido. El umbral base del impuesto al patrimonio será por encima de los $1.000 millones, con una tarifa del 1 %, tarifas que irán aumentando de manera progresiva según el monto total de patrimonio líquido.
Sobre el impuesto a la renta, habló de reducir las tasas de impuestos corporativos en sectores que contribuyan a industrializar, al agro y a la transición energética, “a la par que se elevan las tasas para las personas naturales”. En cuanto al IVA, puso sobre la mesa “hacer cambios de régimen para desgravar alimentos con alto contenido nutricional y, por el contrario, gravar aquellos con contenido nutricional muy bajo o nulo”.
En el campo del mercado laboral, las propuestas de Petro incluyen unos ajustes ambiciosos, pues da a entender que en su gobierno el desempleo podría llegar al 0 %. En su programa estipula que brindará trabajo de un salario básico a quienes no puedan emplearse de otra manera. “No será un programa de emergencia, ni un sustituto del empleo privado, sino un complemento permanente del empleo del sector privado”, detalla.
En este orden de ideas, el Estado actuará como empleador de última instancia, dando prioridad a jóvenes, mujeres y trabajadores informales. Los peros a esa propuesta tienen que ver con el esfuerzo fiscal que implica.
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También es parte de su estrategia contratar a personas de las comunidades en donde se vayan a hacer inversiones del Estado con “obras de menor tamaño e impacto local, veredal o barrial”. En su hoja de ruta destaca el protagonismo que tendrían las mujeres, garantizando hasta un 50 % de participación en cargos públicos.
Además, promete que se reconocerá económicamente el trabajo que hacen para el cuidado de otros; dichos esfuerzos serán incluidos en las cuentas nacionales para medir el aporte que hacen a la economía colombiana. Con esas cifras claras, habría unas recompensas económicas para aquellas que se dedican a estas labores, reflejadas en programas y políticas públicas.
Su apuesta económica para fomentar la generación de empleo incluye el aprovechamiento de tierras improductivas en regiones estratégicas y apoyo financiero a las pequeñas y medianas empresas, mediante programas de acceso al crédito con bajas tasas de interés o intereses condonables, además de subsidios a la nómina y descuentos en servicios públicos.
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