La tenencia de la tierra y lo que se puede producir en ella han sido los focos de las discusiones que giran en torno al campo colombiano.
Es por eso que desde el siglo pasado se han creado múltiples leyes que el Estado ha usado para redistribuir la propiedad de los predios y dársela a quienes puedan sacarle mayor provecho económico y social. Aunque no siempre se ha logrado.
Acá podrá hacer un recorrido por la historia de las reformas agrarias que han buscado diversificar y establecer la tenencia de la tierra, pensando en la productividad y el desarrollo del campo, pese a que no se ha superado la pobreza rural ni la brecha que tiene esta población comparada con la urbana.
La producción agrícola en 2021 fue estable, aunque ligeramente inferior a la de 2020:
“El país lleva 30 años marginando al campo de una verdadera política que reconozca el potencial y los problemas que tenemos. Colombia tiene agua y gran cantidad de tierra fértil”, dice Cecilia López, designada como ministra de Agricultura del gobierno de Gustavo Petro.
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“El campo fue de los sectores menos afectados durante la pandemia, pero es de los sectores que menos impulso ha tenido durante la recuperación”. Carlos Sepúlveda, decano de Economía de la Universidad del Rosario.
“Hay que reducir el hato ganadero que hay en el país, hay que hacer procesos de reconversión productiva de ganaderías extensivas a ganaderías sostenibles y sustentables”, Gabriel Tobón, profesor e investigador de la Pontificia Universidad Javeriana.
Se podría decir que la primera reforma agraria que se dio en Colombia vino de la mano de la conquista de los españoles puesto que se desató una lucha entre los colonos y los indígenas por el territorio. Esta se dio de forma autoritaria.
Sin embargo, fue hasta 1936 que se dio, como tal, la primera ley de tierras que podría llamarse de reforma agraria, ya que buscaba la redistribución de los predios. Aunque anteriormente existieron otras leyes que involucraban temas agrícolas.
Así, pues, en el primer gobierno de López Pumarejo la Ley 200 de 1936 estableció que una persona era propietario de la tierra siempre y cuando sacara de ella un provecho económico. En tal caso de que esto no se hiciera por más de tres años, el gobierno lo consideraba como baldío y podía realizar una extinción de dominio. Con esta ley hubo claridad sobre quiénes eran los dueños de la tierra como en el caso de los colonos.
Posteriormente se promulgó la Ley 100 de 1944. En ella se establecieron los contratos de aparcería o arrendamiento de la tierra para que un tercero cultivara en ella. También se amplió el plazo de la extinción de dominio a 15 años.
En la época conocida como La Violencia bipartidista de los años 50 se vivió una importante migración rural hacia lo urbano que afectó fuertemente la producción agrícola.
En dicho contexto surgió la Ley 135 de 1961 que creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), cuya función principal era la de “eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rústica”, administrar el Fondo Nacional Agrario y promover el desarrollo del campo (vías, un estudio de las zonas del país, reforestación, productividad...).
La Ley 5 de 1973creó el Fondo Financiero Agropecuario cuya finalidad era la de financiar actividades del agro y que administraba el Banco de la República. Esta época también proliferó la siembra de cultivos ilícitos debido a la pobreza en la que se encontraban los habitantes rurales. Este fenómeno, sumado a la expansión de los grupos armados al margen de la ley, ayudaron al aumento de la concentración de la tierra.
En 1988 la ley 30modificó las anteriores y estableció que se debía “fomentar la adecuada explotación económica y la utilización social de las tierras rurales aptas parala explotación agropecuaria y de las incultas, ociosas o deficientemente utilizadas, mediante programas que provean su distribución ordenada, su incorporación al área de explotación económica agraria y su racional”.
En 1994 se creó el Ministerio de Agricultura por medio de la ley 160. Esta también modificó la forma como se entendía la reforma agraria. Ahora se consideraba como tal la posibilidad de que el campesino comprara las tierras, por medio del Incora, y con un subsidio del Estado (a modo de crédito).
2003: el Decreto 1300 suprimió el Incora y fue reemplazado por el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder) que buscaba aumentar la productividad y fortalecer a los entes territoriales.
En 2007 la Ley 1152 estableció que la reforma agraria se haría mediante el mercado de tierras y continuó con los subsidios por parte del Estado, aunque bajo otras condiciones, entre ellas la coordinación del Incoder.
2016: El punto número uno del Acuerdo de Paz, firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, habla de un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral. En él se estipula la creación del Fondo de Tierra de distribución gratuita, un subsidio y crédito integral para la compra de tierras.
Otros de los temas que resalta el acuerdo tienen que ver con la actualización del catastro e impuesto predial rural, cierre de la frontera agrícola, la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y llevar al campo el desarrollo social integral.
“Las mujeres tienen más proporción de trabajo no remunerado, es decir, el trabajo de ellas, en general, en las zonas rurales se reconoce menos que el de los hombres. Las mujeres participan menos en la toma de decisiones, entonces no tienen ningún control sobre los ingresos”. Ángela Penagos, directora del Centro de Investigación y Desarrollo en Sistemas Agroalimentarios de la Universidad de los Andes.
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“En términos de producción, sostenibilidad y cumplimiento de las exigencias de la comunidad internacional en cuanto al cambio climático, necesitamos volver a mirar al campo en toda su complejidad y comprometernos a cerrar la brecha rural y urbana”. Cecilia López.
Fuentes: UPRA, DANE, BUR 3 Colombia, Angélica-María Franco-Cañas, Ignacio De los Ríos-Carmenado.